Industria considera que la asignación mediante subastas ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento
El Gobierno no se plantea acabar con el mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico, a pesar de que lleva varios años sin activarse, porque podría ser “necesario” en el futuro, y además defiende que el procedimiento de asignación mediante subastas puesto en marcha a finales del año pasado ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento.
Así lo señala en varias respuestas parlamentarias a la diputada socialista Paloma Rodríguez y al de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alvaro Sanz, quienes preguntaron por escrito sobre este asunto, alegando que la potencia instalada en España es superior a la punta de demanda histórica y que, sin embargo, se mantiene un sistema de interrumpibilidad que ha costado unos 3.000 millones de euros desde el año 2008.
En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo explica que la interrumpibilidad “flexibiliza” la operación del sistema eléctrico, permitiendo una “respuesta rápida” ante situaciones de “emergencia” tanto por motivos técnicos como económicos. “Si bien el sistema no se ha utilizado en los últimos años, eso no implica que no pueda ser necesaria la utilización futura del mismo”, añade.
Precios más bajos
Además, recuerda que el sistema de subastas para asignar los bloques de interrumpibilidad a las empresas ha permitido disminuir el coste de este servicio este año, lo que “pone de manifiesto la bondad de este nuevo sistema”, que garantiza un mecanismo “más competitivo y eficiente” con el que mantener la interrumpibilidad “al menor coste posible”.
Finalmente, ante las críticas del impacto que el alto coste de la electricidad tiene sobre la competitividad de las empresas electrointensivas, que pagan tres veces más por la energía en España que en Francia, el Gobierno recuerda que el coste de la electricidad viene determinado por el mix energético y que en el caso galo hay un fuerte componente nuclear que abarata el precio.
No obstante, también recuerda que las empresas instaladas en España que son grandes consumidoras de energía reducen sus gastos precisamente gracias a lo que cobran de la interrumpibilidad y además, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, pueden deducirse un 85% del Impuesto sobre la Electricidad.
Con el incremento de las conexiones internacionales, añade, también habrá una “mayor estabilidad de precios y menores necesidades de potencia instalada”, lo que hace previsible una “bajada de precios que, sin duda, beneficiará al sector industrial”, zanja el Ejecutivo.
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