lunes, 31 de agosto de 2015

#TarifazoEléctrico La luz sube un 76% en una década: el usuario medio paga 400 € anuales más que en 2005

FACUA responsabiliza de la descomunal subida a las nefastas políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.


























En sólo diez años, el recibo de la luz ha subido un 76% para el usuario medio, que ha pagado en los últimos doce meses 400 euros más que en 2005. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que responsabiliza de la descomunal subida a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.

Con las tarifas vigentes entre agosto de 2014 y julio de 2015, el usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad (una media de 77,43 euros mensuales), frente a los 529,32 (44,11 al mes) que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004. Según los análisis de FACUA sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el usuario medio en España consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.

FACUA advierte de que tras las nefastas políticas energéticas de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha provocado la bajada de las tarifas y ni tan siquiera su congelación. Con la tarifa media del pasado julio, el usuario medio paga 81,18 euros mensuales, un 9,7% por encima de los 73,99 euros de julio de 2011.

La asociación denuncia que la brutal subida tarifaria pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico. Se trata de un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España y que hoy lidera el ranking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca, según los últimos balances anuales de FACUA.

FACUA lleva años reclamando que el Gobierno intervenga el sector eléctrico y regule una tarifa basada en el coste real de la producción energética en el mercado mayorista, lo que provocaría una importante bajada. Asimismo, la asociación demanda medidas regulatorias para proteger los intereses de las familias con mayores dificultades económicas, a fin de evitar los cientos de miles de cortes de luz por impago que se producen cada año.

La evolución de las tarifas en las legislaturas de Aznar, Zapatero y Rajoy

Cuando Aznar llegó por primera vez al poder, en mayo de 1996, el recibo medio estaba en 52,06 euros mensuales. Al finalizar la legislatura, en abril de 2000, se situaba en 44,63 euros. Cuando dejó el Gobierno, en abril de 2004, la luz suponía 44,11 euros mensuales. Sin embargo, FACUA señala que la bajada tarifaria no fue más que una fórmula populista para hacer creer que su modelo de liberalización estaba trayendo consecuencias positivas para los usuarios.

Los dos primeros gobiernos del PP establecieron un sistema por el que las tarifas debían fijarse en función de las decisiones que adoptasen las grandes eléctricas en el mercado mayorista de la electricidad. Pero mediante una estrategia de maquillaje, decidieron contener las subidas dictadas por el oligopolio eléctrico aplicando tarifas por debajo de lo que determinaba el mercado, advierte FACUA. Con ello, se comenzó a generar una deuda, conocida como déficit de tarifa, que tendría que ser compensada posteriormente con importantes incrementos en las tarifas.

Los gobiernos del PSOE no modificaron sustancialmente el modelo de liberalización emprendido por el PP, sino que le aplicaron meros retoques, con medidas desacertadas y caóticas como la fórmula de fijación de tarifas mediante subasta o la imposición de la facturación mensual pese a que la lectura de los contadores seguía siendo bimestral.

Cuando Zapatero logró la presidencia del Gobierno, en abril de 2004, la factura del usuario medio estaba en 44,11 euros mensuales, y al finalizar su primera legislatura, en abril de 2008, se situaba ya en 50,20 euros. Al terminar su segundo periodo de Gobierno, en diciembre de 2011, el recibo alcanzaba los 78,64 euros mensuales (los usuarios pagaron ese mes 73,99 euros, pero posteriormente una sentencia del Supremo determinó que el Ejecutivo había vulnerado durante varios meses la legislación del sector al frenar las subidas dictadas por el mercado y obligó a pagar las diferencias).

Casi trascurridos los cuatro años de la legislatura de Rajoy, con las tarifas del pasado julio, la factura del usuario medio está en 81,18 euros mensuales.

En una década, el kW ha subido un 150,1% y el kWh un 66,2%

En julio de 2015, el precio del kW de potencia contratada es un 150,1% más caro que el vigente durante 2005. Ha pasado de 1,78 euros (1,46 más el 21,93% de impuestos indirectos) a 4,46 euros (3,50 más el 27,19% de ii).

En lo que se refiere al precio de la energía consumida, ha subido un 66,2% en una década. En 2005, el kWh estaba en 10,12 céntimos (8,30 más impuestos) y este julio suponía 16,82 céntimos por kWh (13,23 más impuestos).

domingo, 30 de agosto de 2015

Llamamiento EuroMarchas 2015

Por una Europa de las personas, digamos ¡basta! a la Europa del capital

Cada vez más personas, ciudadanas de la llamada Unión Europea, acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y una salud digna, una educación igualadora o unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática.Sabemos reconocer al opresor, el poder tiránico de los muy ricos y sus grandes empresas y negocios financieros del capitalismo, hoy global; pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a sus lacayos, políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero. Que han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con los pueblos. Y hoy esos mismos grupos popular, “socialista” o liberal de la UE siguen mintiéndonos para conseguir nuestro voto, mientras siguen aprobando medidas antisociales en la Unión Europea o en sus gobiernos territoriales.

Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica. Uno de esos momentos en que el pueblo necesariamente ha de levantarse contra la tiranía si no quiere vivir como esclavo el resto de su vida. La libertad, ese gran valor de la democracia, es demasiado preciosa como para dejarla en manos de los mercados y los políticos a su servicio. Nadie es libre si no puede decidir sobre su vida y ha de vender su fuerza de trabajo en condiciones próximas a la esclavitud para poder conseguir lo necesario.

Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos. Unión Europea sí, pero otra unión al servicio de las personas, no del capital.

Las fuerzas políticas y sociales populares tienen hoy un deber ineludible, el de promover la movilización en Europa. Asimismo la ciudadanía europea tiene el reto de diluir fronteras y confraternizar en una lucha común, asumiendo que ha de comenzar a tejer los lazos tan necesarios entre los pueblos, que vuelvan a revivir el sueño europeo de postguerra. Por esto diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa, las EUROMARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea.

En el Estado Español, junto al resto de los Estados miembro de la Unión Europea nos estamos organizando para los actos de estos días, y os invitamos a las personas y entidades a participar.

Para más información: http://euromarchas2015.net/

Por la unión de la ciudadanía europea, contra la Europa del capital y por una Europa de las personas, democrática, social, ambiental y solidaria


Participa en las EUROMARCHAS 2015


euromarchas2015@gmail.com

Facebook: Euromarchas 2015


Gibraltar – Bruselas del 01 al 17 de octubre




sábado, 29 de agosto de 2015

¿Son adivinos?. El Gobierno descarta que el Constitucional anule el pago a Florentino por el Castor

Imagen de archivo de la plataforma del proyecto Castor. / Efe

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Constitucional no revocará la “indemnización express” de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez, presidente de ACS (y del Real Madrid), por el fallido almacén de gas Castor en la costa castellonense. Así se desprende de la respuesta que el ministro de Industria, José Manuel Soria, remitió la semana pasada a la diputada de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Lourdes Ciuró.

Soria reitera que la indemnización a ESCAL UGS, S.L. (filial de ACS) no tendrá revisión ni marcha atrás, y aunque el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado todavía sobre el recurso que presentó el PSOE en febrero pasado, el importe se cargará sobre los peajes del sistema gasístico y, en última instancia, sobre los usuarios en los próximos 30 años. Añade que, no obstante, los consumidores se beneficiarán de la solución financiera adoptada.

El importe total de la inversión en el almacén subterráneo fue de 1.461,4 millones de euros, de los que hay que descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de euros, con lo que la liquidación abonada al grupo ACS a finales del año pasado ascendió a los 1.350,7 millones de euros citados. Esa cantidad fue satisfecha por Enagas Transporte S.A.U., que a su vez la cobrará a los usuarios del sistema gasista.

En su respuesta a la diputada Ciuró, natural de Reus (Tarragona), el ministro no olvida que la responsabilidad de la concesión, la declaración de impacto ambiental y los demás requisitos, incluida la restitución de la inversión, fue responsabilidad del anterior gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro de Industria Miguel Sebastián.


viernes, 28 de agosto de 2015

Florentino Pérez obtuvo más de ocho millones extras porque el gobierno balear pagó sus impuestos

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el hospital de Son Espases destapa los 'chanchullos' de Dragados con la administración Matas  

El mediocentro croata Mateo Kovacic (d) acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante su presentación como nuevo jugador del club blanco en un acto celebrado hoy en el estadio Santiago Bernabéu. EFE
Dragados, empresa constructora del Grupo ACS que preside Florentino Pérez, consiguió un extra de más de ocho millones de euros en la construcción del hospital de Son Espases en Mallorca al modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas y conseguir que el gobierno balear le pagase parte de los impuestos que le correspondían.


Esta manipulación de las cuentas de Son Espases, una obra de 625 millones de euros, se ha conocido ahora por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre una demanda referente al pago del IVA en una factura en la que figuraba el cargo de impuestos municipales a IB Salut, el organismo del gobierno autonómico que gestiona la red de hospitales públicos.

Bonificación del 95% a cargo de IB Salut

Según se desprende de esa sentencia, en el año 2007, en el contrato que se  firma para la construcción del hospital entre Dragados e IB Salut, se especifica que los impuestos asociados a la obra serán abonados por la empresa concesionaria. El Ayuntamiento de Palma pasó al cobro a Dragados el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que ascendía a 8,6 millones de euros. Dragados intentó una bonificación del 95% de este impuesto y al no conseguirlo presionó a IB Salut para que asumiera este impuesto. En 2009 lo consigue y el contrato entre ambas parte se modifica y se señala que es el organismo autonómico el que pagará el ICIO, en un periodo de trece cómodos plazos. En una de las facturas en la que se le traslada este pago a IB Salut se produce la discrepancia sobre el pago del IVA que saca a la luz este acuerdo secreto entre la empresa de Florentino Pérez y el Gobierno balear. Al final, IB Salut paga hasta el IVA, según la sentencia del Alto Tribunal balear.


Fuentes jurídicas han mostrado su asombro ante este cambio sobre la marcha de las condiciones contractuales de una obra del tamaño de Son Espases. Hay más de ocho millones de euros de regalo en las cuentas de Dragados. El sector de la construcción de Baleares también está sorprendido y destacados empresarios señalan el innegable trato de favor hacia Florentino Pérez cuando consigue que desaparezcan más de ocho millones de euros de sus obligaciones de pago. También les resulta sorprendente que un contrato de esta magnitud se modifique a los dos años de su firma con cambios sustanciales en sus condiciones, lo que podría alterar el principio de igualdad y equidad entre los aspirantes al concurso.

Una adjudicación investigada por la Justicia

Todo el proceso de adjudicación de Son Espases está ahora bajo investigación judicial, una vez que el juez Castro ha admitido a trámite al finales de julio pasado la querella del fiscal anticorrupción Pedro Horrach contra Jaume Matas (PP) y diversos miembros de su gobierno por irregularidades manifiestas en su tramitación. La querella habla expresamente de que la actuación de Matas fue el “máximo exponente de la perversión de un concurso público” y que todo el procedimiento de adjudicación fue “una maniobra criminal fraudulenta con finalidades espurias”. El contrato para la construcción del hospital fue adjudicado en 2007 a Dragados. La querella del fiscal contiene documentos que demuestran que durante el mandato de Matas (2003-2007) Florentino Pérez fue el constructor favorito del gobierno balear al conseguir casi el 20% de todas las obras públicas.


















Las Marchas de la Dignidad llegarán a Bruselas en octubre en una acción conjunta a nivel europeo


  • Las denominadas ‘Euromarchas’ partirán de distintos países de la UE para manifestarse en octubre en Bruselas contra la austeridad y por la soberanía de los pueblos
  • Movimientos sociales y políticos se suman en esta iniciativa europea que partirá desde España, Grecia, Inglaterra y Alemania y confluirá el 15 de octubre coincidiendo con una cumbre de la UE en Bruselas
  • Desde España, la marcha partirá desde Cádiz el 1 de octubre y tendrá actos en ciudades como Jerez, Sevilla, Mérida, Toledo, Madrid, Zaragoza o Barcelona
Cabecera de la manifestación de la columna de las Marchas de la Dignidad en Córdoba.

Las Marchas de la Dignidad dan un salto fuera de nuestras fronteras y en octubre protagonizarán una movilización a nivel europeo junto a colectivos sociales y movimientos políticos de otros países de la UE. Las denominadas ‘Euromarchas’ replicarán el formato de las Marchas de la Dignidad cuyas columnas de participantes fueron desde distintos puntos de España para confluir en una gran manifestación en Madrid y, ahora, harán lo propio partiendo de distintos países europeos para llegar juntos a Bruselas el 15 de octubre.

Todos los colectivos integrantes de las Euromarchas han organizado esta iniciativa con el objetivo de llevar a Bruselas sus reivindicaciones que se centran en oponerse a las políticas de austeridad llevadas a cabo en Europa, reivindicar la soberanía de los pueblos, acabar con los paraísos fiscales en la UE y denunciar las negociaciones ocultas del Tratado Trasatlántico de Comercio (TTIP), según ha podido saber eldiario.es/andalucia de fuentes de la organización.

Un comité promotor integrado por los colectivos participantes de distintos países ha sido el encargado de organizar -desde la pasada primavera- las Euromarchas, que llegarán a Bruselas desde España, Grecia, Inglaterra y Alemania, para coincidir con la cumbre de la UE prevista para el 15 de octubre, "rodear simbólicamente” la reunión de los representantes de los distintos estados y participar dos días después, el 17 de octubre, en una gran manifestación en la capital europea bajo el lema “Austeridad = Pobreza. Construyamos otra Europa".

 

lunes, 24 de agosto de 2015

Podemos se opone a que la ley encubra a los grandes defraudadores fiscales

La senadora de Podemos Maribel Mora presenta una propuesta de veto en el Senado al proyecto de ley, impulsado por el Gobierno del PP, que permitirá a los condenados por delito fiscal pagar para evitar la publicación de sus datos en las sentencias que les atañen.
  • ... eligen con polémica a solo dos de sus tres <b>senadores</b> autonómicos
“Sin cumplir la demanda social y amnistiando a quienes tienen capacidad de pagar su anonimato, esta medida no es más que maquillaje para tapar un problema mayor: la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude”, asegura la senadora.

Maribel Mora, senadora de Podemos, ha registrado en el Senado una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, por insuficiente y al considerar que beneficiará a los condenados por delito fiscal al permitir, previo pago, la ocultación de sus datos. Para la senadora, esta ley generará una situación de desigualdad y una nueva ’amnistía’ del Gobierno del PP a los grandes defraudadores al permitir que no se publiquen sus datos.

“¿Cómo puede sostenerse que dicha necesidad de transparencia no afecte a defraudadores fiscales que tengan dinero suficiente para ’pagar’ por la no aplicación de esta norma pese a la trascendencia social de su conducta totalmente insolidaria?”, se pregunta la senadora de Podemos. Este proyecto es, además, “incoherente” con las motivaciones de la propia ley, tal y como recoge el voto particular del magistrado del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta Martínez, al no incluir los delitos contra la seguridad social, que son delitos regulados en el mismo título del Código penal.

Mora también recuerda que este proyecto tiene un carácter claramente electoralista y trata de dar respuesta a la polémica de la opacidad de la lista de amnistiados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Sin cumplir la demanda social y amnistiando a quienes tienen capacidad de pagar su anonimato, esta medida no es más que maquillaje para tapar un problema mayor: la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude”, asegura la senadora. En este sentido, el texto presentado por Mora insiste en que el proyecto de ley genera desigualdad porque no lucha contra los defraudadores ni está destinada a atajar los grandes fraudes fiscales.

“Es del todo inaceptable que un problema de calado, que tiene tal repercusión en el sostenimiento del Estado y la igualdad, sea cerrado en falso con una ley poco eficiente, carente de consenso, y que muestra debilidades fundamentales para cumplir los objetivos que dice proponerse en materia de prevención de fraude, publicidad judicial, transparencia y eficacia”, concluye Mora.

sábado, 22 de agosto de 2015

La negociación del TTIP plantea riesgos jurídicos, sociales y económicos

TTIP. / Manel Vizoso

Joaquim Bosch Portavoz de Jueces para la Democracia. Escribe en MUNDIARIO.
Jueces para la Democracia quiere hacer un pronunciamiento contrario a la promulgación del TTIP en los términos y en la forma que se está negociando, subraya este portavoz.

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), o como más usualmente es conocido en inglés con el nombre de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), cuyos orígenes lo podemos encontrar en el año 1990, en febrero de 2013 se materializó con el anuncio de lanzar acciones orientadas para iniciar negociaciones. A pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto. El tratado tiene como objetivo declarado “eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios”. Todo esto en realidad significa, tal como ha sido denunciado por numerosas organizaciones, regular aspectos relacionados con los estándares técnicos de productos en el mercado, la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al “desarrollo sostenible”, la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales.

Pero, desde la perspectiva de la soberanía de los Estados en materia de Justicia, debemos prestar atención en la previsión de creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (Investor State Dispute Settlement, ISDS, por sus siglas en inglés), mediante el cual las empresas pueden emprender acciones legales contra gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras, o sus intereses comerciales han sido perjudicados. Éste es un tribunal privado, formado por tres abogados designados por firmas internacionales de reconocido prestigio, y cuya decisión no será susceptible de ser impugnada ante ninguna otra instancia jurisdiccional.

Cabría hacer un análisis profundo sobre los problemas que generarán respecto de los derechos laborales básicos, y que fundamentalmente vendrían dados por las desigualdades normativas en materia laboral entre los EEUU y la UE, fruto de culturas jurídicas absolutamente distintas. Esto provoca el denominado dumping social, es decir, el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior. El establecimiento de un tribunal de estas características y con esa composición, viene a ser un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción, entendida ésta como función estatal y como órgano que ejerce un poder reservado al Estado.

Los términos en los que se concibe el ISDS, pueden tener efectos en la actividad de instituciones (o poderes) del Estado, como el legislativo y ejecutivo, puesto que  el momento que se le puede obligar a compensar a las compañías cuando vean restringidas sus ganancias o perjudicados sus intereses comerciales, provoca que las legislaciones nacionales se deban ajustar a este nuevo paradigma. Además, las decisiones de ese tribunal arbitral pueden suponer la vulneración del principio básico de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados. Esta situación puede llegar a condicionar la respuesta de los tribunales de justicia a las ganancias o intereses comerciales derivados de las fórmulas de compensación a las compañías inversoras que se pueda prever en el tratado, y en su caso implicar la responsabilidad del Estado por las decisiones de sus tribunales.

Es por ello que Jueces para la Democracia quiere hacer un pronunciamiento contrario a la promulgación de ese tratado en los términos y en la forma que se está negociando, exigiendo una absoluta transparencia de su contenido, una participación efectiva de los ciudadanos en su elaboración, y en todo caso el mantenimiento y protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial.

jueves, 20 de agosto de 2015

El Gobierno ocultó al Congreso la Denuncia Energética de Bruselas

El Grupo Parlamentario Socialista, representado en la Comisión por el Diputado Jose Segura Clavell, ha denunciado que el Gobierno ha ocultado al Congreso de los Diputados la denuncia remitida por Bruselas en la que se denuncia la falta de transposición de las Directivas Europeas en materia Energética.

La intervención del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal Belda, ha servido para destapar una denuncia de la Comisión Europea remitida al Ministro de Asuntos Exteriores, en la cual se amonesta al gobierno de España por su negligencia en relación a las transposiciones de las directivas europeas en materia energética.

El grupo parlamentario socialista ha mostrado el documento de 22 páginas que ha estado escondido y no presentado en las Cortes Generales desde el pasado mes de febrero.

A los señores del PP parece ser que es un tema que les hace mucha gracia. 

El vídeo lo dice todo.


miércoles, 19 de agosto de 2015

Catalunya Sí que es Pot ficha a Vicenç Navarro y a la socialista Marina Subirats

La candidatura de izquierdas en Cataluña formada por ICV, EUiA, Podemos y Equo, Catalunya Sí que es Pot, ha anunciado este sábado las dos personas que cerrarán las listas en Barcelona. Se trata de dos fichajes mediáticos: el economista y catedrático de ciencia política Vicenç Navarro, politólogo  con una prolífica bibliografía; y la ex regidora del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Marina Subirats.


Los dos no tienen posibilidades reales de acabar en el Parlamento catalán tras las elecciones del 27S, pero dan un empuje a la lista de Barcelona al ser dos personajes muy conocidos en la sociedad catalana.

Su colaboración con la candidatura no se limitará a la papeleta. Navarro y Subirats se han comprometido a trabajar con Catalunya Sí que es Pot en elaborar el programa electoral. 

domingo, 16 de agosto de 2015

¿Éste era el déficit oculto? La UE multa a España con 19 millones por el maquillaje del PP en las cuentas valencianas

El Gobierno de Mariano Rajoy justificó los ajustes al llegar al poder diciendo que habían encontrado un déficit superior al esperado y Bruselas ratifica que lo hubo manipulación... por parte de autonomías 'populares'

Mariano Rajoy y Francisco Camps / EFE-Archivo

La UE ha impuesto hoy una multa a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunidad Autónoma de Valencia en el período 2011-2012, lo que abarca tanto el final de la presidencia de Francisco Camps como el inicio de su sucesor, el también popular Alberto Fabra. El expediente de Bruselas se abrió en julio de 2014 y la multa ya se había anunciado, pero se ha concretado hoy en el Consejo de la Unión Europea con un comunicado en el que se achaca la sanción “a la falta de registro del gasto de salud y al incumplimiento del principio de devengo por la oficina regional”. Se trata de la primera ocasión en la que la UE impone una multa por manipulación del déficit a partir de una normativa aprobada en 2011 para aumentar la vigilancia fiscal.

Ajuste excepcional en Madrid y algo más en Valencia
Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012 a partir de facturas sin notificar en Madrid y Valencia, ambas bajo gobiernos populares, lo que llevó a España a elevar en un 0,4 % del PIB su déficit correspondiente a 2011. Eurostat realizó entonces varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid “podía ser considerado como un ajuste excepcional”, mientras que en el de Valencia, por el contrario, “había razones para preocuparse”, explicó en julio de 2014 la CE.

El déficit oculto de sus propias comunidades justificó los ajustes
El asunto tiene una trascendencia económica por el impacto de la sanción y otro de credibilidad para España, y es significativo que se plasme la multa apenas unas horas antes de que el ministro Luis de Guindos fuera derrotado en su aspiración de presidir el Eurogrupo. Y tiene además otra lectura política, y es que el Gobierno formado por Mariano Rajoy en diciembre de 2011 inició inmediatamente una campaña para hablar de “déficit oculto” dejado por el Gobierno socialista con la que justificar así los recortes y las subidas de impuestos que se habían comprometido a no acometer y que pusieron en marcha desde el inicio de la legislatura. Por ejemplo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría justificó la subida del IRPF y del IVA asegurando que se habían encontrado un déficit superior al esperado. Entre los técnicos de Bruselas fiscalizando las cuentas del PP en Madrid y Valencia para conocer hasta dónde llegaron las desviaciones del déficit y las presiones de los mercados para que España solicitara el rescate financiero, la prima de riesgo se disparó a niveles históricos en el verano de 2012 bajo el Gobierno de Rajoy.

El PP NO descarta una subida de las tasas judiciales para ONG, pymes y empresas. Lo dice el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.  EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.

Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible "a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente".

"A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan –explica el titular de Justicia–. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales".

Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al 100% la Justicia, "más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos".

"Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas", añadió.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. "Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales", insistió.

jueves, 13 de agosto de 2015

Mulet: “El TTIP acabará con todas las D.O. y marcas de calidad de productos valencianos”

El Senador por Compromís, Carles Mulet, ha continuado con la batería de preguntas dirigidas desde el Senado al Gobierno, para alertar sobre los efectos letales del tratado trasatlántico de libre comercio e inversiones (TTIP), sobre el sector agropecuario valenciano, al poder eliminar las “indicaciones geográficas”, marcas y denominaciones de origen protegidas por la legislación comunitaria.

Según ha explicado Mulet “aceptar el TTIP sería aceptar las reglas de juego de EEUU, quien exige la eliminación de las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas, o sea, que se permita a las grandes corporaciones norteamericanas por ejemplo, producir vino “ de la Rioja” o de cualquiera de las Denominaciones de origen o marcas de calidad del País Valencià, arroz DO de València, Xufa de Valencia, tomate de colgar de Alcalá, aceité DO de Valencia, Kaki que la Ribera del Xúquer , Alcachofa de Benicarló, cítricos valencianos (IGP) , Turrón de Alicante y de Xixona, o uva embolsada del VInalopó, por ejemplo”, producción que no se haría en nuestro territorio, sino que serían simple etiquetas de calidad que se podrían poner a productos norteamericanos, cultivados en América, que evidentemente no corresponden a calidades y origen valenciano, y que reventarían nuestro mercado.

EEUU permite en la actualidad a sus productores utilizar nuestras denominaciones, y así se produce un comercio engañoso con los consumidores, y deja a nuestros sectores desprotegidos, ya que hasta ahora podía competir y abrir mercado precisamente gracias a la especificad del producto, a la pequeña escala, pero si otros, desde la industrialización severa, la eliminación de controles de calidad, la producción en masa, pueden vender engañosamente su producto al mismo nivel que el nuestro, se acabó el mercado.

Mulet ha preguntado desde el Senado al Gobierno que, si habiéndose conocido que las denominaciones de origen son consideradas barreras no arancelarias a eliminar por los negociadores de EEUU. ¿Va a permitir el gobierno que la Comisión Europea ponga en peligro el futuro de todos aquellos cuya subsistencia depende de las denominaciones de origen? ¿Va a permitir que toda la producción agroalimentaria se comodifique, cuando se ha estado impulsando desde la Administración durante años el uso de la denominación de origen para evitar la comodificación?

"Comodificación", se entiende como la mercantilización indiscriminada que nos impone el TTIP, y la nueva generación de tratados de comercio e inversiones internacionales, provocará que se traten todos los productos de forma genérica perdiendo todas las características propias del mismo. Por ejemplo, si el turrón de Xixona deja de tener la marca de calidad que le da la denominación de Origen (D. O.) deberá disminuir costes (salarios, calidad de materias primas utilizadas....) para competir con otros productos indiferenciados como el trigo, el arroz... en los que no podemos competir.

En definitiva, la pérdida de la (D. O.) afectará negativamente a la economía artesanal y local, incluso a las tradiciones y la cultura.

martes, 11 de agosto de 2015

Municipios en resistencia frente al TTIP




Durante el mes de julio, en diferentes municipios españoles se han presentado propuestas o mociones, por parte de diferentes grupos y partidos, en contra del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (TTIP).

Algunos de ellos, como por ejemplo el municipio de Conil, en Cádiz, el de Arnedo, en la Rioja, el de Aranda de Duero, en Burgos, el de Aldaia y el de Xirivella en Valencia, ya se han declarado contrarios al tratado y "a favor de servicios públicos básicos, por la solidaridad y la redistribución social, a favor del medio ambiente y la salud" y se espera que se extienda a otros muchos.Entre los argumentos presentados en los plenos municipales, y que van tomando fuerza están:

* El hecho de que "el TTIP al igual que otros tratados comerciales cuestione el libre desarrollo de los servicios y prestaciones públicas de acuerdo con criterios de justicia social y solidaridad, en lugar de lucro ecónomico por parte de las multinacionales y poderes económico-financieros"

* "La pérdida de derechos laborales como la libertad sindical o el derecho a la negociación colectiva y el riesgo a la permanencia de servicios públicos, como educación, sanidad o pensiones"

* Se considera que el tratado mejorará los beneficios de las grandes empresas y corporaciones transnacionales, apropiándose poco a poco del poder político y judicial

* "Recorte para los ciudadanos", que según Izquierda Unida "podrían perder derechos sociales, mientras que las grandes multinacionales tendrán poder para decidir en asuntos de gran calado, con medidas como potenciar los transgénicos, apostar por la agroindustria amenazando la biodiversidad, la privatización de la gestión de residuos, el control sobre los datos privados de las empresas y el refuerzo de patentes de productos farmacéuticos en lugar de potenciar los genéricos, entre otras"

* "No queremos que nuestros carros de la compra se llenen de productos transgénicos y carnes hormonadas que son cancerígenos a la larga, defendemos nuestra denominación de origen Ribera del Duero, amenazada por este tratado que la convertiria en una marca genérica mas"

Otro de los argumentos que tiene gran peso es el oscurantismo y opacidad en las negociaciones, ya que "La Unión Europea y Estados Unidos, a las espaldas de la población y de forma opaca, están negociando un tratado de libre comercio con tal oscurantismo que ni tan siquiera los eurodiputados, a los cuales les ampara el Tratado de Lisboa en el que se establece que tienen derecho a conocer los tratados y a recibir toda la información sobre las negociaciones que se den dentro de la Unión Europea, tienen libre acceso al documento". 

Frente a ello, en estos momentos Bruselas acelera las negociaciones del TTIP y busca avanzar en "todo" con Obama en la Casa Blanca, http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-viable-acuerdo-administracion-Obama_0_416458921.html

lunes, 10 de agosto de 2015

El recorte de las pensiones se acelerará tras 2015: se multiplicará por cinco tras las elecciones


Estas son las medidas que afectan a las pensiones plasmadas en el Programa de Estabilidad para los años 2014-2017 remitido a Bruselas con el que el Gobierno prevé reducir su déficit público.

La ministra de trabajo, Fátima Báñez, presenta la reforma de las pensionesLa carga del recorte se acelerará tras las próximas elecciones. En lo que resta de legislatura, el recorte sumará 2.400 millones de euros, un 7% del total, frente al 45% que se recortará tras las próximas elecciones. El año posterior a las elecciones, el recorte duplicará al de la cita electoral.

El recorte de las pensiones presentado por el Gobierno no es lineal: reserva el grueso de los ahorros para después de las elecciones de 2015, según revelan los cálculos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A partir de esa fecha, la intensidad de los recortes se duplicará. El diseño deja sombras de intencionalidad política entre la oposición. El Ejecutivo justifica ese esquema en una cuestión económica: la hucha de las pensiones se agota en 2025.

La cuenta atrás política: elecciones en 2015

El esquema diseñado por el ministerio de Trabajo reduce los recortes a 2.400 millones de euros (un 7% del total) durante los próximos dos años con los que, teóricamente, se agota la legislatura. Así, el primer año la mengua para los pensionistas sería de 809 millones y de 1.639 el segundo, hasta sumar un recorte acumulado de 2.449 millones en total.

Sin embargo, a partir de 2016, es decir, tras la teórica cita con las urnas si el Ejecutivo apura su mandato, los recortes a los pensionistas se acelerarán de manera considerable. 2016 registrará recortes iguales a los dos años previos a las elecciones y el ritmo se acelerará hasta sumar 15.100 millones en la próxima legislatura y una cantidad similar de 15.390 en la siguiente, un 46% y un 47% respectivamente.


En total, el recorte sumará 17.549 millones en sus seis primeros años y 32.939 en la década para los que está previsto el nuevo sistema. Si el sistema fuera lineal, el recorte para 2014 debería ser del triple de lo previsto y del doble de lo anunciado para 2015.

El calendario económico: la hucha se agotará en 2025

El Ejecutivo justifica el ritmo y el tamaño de los recortes en otra cuenta atrás: la que vive el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, la "hucha" de las pensiones. Según los cálculos de la Seguridad Social, la baja natalidad y el envejecimiento de la población dispararán la tasa de dependencia del 26,1% en 2012 al 45,2% en 2032. El Ejecutivo estima que en el año 2030, la esperanza de vida de los españoles será superior a la actual. 

Como consecuencia de ello, el Gobierno considera que el recurso al Fondo de Reserva irá aumentando hasta drenarlo totalmente en el año 2025 por lo que defiende una solución de incrementos graduales de los recortes a lo largo de la próxima década. La oposición asegura que, precisamente, el colchón hasta 2025 permite dibujar una solución menos drástica que la planteada por el Ejecutivo.


El factor inesperado: la caída de las nóminas

Las dos interpretaciones política y económica, sin embargo, sólo alcanzan hasta el medio plazo. A largo plazo, en las décadas siguientes, las pensiones sufrirán una rebaja natural como consecuencia de un factor inesperado que no está siendo incorporado a ninguno de los cálculos del Pacto de Toledo: la devaluación interna a la que se está sometiendo a las nóminas. La caída de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones tendrá también como resultado una devaluación de las pensiones. Los sueldos han caído en España un 7% desde que comenzó la crisis, según los datos remitidos por el Ejecutivo a la UE. Eso significa que las pensiones a las que dan derecho esas contribuciones también caerán en las próximas décadas a medida que los actuales cotizantes se jubilen con menores rentas.

domingo, 9 de agosto de 2015

Y ya van 21…..la portuguesa Cavalum demanda a España ante el Ciadi por el ‘hachazo’ a las renovables



Planta fotovoltaica de La Roda. FOTO: Cavalum
La compañía portuguesa Cavalum ha presentado una demanda de arbitraje ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra España, que suma 17 procesos abiertos por cuestiones renovables.


Según figura en la página web del Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a la resolución de controversias entre inversores y países, la demanda ha sido registrada hoy, por lo que todavía no se ha elegido tribunal.

Cavalum es una empresa portuguesa especializada en energías renovables, que cuenta en España con once plantas fotovoltaicas, tres termosolares, una biomasa y una eólica.


La compañía cuenta con el asesoramiento legal del bufete King & Spalding, tanto desde su sede en París como de Houston (EEUU).


España es actualmente el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina, ya que suma 18 demandas -17 renovables y una por cuestiones inmobiliarias-.

Las demandas de arbitraje contra España por motivos renovables han llegado progresivamente desde noviembre de 2013, presentadas por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS y JGC Corporation, a los que se suma ahora Cavalum.

Además, también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.

El Gobierno no se plantea acabar con la interrumpibilidad por si es necesaria en el futuro



Industria considera que la asignación mediante subastas ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento 

















El Gobierno no se plantea acabar con el mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico, a pesar de que lleva varios años sin activarse, porque podría ser “necesario” en el futuro, y además defiende que el procedimiento de asignación mediante subastas puesto en marcha a finales del año pasado ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento.

Así lo señala en varias respuestas parlamentarias a la diputada socialista Paloma Rodríguez y al de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alvaro Sanz, quienes preguntaron por escrito sobre este asunto, alegando que la potencia instalada en España es superior a la punta de demanda histórica y que, sin embargo, se mantiene un sistema de interrumpibilidad que ha costado unos 3.000 millones de euros desde el año 2008.

En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo explica que la interrumpibilidad “flexibiliza” la operación del sistema eléctrico, permitiendo una “respuesta rápida” ante situaciones de “emergencia” tanto por motivos técnicos como económicos. “Si bien el sistema no se ha utilizado en los últimos años, eso no implica que no pueda ser necesaria la utilización futura del mismo”, añade.

Precios más bajos

Además, recuerda que el sistema de subastas para asignar los bloques de interrumpibilidad a las empresas ha permitido disminuir el coste de este servicio este año, lo que “pone de manifiesto la bondad de este nuevo sistema”, que garantiza un mecanismo “más competitivo y eficiente” con el que mantener la interrumpibilidad “al menor coste posible”.

Finalmente, ante las críticas del impacto que el alto coste de la electricidad tiene sobre la competitividad de las empresas electrointensivas, que pagan tres veces más por la energía en España que en Francia, el Gobierno recuerda que el coste de la electricidad viene determinado por el mix energético y que en el caso galo hay un fuerte componente nuclear que abarata el precio.

No obstante, también recuerda que las empresas instaladas en España que son grandes consumidoras de energía reducen sus gastos precisamente gracias a lo que cobran de la interrumpibilidad y además, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, pueden deducirse un 85% del Impuesto sobre la Electricidad.

Con el incremento de las conexiones internacionales, añade, también habrá una “mayor estabilidad de precios y menores necesidades de potencia instalada”, lo que hace previsible una “bajada de precios que, sin duda, beneficiará al sector industrial”, zanja el Ejecutivo.

sábado, 8 de agosto de 2015

El ministro Fernández recibe en la sede de Interior a un presunto delincuente y charla con él dos horas de forma “cordial”

El Mundo desvela que el titular de Interior, responsable de luchar contra la delincuencia, se reunió en la sede del ministerio con Rodrigo Rato, que tiene tres causas penales abiertas por corrupción.

El exvicepresidiente Rodrigo Rato.  EUROPA PRESSEl titular de Interior, Jorge Fernández, recibió el pasado 22 de julio en la sede del ministerio a Rodrigo Rato. Así lo desvela este sábado el periódico El Mundo, que asegura que el encuentro se produjo a petición del exvicepresidente del Gobierno. Jorge Fernández es el máximo responsable de perseguir la delincuencia en España. Rodrigo Rato tiene tres causas penales abiertas por graves delitos de corrupción.

El periódico afirma, citando fuentes del propio Ministerio del Interior, que la reunión se prolongó durante "cerca de dos horas" y que se celebró en un ambiente de "cordialidad".
Siempre de acuerdo con la versión de El Mundo, las fuentes de Interior consultadas "evitaron situar la entrevista en el plano de la amistad" y al mismo tiempo se negaron a desvelar cuáles habían sido los temas tratados durante la reunión. En otras palabras: no descartaron que Fernández y Rato hayan hablado sobre los presuntos delitos cometidos por este último o sobre la investigación judicial de los mismos.

En Interior destacaron que la investigación sobre Rato no está en manos ni de la Policía ni de la Guardia Civil –cuerpos que forman parte del Ministerio del Interior–, sino de la Agencia Tributaria.

La reunión se produjo el 22 de julio, el mismo día que el exdirigente del PP estaba citado a declarar en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, que hasta ahora investiga el llamado caso Rato. En esta causa está acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Aquel día se negó a declarar alegando que desconocía el informe de Hacienda en el que se le acusa de montar un entramado societario para cometer dichos delitos. Este viernes, el Juzgado de Instrucción 31 decidió enviar el caso a la Audiencia Nacional, al entender que es la competente para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero. El exvicepresidente del Gobierno habría utilizado sociedades en Reino Unido y Alemania para el blanqueo.

En la Audiencia Nacional hay abiertas ya otras dos causas contra Rodrigo Rato: el caso Bankia y el caso de las tarjetas black. Ambas son instruidas por el juez Fernando Andreu.


En la primera causa se investiga la gestión de Rato al frente de la entidad financiera Bankia, que llevó a la quiebra y que tuvo que ser rescatada con más de 23.000 millones de los contribuyentes. El exdirigente del PP está imputado por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

En la segunda causa se investiga la utilización de tarjetas de crédito fiscalmente opacas por parte de los consejeros de Bankia y Caja Madrid. En total, se cargaron con dichas tarjetas 15,5 millones de euros a ambas entidades financieras. En este caso se imputan a Rato los delitos de administración desleal y apropiación indebida


jueves, 6 de agosto de 2015

La Púnica explota en Génova: Zaplana, Floriano o Isabel Carrasco son señalados por los imputados

Los interrogatorios de la 'Púnica' confirman la conexión de algunos de los rostros más influyentes del PP con la trama, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. En las 300 horas de interrogatorios aparecen nombres como los de Eduardo Zaplana, Carlos Floriano, Isabel Carrasco o Marcos Martínez.


La trama Púnica no sólo se asocia con apellidos del PP de Madrid. La onda expansiva salpica a otras plantas de la sede de Génova, más allá de dónde estaban situados estrechos colaboradores de la presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre. Las alrededor de 300 horas de interrogatorios que el juez Eloy Velasco realizó el pasado octubre a los imputados en la Operación Púnica confirman las conexiones existentes entre esta enorme trama de corrupción y varios despachos de dentro y de fuera de la calle Génova.

Los testimonios de las más de 90 personas que fueron citadas en la Audiencia Nacional implican a diversos cargos del Partido Popular de Madrid, pero también de otras autonomías como Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla y León. En las conversaciones entre el magistrado y los implicados aparecen nombres como Eduardo Zaplana, Carlos Floriano o Ignacio Uriarte, con nexos directos con el núcleo duro del partido.

Entre los varios cientos de intervenciones que el juez titular de esta investigación realiza durante los interrogatorios a los imputados y testigos resulta especialmente significativa una que le espeta a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y considerado como el cerebro de la trama: "Creemos que parte del dinero hinchado en esos contratos se lo quedaban y se lo repartían el alcalde, usted y el PP de la CAM", llega a asegurar el juez Velasco en un momento dado de los interrogatorios. Una afirmación que muestra las sospechas que tiene el magistrado de que detrás de esta gigantesca trama de corrupción no sólo puede existir un fin de lucro personal o empresarial, sino también un posible delito de financiación irregular de los populares en Madrid. 

miércoles, 5 de agosto de 2015

TTIP: Bruselas ve "viable" un acuerdo durante la administración Obama


Bruselas ve "viable" un acuerdo durante la administración Obama
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo hoy que es "viable" cerrar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EEUU durante la administración del presidente Barack Obama y por ello concede gran importancia a las próximas reuniones en otoño.


"Si trabajamos duro y si hay una posibilidad, haremos todo lo que podamos para finalizar y cerrarlo durante 2016", señaló Malmström en una rueda de prensa en la que anunció un acuerdo político sobre un pacto de libre comercio entre la UE y Vietnam.


"Este es el escenario optimista, pero es viable", agregó la comisaria de Comercio, quien anunció que se reunirá en septiembre en Washington con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Michael Froman, para preparar la próxima ronda de negociaciones en octubre, la undécima tras la que tuvo lugar en julio en Bruselas.

Malmström espera abordar con Froman cómo avanzar en "todas" las áreas de negociación, con la idea de entrar en una "fase más política" que técnica en septiembre.

La ronda de la negociación en octubre, y probablemente otra en diciembre, "serán instrumentales para asegurar que todo esté sobre la mesa" para alcanzar un acuerdo o principio de acuerdo, señaló.

Malmström recordó que Washington está todavía finalizando su Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pero dispone por parte del Congreso de la autoridad de promoción comercial o "fast track" para que negocie acuerdos internacionales de comercio sin someterlos al proceso de enmiendas y sólo pronunciándose a favor o en contra.

Por el lado comunitario, la CE dispone del respaldo de la Eurocámara "a su línea" de negociación y Malmström trabaja asimismo en una nueva propuesta para un mecanismo de resolución de disputas Estado-inversor (ISDS, en inglés).

Este capítulo está "congelado" entre la UE y EEUU, pero "puede ser reabierto durante el otoño", explicó la comisaria.

El ISDS es uno de los capítulos que más controversia ha generado en sectores políticos y de la sociedad civil en la negociación en curso de un acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EEUU (TTIP), ante la posibilidad de que mine la capacidad de los Estados de legislar frente a los intereses de inversores extranjeros.

Preguntada por si EEUU ha mostrado alguna disposición de hacer concesiones, como eliminar la controvertida cláusula "Buy American", que exige el uso de acero y hierro estadounidense para las obras públicas financiadas por el plan, o abrir su mercado en cuanto a las licitaciones públicas, Malmström dijo que en unas negociaciones ambas partes tienen que ceder.

"En cuanto a los servicios, tiene que haber un dar y tomar por parte de nosotros y de EEUU. Estamos dispuestos a hacer una nueva ronda de propuestas comenzando en otoño. Si abrimos nuestros mercados, EEUU tiene que hacer lo mismo", recalcó.

En lo relativo a los contratos públicos, ambas partes aún no han empezado a abordar este tema, pero esperan hacerlo este otoño.

"No me hago ninguna ilusión de que "Buy American" será abandonada simplemente por parte de EEUU. Pero lo que hemos pedido es excepciones, alguna apertura de los mercados", indicó la comisaria.

"Estamos siendo bastante ofensivos en este aspecto. Nuestros mercados están más abiertos que los suyos, de manera que se necesita un reajuste y por ello buscamos concesiones por parte de EEUU", agregó Malmström.