Así son los contratos que firmaba el Ayuntamiento de Madrid con Fitch y Standard and Poor´s

El gobierno de Ana Botella pagó 107.500 euros a Fitch y Standard and Poor´s para que valoraran la deuda del consistorio

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP ha pagado en el último año 57.052 euros a Standard and Poor’s y 50.469 a Fitch para solicitar una calificación de la deuda y para definir todos los valores que el consistorio pudiera emitir. 

Los contratos con las agencias de calificación fueron firmados en 2002 y prorrogados cada año con vigencia a 31 de diciembre de 2015. En total, en 2015, el pago a las agencias de calificación asciende a 107.521,19 euros.

Los contratos a los que ha tenido acceso La Marea fueron realizados a petición del Ayuntamiento de Madrid y pagaban a las agencias de rating por la valoración de la economía del consistorio para emisiones existentes y futuras de deuda o valores.

Los contratos del Ayuntamiento de Madrid con estas entidades siguen la pauta habitual en este negocio. Las grandes agencias de rating,como Fitch y Standard & Poor’s cobran a los emisores de deuda, gobiernos y otras administraciones públicas así como empresas privadas, por elaborar estos informes que son fundamentales a la hora de pedor dinero a los mercados. Los detalles de estos contratos, sin embargo, no suelen ser públicos.

Las claúsulas de los contratos incluyen unos privilegios para las agencias de calificación de los que no disponen cualquiera que no haya sido pagado para la labor. Las agencias exigen al ayuntamiento una información que no se encuentra disponible para la ciudadanía: “Reconocen ustedes la necesidad de facilitar a Fitch toda la información pertinente a la evaluación… lo que podrá suponer la entrega a Fitch de información que no sea de dominio público”.

Las calificaciones de la deuda fueron utilizadas por la ex concejal de Hacienda Concepción Dancausa para ensalzar la labor económica del equipo de gobierno del que formaba parte. En octubre de 2014, los medios informaban que la agencia Fitch mantenía la valoración de la deuda en BBB -con perspectiva estable-. Tras conocerse el informe, Dancausa valoraba el informe pagado a la agencia positivamente: “Confirma que la política financiera emprendida por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en estos últimos tres años ha sido la adecuada”.

Los informes por los que paga el Ayuntamiento pueden tener una importancia capital ya que la calificación por la que se contrata a dichas agencias puede repercutir directamente en las arcas del ayuntamiento. Según ha sabido La Marea, el Ayuntamiento de Madrid tiene tres préstamos contratados con el Banco Europeo de Inversión (BEI) y el Banco Helaba. Los dos firmados por el BEI datan de 2004 y 2006, y ascienden a 240 millones de euros; el del Banco Helaba (Alemania) es de 40 millones de euros. Los préstamos incluyen una cláusula por la que exigirían una constitución de garantía (aval) o reembolso anticipado en caso de que la nota de las agencias de calificación fuera inferior o igual a “A-“.

La última valoración de la deuda de ambas agencias ya situaba la calificación del Ayuntamiento por debajo del umbral que obligaría al consistorio a la devolución anticipada de ambos préstamos sin que por ahora se haya procedido a la ejecución de dicha cláusula. “No hemos recibido hasta el momento ninguna exigencia por parte del BEI de reembolso anticipado del préstamo”, ha declarado a La Marea el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Matos.

El equipo de gobierno actual de Ahora Madrid ha recibido en los últimos días la visita de ambas agencias para valorar la solvencia del Ayuntamiento de Madrid de cara a la próxima estimación de la economía de la ciudad regida por Manuela Carmena. La valoración se producirá previsiblemente en la segunda quincena de septiembre.

Fuente: http://www.lamarea.com/2015/09/09/asi-son-los-contratos-que-firmaba-el-ayuntamiento-de-madrid-con-fitch-y-standard-and-poors/

¿Son adivinos?. El Gobierno descarta que el Constitucional anule el pago a Florentino por el Castor

Imagen de archivo de la plataforma del proyecto Castor. / Efe

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Constitucional no revocará la “indemnización express” de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez, presidente de ACS (y del Real Madrid), por el fallido almacén de gas Castor en la costa castellonense. Así se desprende de la respuesta que el ministro de Industria, José Manuel Soria, remitió la semana pasada a la diputada de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Lourdes Ciuró.

Soria reitera que la indemnización a ESCAL UGS, S.L. (filial de ACS) no tendrá revisión ni marcha atrás, y aunque el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado todavía sobre el recurso que presentó el PSOE en febrero pasado, el importe se cargará sobre los peajes del sistema gasístico y, en última instancia, sobre los usuarios en los próximos 30 años. Añade que, no obstante, los consumidores se beneficiarán de la solución financiera adoptada.

El importe total de la inversión en el almacén subterráneo fue de 1.461,4 millones de euros, de los que hay que descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de euros, con lo que la liquidación abonada al grupo ACS a finales del año pasado ascendió a los 1.350,7 millones de euros citados. Esa cantidad fue satisfecha por Enagas Transporte S.A.U., que a su vez la cobrará a los usuarios del sistema gasista.

En su respuesta a la diputada Ciuró, natural de Reus (Tarragona), el ministro no olvida que la responsabilidad de la concesión, la declaración de impacto ambiental y los demás requisitos, incluida la restitución de la inversión, fue responsabilidad del anterior gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro de Industria Miguel Sebastián.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/08/17/el-gobierno-descarta-que-el-constitucional-anule-el-pago-a-florentino-por-el-castor/16792

Florentino Pérez obtuvo más de ocho millones extras porque el gobierno balear pagó sus impuestos

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el hospital de Son Espases destapa los 'chanchullos' de Dragados con la administración Matas  

Dragados, empresa constructora del Grupo ACS que preside Florentino Pérez, consiguió un extra de más de ocho millones de euros en la construcción del hospital de Son Espases en Mallorca al modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas y conseguir que el gobierno balear le pagase parte de los impuestos que le correspondían.

Esta manipulación de las cuentas de Son Espases, una obra de 625 millones de euros, se ha conocido ahora por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre una demanda referente al pago del IVA en una factura en la que figuraba el cargo de impuestos municipales a IB Salut, el organismo del gobierno autonómico que gestiona la red de hospitales públicos.

Bonificación del 95% a cargo de IB Salut

Según se desprende de esa sentencia, en el año 2007, en el contrato que se  firma para la construcción del hospital entre Dragados e IB Salut, se especifica que los impuestos asociados a la obra serán abonados por la empresa concesionaria. El Ayuntamiento de Palma pasó al cobro a Dragados el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que ascendía a 8,6 millones de euros. Dragados intentó una bonificación del 95% de este impuesto y al no conseguirlo presionó a IB Salut para que asumiera este impuesto. En 2009 lo consigue y el contrato entre ambas parte se modifica y se señala que es el organismo autonómico el que pagará el ICIO, en un periodo de trece cómodos plazos. En una de las facturas en la que se le traslada este pago a IB Salut se produce la discrepancia sobre el pago del IVA que saca a la luz este acuerdo secreto entre la empresa de Florentino Pérez y el Gobierno balear. Al final, IB Salut paga hasta el IVA, según la sentencia del Alto Tribunal balear.

Fuentes jurídicas han mostrado su asombro ante este cambio sobre la marcha de las condiciones contractuales de una obra del tamaño de Son Espases. Hay más de ocho millones de euros de regalo en las cuentas de Dragados. El sector de la construcción de Baleares también está sorprendido y destacados empresarios señalan el innegable trato de favor hacia Florentino Pérez cuando consigue que desaparezcan más de ocho millones de euros de sus obligaciones de pago. También les resulta sorprendente que un contrato de esta magnitud se modifique a los dos años de su firma con cambios sustanciales en sus condiciones, lo que podría alterar el principio de igualdad y equidad entre los aspirantes al concurso.

Una adjudicación investigada por la Justicia

Todo el proceso de adjudicación de Son Espases está ahora bajo investigación judicial, una vez que el juez Castro ha admitido a trámite al finales de julio pasado la querella del fiscal anticorrupción Pedro Horrach contra Jaume Matas (PP) y diversos miembros de su gobierno por irregularidades manifiestas en su tramitación. La querella habla expresamente de que la actuación de Matas fue el “máximo exponente de la perversión de un concurso público” y que todo el procedimiento de adjudicación fue “una maniobra criminal fraudulenta con finalidades espurias”. El contrato para la construcción del hospital fue adjudicado en 2007 a Dragados. La querella del fiscal contiene documentos que demuestran que durante el mandato de Matas (2003-2007) Florentino Pérez fue el constructor favorito del gobierno balear al conseguir casi el 20% de todas las obras públicas.

Fuente: http://www.elplural.com/2015/08/27/florentino-perez-obtuvo-mas-de-ocho-millones-extras-con-un-hospital-porque-el-gobierno-balear-pago-sus-impuestos/

El acuerdo internacional secreto TiSA dejará los contratos públicos en manos de las multinacionales

El tratado clandestino entre 50 países contempla acabar de facto con la preferencia nacional en la contratación pública y obligar a los Estados a conceder licitaciones por criterios puramente económicos, cerrando la puerta a considerar parámetros sociales o criterios de interés público o de defensa de derechos o del medio ambiente

Una alfombra roja a las grandes empresas para que se hagan con los contratos públicos de más de cincuenta Estados, a los que impone criterios para conceder licitaciones: así es el TiSA, el acuerdo que tejen la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, incluidos varios paraísos fiscales, de espaldas a la ciudadanía, y que supone un nuevo golpe sobre el tablero global de los poderes económicos neoliberales.

El nivel de secretismo sobre este pacto es tal que los acuerdos alcanzados entre ese medio centenar de países, todavía en negociación, serán mantenidos en secreto al menos hasta cinco años después de su ratificación, para la que aún no hay fecha. Sin embargo, la última filtración de Wikileaks a la que Público ha tenido acceso en exclusiva para España confirma y amplía las informaciones ya publicadas en este diario hace apenas unas semanas (en colaboración con otros nueve medios de comunicación de otros tantos países, desde Islandia a Australia y de Uruguay a Alemania), que incidían en el carácter antidemocrático del acuerdo.

Así, el Apéndice del Anexo sobre Contratación Pública que impulsa la UE junto a otros tres países –y frente al que ninguno de los otros participantes se opone formalmente en este texto– pretende establecer un marco de obligado cumplimiento para los Estados firmantes que obligará a los gobiernos nacionales, autonómicos y locales a publicitar todos los procesos de licitación de contratos públicos asegurando que todas las empresas de los países firmantes puedan concursar para hacerse con ellos.

Las corporaciones de cualquiera de los países firmantes deberán concurrir en igualdad de condiciones, y los Estados se verán obligados a dejar de lado las consideraciones de su propia industria nacional y los posibles criterios sociales o ecológicos a la hora de otorgar estos contratos. El TiSA sólo permitirá concedérselos a la compañías que ofrezcan los precios más bajos, y por tanto a las multinacionales más poderosas, que afrontan menores costes de producción.

"Las partes [por Estados] deberán asegurar que los contratos se conceden a los proveedores de servicios que, a juicio de la entidad encargada de determinarlo, sean capaces de cumplir las condiciones del contrato, y que han aceptado la oferta más ventajosa o con menor precio, basándose únicamente en la evaluación de los criterios especificados en la documentación aportada en la oferta", reza el texto, que no aclara qué entiende por "más ventajosa", pero que no contempla otras opciones, como dar portazo a empresas que no respeten los derechos humanos.

La negociación mantiene el lenguaje ambiguo y poco concreto de otros documentos del Trade in Services Agreement (TiSA), que dejan la puerta abierta a usar este marco normativo para cualquier tipo de servicios, ya que en casos como el de este anexo no se especifica que ningún sector quede fuera del paraguas de este pacto.

El documento, sin fechar y con una extensión de apenas un par de folios, insiste hasta la saciedad en que los Estados deberán asegurar que cualquier empresa incluso al otro lado del mundo tenga acceso a la información con los "detalles esenciales" sobre el servicio a contratar, las condiciones de participación y "cualquier otra información que los concurrentes puedan razonablemente necesitar para decidir si participar en el concurso".

Los países deberán establecer los criterios de contratación en base a "especificaciones técnicas basadas en los estándares internacionales", según el texto, que establece también la necesidad de garantizar la "imparcialidad" de las concesiones, acotando "periodos de tiempo apropiados" para concurrir, y garantizando la "transparencia" en las actuaciones de los respectivos Gobiernos, pese a ser un acuerdo internacional que se pretende mantener en secreto.

El documento al que ha tenido acceso este diario recoge que siempre que la legislación nacional de un Estado permita revisar estas licitaciones, las empresas podrán exigir a las autoridades competentes explicaciones sobre por qué sus ofertas no han sido seleccionadas: 

"Cuando una legislación nacional facilite un procedimiento de revisión, una entidad de contratación [pública] deberá, bajo demanda, ofrecer a un proveedor no seleccionado una explicación de los motivos por los cuales esa entidad no escogió su oferta y las ventajas relativas de las ofertas de los proveedores que han sido seleccionados, con el detalle suficiente como para que permita la revisión de esa decisión, a petición de un proveedor no seleccionado", reza el Apéndice al Anexo sobre Contratación Pública.

El texto insiste incluso en que la "imparcialidad" y la "transparencia" de los Gobiernos debe servir para evitar "conflictos de intereses", para prevenir prácticas corruptas y para "asegurar que el mercado está abierto a la competencia".

La Comisión Europea habla como la única voz de los 28 Estados miembro en las negociaciones, en las que también participan paraísos fiscales como Suiza o Panamá. Mientras la sociedad civil y algunas formaciones políticas alertan del peligro que entrañan acuerdos como el TiSA o el TTIP (UE-EEUU), negociados en la sombra, la Comisión Europea, que preside Jean-Claude Juncker, evita dar información sobre estos pactos.

Juncker –quien fue primer ministro de Luxemburgo cuando este país facilitó la evasión fiscal masiva de grandes multinacionales, conocida gracias a los LuxLeaks– defiende con razonamientos genéricos que esos tratados secretos servirán para crear empleo y riqueza, pero no entra al fondo de la cuestión y evita dar detalles sobre dichos acuerdos, considerados por sus detractores como las últimas ofensivas neoliberales para blindar con leyes el poder que hoy ya tienen las corporaciones.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/wikileaks/pacto-secreto-tisa-dejara-contratos.html