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miércoles, 5 de agosto de 2015

TTIP: Bruselas ve "viable" un acuerdo durante la administración Obama


Bruselas ve "viable" un acuerdo durante la administración Obama
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo hoy que es "viable" cerrar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EEUU durante la administración del presidente Barack Obama y por ello concede gran importancia a las próximas reuniones en otoño.


"Si trabajamos duro y si hay una posibilidad, haremos todo lo que podamos para finalizar y cerrarlo durante 2016", señaló Malmström en una rueda de prensa en la que anunció un acuerdo político sobre un pacto de libre comercio entre la UE y Vietnam.


"Este es el escenario optimista, pero es viable", agregó la comisaria de Comercio, quien anunció que se reunirá en septiembre en Washington con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Michael Froman, para preparar la próxima ronda de negociaciones en octubre, la undécima tras la que tuvo lugar en julio en Bruselas.

Malmström espera abordar con Froman cómo avanzar en "todas" las áreas de negociación, con la idea de entrar en una "fase más política" que técnica en septiembre.

La ronda de la negociación en octubre, y probablemente otra en diciembre, "serán instrumentales para asegurar que todo esté sobre la mesa" para alcanzar un acuerdo o principio de acuerdo, señaló.

Malmström recordó que Washington está todavía finalizando su Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pero dispone por parte del Congreso de la autoridad de promoción comercial o "fast track" para que negocie acuerdos internacionales de comercio sin someterlos al proceso de enmiendas y sólo pronunciándose a favor o en contra.

Por el lado comunitario, la CE dispone del respaldo de la Eurocámara "a su línea" de negociación y Malmström trabaja asimismo en una nueva propuesta para un mecanismo de resolución de disputas Estado-inversor (ISDS, en inglés).

Este capítulo está "congelado" entre la UE y EEUU, pero "puede ser reabierto durante el otoño", explicó la comisaria.

El ISDS es uno de los capítulos que más controversia ha generado en sectores políticos y de la sociedad civil en la negociación en curso de un acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EEUU (TTIP), ante la posibilidad de que mine la capacidad de los Estados de legislar frente a los intereses de inversores extranjeros.

Preguntada por si EEUU ha mostrado alguna disposición de hacer concesiones, como eliminar la controvertida cláusula "Buy American", que exige el uso de acero y hierro estadounidense para las obras públicas financiadas por el plan, o abrir su mercado en cuanto a las licitaciones públicas, Malmström dijo que en unas negociaciones ambas partes tienen que ceder.

"En cuanto a los servicios, tiene que haber un dar y tomar por parte de nosotros y de EEUU. Estamos dispuestos a hacer una nueva ronda de propuestas comenzando en otoño. Si abrimos nuestros mercados, EEUU tiene que hacer lo mismo", recalcó.

En lo relativo a los contratos públicos, ambas partes aún no han empezado a abordar este tema, pero esperan hacerlo este otoño.

"No me hago ninguna ilusión de que "Buy American" será abandonada simplemente por parte de EEUU. Pero lo que hemos pedido es excepciones, alguna apertura de los mercados", indicó la comisaria.

"Estamos siendo bastante ofensivos en este aspecto. Nuestros mercados están más abiertos que los suyos, de manera que se necesita un reajuste y por ello buscamos concesiones por parte de EEUU", agregó Malmström. 

viernes, 3 de julio de 2015

El acuerdo internacional secreto TiSA dejará los contratos públicos en manos de las multinacionales

El tratado clandestino entre 50 países contempla acabar de facto con la preferencia nacional en la contratación pública y obligar a los Estados a conceder licitaciones por criterios puramente económicos, cerrando la puerta a considerar parámetros sociales o criterios de interés público o de defensa de derechos o del medio ambiente

Portada del site de Wikileaks sobre el TiSA.

Una alfombra roja a las grandes empresas para que se hagan con los contratos públicos de más de cincuenta Estados, a los que impone criterios para conceder licitaciones: así es el TiSA, el acuerdo que tejen la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, incluidos varios paraísos fiscales, de espaldas a la ciudadanía, y que supone un nuevo golpe sobre el tablero global de los poderes económicos neoliberales.

El nivel de secretismo sobre este pacto es tal que los acuerdos alcanzados entre ese medio centenar de países, todavía en negociación, serán mantenidos en secreto al menos hasta cinco años después de su ratificación, para la que aún no hay fecha. Sin embargo, la última filtración de Wikileaks a la que Público ha tenido acceso en exclusiva para España confirma y amplía las informaciones ya publicadas en este diario hace apenas unas semanas (en colaboración con otros nueve medios de comunicación de otros tantos países, desde Islandia a Australia y de Uruguay a Alemania), que incidían en el carácter antidemocrático del acuerdo.

Así, el Apéndice del Anexo sobre Contratación Pública que impulsa la UE junto a otros tres países –y frente al que ninguno de los otros participantes se opone formalmente en este texto– pretende establecer un marco de obligado cumplimiento para los Estados firmantes que obligará a los gobiernos nacionales, autonómicos y locales a publicitar todos los procesos de licitación de contratos públicos asegurando que todas las empresas de los países firmantes puedan concursar para hacerse con ellos.

Las corporaciones de cualquiera de los países firmantes deberán concurrir en igualdad de condiciones, y los Estados se verán obligados a dejar de lado las consideraciones de su propia industria nacional y los posibles criterios sociales o ecológicos a la hora de otorgar estos contratos. El TiSA sólo permitirá concedérselos a la compañías que ofrezcan los precios más bajos, y por tanto a las multinacionales más poderosas, que afrontan menores costes de producción.


La negociación mantiene el lenguaje ambiguo y poco concreto de otros documentos del Trade in Services Agreement (TiSA), que dejan la puerta abierta a usar este marco normativo para cualquier tipo de servicios, ya que en casos como el de este anexo no se especifica que ningún sector quede fuera del paraguas de este pacto.

El documento, sin fechar y con una extensión de apenas un par de folios, insiste hasta la saciedad en que los Estados deberán asegurar que cualquier empresa incluso al otro lado del mundo tenga acceso a la información con los "detalles esenciales" sobre el servicio a contratar, las condiciones de participación y "cualquier otra información que los concurrentes puedan razonablemente necesitar para decidir si participar en el concurso".

Los países deberán establecer los criterios de contratación en base a "especificaciones técnicas basadas en los estándares internacionales", según el texto, que establece también la necesidad de garantizar la "imparcialidad" de las concesiones, acotando "periodos de tiempo apropiados" para concurrir, y garantizando la "transparencia" en las actuaciones de los respectivos Gobiernos, pese a ser un acuerdo internacional que se pretende mantener en secreto.

El documento al que ha tenido acceso este diario recoge que siempre que la legislación nacional de un Estado permita revisar estas licitaciones, las empresas podrán exigir a las autoridades competentes explicaciones sobre por qué sus ofertas no han sido seleccionadas: 


El texto insiste incluso en que la "imparcialidad" y la "transparencia" de los Gobiernos debe servir para evitar "conflictos de intereses", para prevenir prácticas corruptas y para "asegurar que el mercado está abierto a la competencia".

La Comisión Europea habla como la única voz de los 28 Estados miembro en las negociaciones, en las que también participan paraísos fiscales como Suiza o Panamá. Mientras la sociedad civil y algunas formaciones políticas alertan del peligro que entrañan acuerdos como el TiSA o el TTIP (UE-EEUU), negociados en la sombra, la Comisión Europea, que preside Jean-Claude Juncker, evita dar información sobre estos pactos.

Juncker –quien fue primer ministro de Luxemburgo cuando este país facilitó la evasión fiscal masiva de grandes multinacionales, conocida gracias a los LuxLeaks– defiende con razonamientos genéricos que esos tratados secretos servirán para crear empleo y riqueza, pero no entra al fondo de la cuestión y evita dar detalles sobre dichos acuerdos, considerados por sus detractores como las últimas ofensivas neoliberales para blindar con leyes el poder que hoy ya tienen las corporaciones.