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| Planta fotovoltaica de La Roda. FOTO: Cavalum |
Según figura en la página web del Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a la resolución de controversias entre inversores y países, la demanda ha sido registrada hoy, por lo que todavía no se ha elegido tribunal.
Cavalum es una empresa portuguesa especializada en energías renovables, que cuenta en España con once plantas fotovoltaicas, tres termosolares, una biomasa y una eólica.
La compañía cuenta con el asesoramiento legal del bufete King & Spalding, tanto desde su sede en París como de Houston (EEUU).
España es actualmente el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina, ya que suma 18 demandas -17 renovables y una por cuestiones inmobiliarias-.
Las demandas de arbitraje contra España por motivos renovables han llegado progresivamente desde noviembre de 2013, presentadas por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS y JGC Corporation, a los que se suma ahora Cavalum.
Además, también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.
Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.
Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.
Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.
