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jueves, 10 de septiembre de 2015

Así son los contratos que firmaba el Ayuntamiento de Madrid con Fitch y Standard and Poor´s

El gobierno de Ana Botella pagó 107.500 euros a Fitch y Standard and Poor´s para que valoraran la deuda del consistorio

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP ha pagado en el último año 57.052 euros a Standard and Poor’s y 50.469 a Fitch para solicitar una calificación de la deuda y para definir todos los valores que el consistorio pudiera emitir. 
Los contratos con las agencias de calificación fueron firmados en 2002 y prorrogados cada año con vigencia a 31 de diciembre de 2015. En total, en 2015, el pago a las agencias de calificación asciende a 107.521,19 euros.


Los contratos a los que ha tenido acceso La Marea fueron realizados a petición del Ayuntamiento de Madrid y pagaban a las agencias de rating por la valoración de la economía del consistorio para emisiones existentes y futuras de deuda o valores.


Los contratos del Ayuntamiento de Madrid con estas entidades siguen la pauta habitual en este negocio. Las grandes agencias de rating,como Fitch y Standard & Poor’s cobran a los emisores de deuda, gobiernos y otras administraciones públicas así como empresas privadas, por elaborar estos informes que son fundamentales a la hora de pedor dinero a los mercados. Los detalles de estos contratos, sin embargo, no suelen ser públicos.

Las claúsulas de los contratos incluyen unos privilegios para las agencias de calificación de los que no disponen cualquiera que no haya sido pagado para la labor. Las agencias exigen al ayuntamiento una información que no se encuentra disponible para la ciudadanía: “Reconocen ustedes la necesidad de facilitar a Fitch toda la información pertinente a la evaluación… lo que podrá suponer la entrega a Fitch de información que no sea de dominio público”.

Las calificaciones de la deuda fueron utilizadas por la ex concejal de Hacienda Concepción Dancausa para ensalzar la labor económica del equipo de gobierno del que formaba parte. En octubre de 2014, los medios informaban que la agencia Fitch mantenía la valoración de la deuda en BBB -con perspectiva estable-. Tras conocerse el informe, Dancausa valoraba el informe pagado a la agencia positivamente: “Confirma que la política financiera emprendida por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en estos últimos tres años ha sido la adecuada”.


Los informes por los que paga el Ayuntamiento pueden tener una importancia capital ya que la calificación por la que se contrata a dichas agencias puede repercutir directamente en las arcas del ayuntamiento. Según ha sabido La Marea, el Ayuntamiento de Madrid tiene tres préstamos contratados con el Banco Europeo de Inversión (BEI) y el Banco Helaba. Los dos firmados por el BEI datan de 2004 y 2006, y ascienden a 240 millones de euros; el del Banco Helaba (Alemania) es de 40 millones de euros. Los préstamos incluyen una cláusula por la que exigirían una constitución de garantía (aval) o reembolso anticipado en caso de que la nota de las agencias de calificación fuera inferior o igual a “A-“.


La última valoración de la deuda de ambas agencias ya situaba la calificación del Ayuntamiento por debajo del umbral que obligaría al consistorio a la devolución anticipada de ambos préstamos sin que por ahora se haya procedido a la ejecución de dicha cláusula. “No hemos recibido hasta el momento ninguna exigencia por parte del BEI de reembolso anticipado del préstamo”, ha declarado a La Marea el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Matos.

El equipo de gobierno actual de Ahora Madrid ha recibido en los últimos días la visita de ambas agencias para valorar la solvencia del Ayuntamiento de Madrid de cara a la próxima estimación de la economía de la ciudad regida por Manuela Carmena. La valoración se producirá previsiblemente en la segunda quincena de septiembre.

lunes, 31 de agosto de 2015

#TarifazoEléctrico La luz sube un 76% en una década: el usuario medio paga 400 € anuales más que en 2005

FACUA responsabiliza de la descomunal subida a las nefastas políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.


























En sólo diez años, el recibo de la luz ha subido un 76% para el usuario medio, que ha pagado en los últimos doce meses 400 euros más que en 2005. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que responsabiliza de la descomunal subida a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.

Con las tarifas vigentes entre agosto de 2014 y julio de 2015, el usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad (una media de 77,43 euros mensuales), frente a los 529,32 (44,11 al mes) que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004. Según los análisis de FACUA sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el usuario medio en España consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.

FACUA advierte de que tras las nefastas políticas energéticas de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha provocado la bajada de las tarifas y ni tan siquiera su congelación. Con la tarifa media del pasado julio, el usuario medio paga 81,18 euros mensuales, un 9,7% por encima de los 73,99 euros de julio de 2011.

La asociación denuncia que la brutal subida tarifaria pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico. Se trata de un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España y que hoy lidera el ranking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca, según los últimos balances anuales de FACUA.

FACUA lleva años reclamando que el Gobierno intervenga el sector eléctrico y regule una tarifa basada en el coste real de la producción energética en el mercado mayorista, lo que provocaría una importante bajada. Asimismo, la asociación demanda medidas regulatorias para proteger los intereses de las familias con mayores dificultades económicas, a fin de evitar los cientos de miles de cortes de luz por impago que se producen cada año.

La evolución de las tarifas en las legislaturas de Aznar, Zapatero y Rajoy

Cuando Aznar llegó por primera vez al poder, en mayo de 1996, el recibo medio estaba en 52,06 euros mensuales. Al finalizar la legislatura, en abril de 2000, se situaba en 44,63 euros. Cuando dejó el Gobierno, en abril de 2004, la luz suponía 44,11 euros mensuales. Sin embargo, FACUA señala que la bajada tarifaria no fue más que una fórmula populista para hacer creer que su modelo de liberalización estaba trayendo consecuencias positivas para los usuarios.

Los dos primeros gobiernos del PP establecieron un sistema por el que las tarifas debían fijarse en función de las decisiones que adoptasen las grandes eléctricas en el mercado mayorista de la electricidad. Pero mediante una estrategia de maquillaje, decidieron contener las subidas dictadas por el oligopolio eléctrico aplicando tarifas por debajo de lo que determinaba el mercado, advierte FACUA. Con ello, se comenzó a generar una deuda, conocida como déficit de tarifa, que tendría que ser compensada posteriormente con importantes incrementos en las tarifas.

Los gobiernos del PSOE no modificaron sustancialmente el modelo de liberalización emprendido por el PP, sino que le aplicaron meros retoques, con medidas desacertadas y caóticas como la fórmula de fijación de tarifas mediante subasta o la imposición de la facturación mensual pese a que la lectura de los contadores seguía siendo bimestral.

Cuando Zapatero logró la presidencia del Gobierno, en abril de 2004, la factura del usuario medio estaba en 44,11 euros mensuales, y al finalizar su primera legislatura, en abril de 2008, se situaba ya en 50,20 euros. Al terminar su segundo periodo de Gobierno, en diciembre de 2011, el recibo alcanzaba los 78,64 euros mensuales (los usuarios pagaron ese mes 73,99 euros, pero posteriormente una sentencia del Supremo determinó que el Ejecutivo había vulnerado durante varios meses la legislación del sector al frenar las subidas dictadas por el mercado y obligó a pagar las diferencias).

Casi trascurridos los cuatro años de la legislatura de Rajoy, con las tarifas del pasado julio, la factura del usuario medio está en 81,18 euros mensuales.

En una década, el kW ha subido un 150,1% y el kWh un 66,2%

En julio de 2015, el precio del kW de potencia contratada es un 150,1% más caro que el vigente durante 2005. Ha pasado de 1,78 euros (1,46 más el 21,93% de impuestos indirectos) a 4,46 euros (3,50 más el 27,19% de ii).

En lo que se refiere al precio de la energía consumida, ha subido un 66,2% en una década. En 2005, el kWh estaba en 10,12 céntimos (8,30 más impuestos) y este julio suponía 16,82 céntimos por kWh (13,23 más impuestos).

sábado, 29 de agosto de 2015

¿Son adivinos?. El Gobierno descarta que el Constitucional anule el pago a Florentino por el Castor

Imagen de archivo de la plataforma del proyecto Castor. / Efe

El Gobierno da por hecho que el Tribunal Constitucional no revocará la “indemnización express” de 1.350,7 millones de euros a Florentino Pérez, presidente de ACS (y del Real Madrid), por el fallido almacén de gas Castor en la costa castellonense. Así se desprende de la respuesta que el ministro de Industria, José Manuel Soria, remitió la semana pasada a la diputada de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), Lourdes Ciuró.

Soria reitera que la indemnización a ESCAL UGS, S.L. (filial de ACS) no tendrá revisión ni marcha atrás, y aunque el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado todavía sobre el recurso que presentó el PSOE en febrero pasado, el importe se cargará sobre los peajes del sistema gasístico y, en última instancia, sobre los usuarios en los próximos 30 años. Añade que, no obstante, los consumidores se beneficiarán de la solución financiera adoptada.

El importe total de la inversión en el almacén subterráneo fue de 1.461,4 millones de euros, de los que hay que descontar la retribución provisional ya abonada de 110.691,36 miles de euros, con lo que la liquidación abonada al grupo ACS a finales del año pasado ascendió a los 1.350,7 millones de euros citados. Esa cantidad fue satisfecha por Enagas Transporte S.A.U., que a su vez la cobrará a los usuarios del sistema gasista.

En su respuesta a la diputada Ciuró, natural de Reus (Tarragona), el ministro no olvida que la responsabilidad de la concesión, la declaración de impacto ambiental y los demás requisitos, incluida la restitución de la inversión, fue responsabilidad del anterior gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro de Industria Miguel Sebastián.


viernes, 28 de agosto de 2015

Florentino Pérez obtuvo más de ocho millones extras porque el gobierno balear pagó sus impuestos

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el hospital de Son Espases destapa los 'chanchullos' de Dragados con la administración Matas  

El mediocentro croata Mateo Kovacic (d) acompañado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante su presentación como nuevo jugador del club blanco en un acto celebrado hoy en el estadio Santiago Bernabéu. EFE
Dragados, empresa constructora del Grupo ACS que preside Florentino Pérez, consiguió un extra de más de ocho millones de euros en la construcción del hospital de Son Espases en Mallorca al modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas y conseguir que el gobierno balear le pagase parte de los impuestos que le correspondían.


Esta manipulación de las cuentas de Son Espases, una obra de 625 millones de euros, se ha conocido ahora por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre una demanda referente al pago del IVA en una factura en la que figuraba el cargo de impuestos municipales a IB Salut, el organismo del gobierno autonómico que gestiona la red de hospitales públicos.

Bonificación del 95% a cargo de IB Salut

Según se desprende de esa sentencia, en el año 2007, en el contrato que se  firma para la construcción del hospital entre Dragados e IB Salut, se especifica que los impuestos asociados a la obra serán abonados por la empresa concesionaria. El Ayuntamiento de Palma pasó al cobro a Dragados el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que ascendía a 8,6 millones de euros. Dragados intentó una bonificación del 95% de este impuesto y al no conseguirlo presionó a IB Salut para que asumiera este impuesto. En 2009 lo consigue y el contrato entre ambas parte se modifica y se señala que es el organismo autonómico el que pagará el ICIO, en un periodo de trece cómodos plazos. En una de las facturas en la que se le traslada este pago a IB Salut se produce la discrepancia sobre el pago del IVA que saca a la luz este acuerdo secreto entre la empresa de Florentino Pérez y el Gobierno balear. Al final, IB Salut paga hasta el IVA, según la sentencia del Alto Tribunal balear.


Fuentes jurídicas han mostrado su asombro ante este cambio sobre la marcha de las condiciones contractuales de una obra del tamaño de Son Espases. Hay más de ocho millones de euros de regalo en las cuentas de Dragados. El sector de la construcción de Baleares también está sorprendido y destacados empresarios señalan el innegable trato de favor hacia Florentino Pérez cuando consigue que desaparezcan más de ocho millones de euros de sus obligaciones de pago. También les resulta sorprendente que un contrato de esta magnitud se modifique a los dos años de su firma con cambios sustanciales en sus condiciones, lo que podría alterar el principio de igualdad y equidad entre los aspirantes al concurso.

Una adjudicación investigada por la Justicia

Todo el proceso de adjudicación de Son Espases está ahora bajo investigación judicial, una vez que el juez Castro ha admitido a trámite al finales de julio pasado la querella del fiscal anticorrupción Pedro Horrach contra Jaume Matas (PP) y diversos miembros de su gobierno por irregularidades manifiestas en su tramitación. La querella habla expresamente de que la actuación de Matas fue el “máximo exponente de la perversión de un concurso público” y que todo el procedimiento de adjudicación fue “una maniobra criminal fraudulenta con finalidades espurias”. El contrato para la construcción del hospital fue adjudicado en 2007 a Dragados. La querella del fiscal contiene documentos que demuestran que durante el mandato de Matas (2003-2007) Florentino Pérez fue el constructor favorito del gobierno balear al conseguir casi el 20% de todas las obras públicas.


















jueves, 20 de agosto de 2015

El Gobierno ocultó al Congreso la Denuncia Energética de Bruselas

El Grupo Parlamentario Socialista, representado en la Comisión por el Diputado Jose Segura Clavell, ha denunciado que el Gobierno ha ocultado al Congreso de los Diputados la denuncia remitida por Bruselas en la que se denuncia la falta de transposición de las Directivas Europeas en materia Energética.

La intervención del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal Belda, ha servido para destapar una denuncia de la Comisión Europea remitida al Ministro de Asuntos Exteriores, en la cual se amonesta al gobierno de España por su negligencia en relación a las transposiciones de las directivas europeas en materia energética.

El grupo parlamentario socialista ha mostrado el documento de 22 páginas que ha estado escondido y no presentado en las Cortes Generales desde el pasado mes de febrero.

A los señores del PP parece ser que es un tema que les hace mucha gracia. 

El vídeo lo dice todo.


domingo, 16 de agosto de 2015

¿Éste era el déficit oculto? La UE multa a España con 19 millones por el maquillaje del PP en las cuentas valencianas

El Gobierno de Mariano Rajoy justificó los ajustes al llegar al poder diciendo que habían encontrado un déficit superior al esperado y Bruselas ratifica que lo hubo manipulación... por parte de autonomías 'populares'

Mariano Rajoy y Francisco Camps / EFE-Archivo

La UE ha impuesto hoy una multa a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunidad Autónoma de Valencia en el período 2011-2012, lo que abarca tanto el final de la presidencia de Francisco Camps como el inicio de su sucesor, el también popular Alberto Fabra. El expediente de Bruselas se abrió en julio de 2014 y la multa ya se había anunciado, pero se ha concretado hoy en el Consejo de la Unión Europea con un comunicado en el que se achaca la sanción “a la falta de registro del gasto de salud y al incumplimiento del principio de devengo por la oficina regional”. Se trata de la primera ocasión en la que la UE impone una multa por manipulación del déficit a partir de una normativa aprobada en 2011 para aumentar la vigilancia fiscal.

Ajuste excepcional en Madrid y algo más en Valencia
Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012 a partir de facturas sin notificar en Madrid y Valencia, ambas bajo gobiernos populares, lo que llevó a España a elevar en un 0,4 % del PIB su déficit correspondiente a 2011. Eurostat realizó entonces varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid “podía ser considerado como un ajuste excepcional”, mientras que en el de Valencia, por el contrario, “había razones para preocuparse”, explicó en julio de 2014 la CE.

El déficit oculto de sus propias comunidades justificó los ajustes
El asunto tiene una trascendencia económica por el impacto de la sanción y otro de credibilidad para España, y es significativo que se plasme la multa apenas unas horas antes de que el ministro Luis de Guindos fuera derrotado en su aspiración de presidir el Eurogrupo. Y tiene además otra lectura política, y es que el Gobierno formado por Mariano Rajoy en diciembre de 2011 inició inmediatamente una campaña para hablar de “déficit oculto” dejado por el Gobierno socialista con la que justificar así los recortes y las subidas de impuestos que se habían comprometido a no acometer y que pusieron en marcha desde el inicio de la legislatura. Por ejemplo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría justificó la subida del IRPF y del IVA asegurando que se habían encontrado un déficit superior al esperado. Entre los técnicos de Bruselas fiscalizando las cuentas del PP en Madrid y Valencia para conocer hasta dónde llegaron las desviaciones del déficit y las presiones de los mercados para que España solicitara el rescate financiero, la prima de riesgo se disparó a niveles históricos en el verano de 2012 bajo el Gobierno de Rajoy.

El PP NO descarta una subida de las tasas judiciales para ONG, pymes y empresas. Lo dice el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.  EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.

Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible "a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente".

"A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan –explica el titular de Justicia–. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales".

Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al 100% la Justicia, "más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos".

"Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas", añadió.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. "Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales", insistió.

jueves, 13 de agosto de 2015

Mulet: “El TTIP acabará con todas las D.O. y marcas de calidad de productos valencianos”

El Senador por Compromís, Carles Mulet, ha continuado con la batería de preguntas dirigidas desde el Senado al Gobierno, para alertar sobre los efectos letales del tratado trasatlántico de libre comercio e inversiones (TTIP), sobre el sector agropecuario valenciano, al poder eliminar las “indicaciones geográficas”, marcas y denominaciones de origen protegidas por la legislación comunitaria.

Según ha explicado Mulet “aceptar el TTIP sería aceptar las reglas de juego de EEUU, quien exige la eliminación de las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas, o sea, que se permita a las grandes corporaciones norteamericanas por ejemplo, producir vino “ de la Rioja” o de cualquiera de las Denominaciones de origen o marcas de calidad del País Valencià, arroz DO de València, Xufa de Valencia, tomate de colgar de Alcalá, aceité DO de Valencia, Kaki que la Ribera del Xúquer , Alcachofa de Benicarló, cítricos valencianos (IGP) , Turrón de Alicante y de Xixona, o uva embolsada del VInalopó, por ejemplo”, producción que no se haría en nuestro territorio, sino que serían simple etiquetas de calidad que se podrían poner a productos norteamericanos, cultivados en América, que evidentemente no corresponden a calidades y origen valenciano, y que reventarían nuestro mercado.

EEUU permite en la actualidad a sus productores utilizar nuestras denominaciones, y así se produce un comercio engañoso con los consumidores, y deja a nuestros sectores desprotegidos, ya que hasta ahora podía competir y abrir mercado precisamente gracias a la especificad del producto, a la pequeña escala, pero si otros, desde la industrialización severa, la eliminación de controles de calidad, la producción en masa, pueden vender engañosamente su producto al mismo nivel que el nuestro, se acabó el mercado.

Mulet ha preguntado desde el Senado al Gobierno que, si habiéndose conocido que las denominaciones de origen son consideradas barreras no arancelarias a eliminar por los negociadores de EEUU. ¿Va a permitir el gobierno que la Comisión Europea ponga en peligro el futuro de todos aquellos cuya subsistencia depende de las denominaciones de origen? ¿Va a permitir que toda la producción agroalimentaria se comodifique, cuando se ha estado impulsando desde la Administración durante años el uso de la denominación de origen para evitar la comodificación?

"Comodificación", se entiende como la mercantilización indiscriminada que nos impone el TTIP, y la nueva generación de tratados de comercio e inversiones internacionales, provocará que se traten todos los productos de forma genérica perdiendo todas las características propias del mismo. Por ejemplo, si el turrón de Xixona deja de tener la marca de calidad que le da la denominación de Origen (D. O.) deberá disminuir costes (salarios, calidad de materias primas utilizadas....) para competir con otros productos indiferenciados como el trigo, el arroz... en los que no podemos competir.

En definitiva, la pérdida de la (D. O.) afectará negativamente a la economía artesanal y local, incluso a las tradiciones y la cultura.

lunes, 10 de agosto de 2015

El recorte de las pensiones se acelerará tras 2015: se multiplicará por cinco tras las elecciones


Estas son las medidas que afectan a las pensiones plasmadas en el Programa de Estabilidad para los años 2014-2017 remitido a Bruselas con el que el Gobierno prevé reducir su déficit público.

La ministra de trabajo, Fátima Báñez, presenta la reforma de las pensionesLa carga del recorte se acelerará tras las próximas elecciones. En lo que resta de legislatura, el recorte sumará 2.400 millones de euros, un 7% del total, frente al 45% que se recortará tras las próximas elecciones. El año posterior a las elecciones, el recorte duplicará al de la cita electoral.

El recorte de las pensiones presentado por el Gobierno no es lineal: reserva el grueso de los ahorros para después de las elecciones de 2015, según revelan los cálculos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A partir de esa fecha, la intensidad de los recortes se duplicará. El diseño deja sombras de intencionalidad política entre la oposición. El Ejecutivo justifica ese esquema en una cuestión económica: la hucha de las pensiones se agota en 2025.

La cuenta atrás política: elecciones en 2015

El esquema diseñado por el ministerio de Trabajo reduce los recortes a 2.400 millones de euros (un 7% del total) durante los próximos dos años con los que, teóricamente, se agota la legislatura. Así, el primer año la mengua para los pensionistas sería de 809 millones y de 1.639 el segundo, hasta sumar un recorte acumulado de 2.449 millones en total.

Sin embargo, a partir de 2016, es decir, tras la teórica cita con las urnas si el Ejecutivo apura su mandato, los recortes a los pensionistas se acelerarán de manera considerable. 2016 registrará recortes iguales a los dos años previos a las elecciones y el ritmo se acelerará hasta sumar 15.100 millones en la próxima legislatura y una cantidad similar de 15.390 en la siguiente, un 46% y un 47% respectivamente.


En total, el recorte sumará 17.549 millones en sus seis primeros años y 32.939 en la década para los que está previsto el nuevo sistema. Si el sistema fuera lineal, el recorte para 2014 debería ser del triple de lo previsto y del doble de lo anunciado para 2015.

El calendario económico: la hucha se agotará en 2025

El Ejecutivo justifica el ritmo y el tamaño de los recortes en otra cuenta atrás: la que vive el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, la "hucha" de las pensiones. Según los cálculos de la Seguridad Social, la baja natalidad y el envejecimiento de la población dispararán la tasa de dependencia del 26,1% en 2012 al 45,2% en 2032. El Ejecutivo estima que en el año 2030, la esperanza de vida de los españoles será superior a la actual. 

Como consecuencia de ello, el Gobierno considera que el recurso al Fondo de Reserva irá aumentando hasta drenarlo totalmente en el año 2025 por lo que defiende una solución de incrementos graduales de los recortes a lo largo de la próxima década. La oposición asegura que, precisamente, el colchón hasta 2025 permite dibujar una solución menos drástica que la planteada por el Ejecutivo.


El factor inesperado: la caída de las nóminas

Las dos interpretaciones política y económica, sin embargo, sólo alcanzan hasta el medio plazo. A largo plazo, en las décadas siguientes, las pensiones sufrirán una rebaja natural como consecuencia de un factor inesperado que no está siendo incorporado a ninguno de los cálculos del Pacto de Toledo: la devaluación interna a la que se está sometiendo a las nóminas. La caída de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones tendrá también como resultado una devaluación de las pensiones. Los sueldos han caído en España un 7% desde que comenzó la crisis, según los datos remitidos por el Ejecutivo a la UE. Eso significa que las pensiones a las que dan derecho esas contribuciones también caerán en las próximas décadas a medida que los actuales cotizantes se jubilen con menores rentas.

domingo, 9 de agosto de 2015

El Gobierno no se plantea acabar con la interrumpibilidad por si es necesaria en el futuro



Industria considera que la asignación mediante subastas ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento 

















El Gobierno no se plantea acabar con el mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico, a pesar de que lleva varios años sin activarse, porque podría ser “necesario” en el futuro, y además defiende que el procedimiento de asignación mediante subastas puesto en marcha a finales del año pasado ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento.

Así lo señala en varias respuestas parlamentarias a la diputada socialista Paloma Rodríguez y al de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alvaro Sanz, quienes preguntaron por escrito sobre este asunto, alegando que la potencia instalada en España es superior a la punta de demanda histórica y que, sin embargo, se mantiene un sistema de interrumpibilidad que ha costado unos 3.000 millones de euros desde el año 2008.

En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo explica que la interrumpibilidad “flexibiliza” la operación del sistema eléctrico, permitiendo una “respuesta rápida” ante situaciones de “emergencia” tanto por motivos técnicos como económicos. “Si bien el sistema no se ha utilizado en los últimos años, eso no implica que no pueda ser necesaria la utilización futura del mismo”, añade.

Precios más bajos

Además, recuerda que el sistema de subastas para asignar los bloques de interrumpibilidad a las empresas ha permitido disminuir el coste de este servicio este año, lo que “pone de manifiesto la bondad de este nuevo sistema”, que garantiza un mecanismo “más competitivo y eficiente” con el que mantener la interrumpibilidad “al menor coste posible”.

Finalmente, ante las críticas del impacto que el alto coste de la electricidad tiene sobre la competitividad de las empresas electrointensivas, que pagan tres veces más por la energía en España que en Francia, el Gobierno recuerda que el coste de la electricidad viene determinado por el mix energético y que en el caso galo hay un fuerte componente nuclear que abarata el precio.

No obstante, también recuerda que las empresas instaladas en España que son grandes consumidoras de energía reducen sus gastos precisamente gracias a lo que cobran de la interrumpibilidad y además, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, pueden deducirse un 85% del Impuesto sobre la Electricidad.

Con el incremento de las conexiones internacionales, añade, también habrá una “mayor estabilidad de precios y menores necesidades de potencia instalada”, lo que hace previsible una “bajada de precios que, sin duda, beneficiará al sector industrial”, zanja el Ejecutivo.

sábado, 8 de agosto de 2015

El ministro Fernández recibe en la sede de Interior a un presunto delincuente y charla con él dos horas de forma “cordial”

El Mundo desvela que el titular de Interior, responsable de luchar contra la delincuencia, se reunió en la sede del ministerio con Rodrigo Rato, que tiene tres causas penales abiertas por corrupción.

El exvicepresidiente Rodrigo Rato.  EUROPA PRESSEl titular de Interior, Jorge Fernández, recibió el pasado 22 de julio en la sede del ministerio a Rodrigo Rato. Así lo desvela este sábado el periódico El Mundo, que asegura que el encuentro se produjo a petición del exvicepresidente del Gobierno. Jorge Fernández es el máximo responsable de perseguir la delincuencia en España. Rodrigo Rato tiene tres causas penales abiertas por graves delitos de corrupción.

El periódico afirma, citando fuentes del propio Ministerio del Interior, que la reunión se prolongó durante "cerca de dos horas" y que se celebró en un ambiente de "cordialidad".
Siempre de acuerdo con la versión de El Mundo, las fuentes de Interior consultadas "evitaron situar la entrevista en el plano de la amistad" y al mismo tiempo se negaron a desvelar cuáles habían sido los temas tratados durante la reunión. En otras palabras: no descartaron que Fernández y Rato hayan hablado sobre los presuntos delitos cometidos por este último o sobre la investigación judicial de los mismos.

En Interior destacaron que la investigación sobre Rato no está en manos ni de la Policía ni de la Guardia Civil –cuerpos que forman parte del Ministerio del Interior–, sino de la Agencia Tributaria.

La reunión se produjo el 22 de julio, el mismo día que el exdirigente del PP estaba citado a declarar en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, que hasta ahora investiga el llamado caso Rato. En esta causa está acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Aquel día se negó a declarar alegando que desconocía el informe de Hacienda en el que se le acusa de montar un entramado societario para cometer dichos delitos. Este viernes, el Juzgado de Instrucción 31 decidió enviar el caso a la Audiencia Nacional, al entender que es la competente para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero. El exvicepresidente del Gobierno habría utilizado sociedades en Reino Unido y Alemania para el blanqueo.

En la Audiencia Nacional hay abiertas ya otras dos causas contra Rodrigo Rato: el caso Bankia y el caso de las tarjetas black. Ambas son instruidas por el juez Fernando Andreu.


En la primera causa se investiga la gestión de Rato al frente de la entidad financiera Bankia, que llevó a la quiebra y que tuvo que ser rescatada con más de 23.000 millones de los contribuyentes. El exdirigente del PP está imputado por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

En la segunda causa se investiga la utilización de tarjetas de crédito fiscalmente opacas por parte de los consejeros de Bankia y Caja Madrid. En total, se cargaron con dichas tarjetas 15,5 millones de euros a ambas entidades financieras. En este caso se imputan a Rato los delitos de administración desleal y apropiación indebida


jueves, 6 de agosto de 2015

La Púnica explota en Génova: Zaplana, Floriano o Isabel Carrasco son señalados por los imputados

Los interrogatorios de la 'Púnica' confirman la conexión de algunos de los rostros más influyentes del PP con la trama, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. En las 300 horas de interrogatorios aparecen nombres como los de Eduardo Zaplana, Carlos Floriano, Isabel Carrasco o Marcos Martínez.


La trama Púnica no sólo se asocia con apellidos del PP de Madrid. La onda expansiva salpica a otras plantas de la sede de Génova, más allá de dónde estaban situados estrechos colaboradores de la presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre. Las alrededor de 300 horas de interrogatorios que el juez Eloy Velasco realizó el pasado octubre a los imputados en la Operación Púnica confirman las conexiones existentes entre esta enorme trama de corrupción y varios despachos de dentro y de fuera de la calle Génova.

Los testimonios de las más de 90 personas que fueron citadas en la Audiencia Nacional implican a diversos cargos del Partido Popular de Madrid, pero también de otras autonomías como Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla y León. En las conversaciones entre el magistrado y los implicados aparecen nombres como Eduardo Zaplana, Carlos Floriano o Ignacio Uriarte, con nexos directos con el núcleo duro del partido.

Entre los varios cientos de intervenciones que el juez titular de esta investigación realiza durante los interrogatorios a los imputados y testigos resulta especialmente significativa una que le espeta a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y considerado como el cerebro de la trama: "Creemos que parte del dinero hinchado en esos contratos se lo quedaban y se lo repartían el alcalde, usted y el PP de la CAM", llega a asegurar el juez Velasco en un momento dado de los interrogatorios. Una afirmación que muestra las sospechas que tiene el magistrado de que detrás de esta gigantesca trama de corrupción no sólo puede existir un fin de lucro personal o empresarial, sino también un posible delito de financiación irregular de los populares en Madrid. 

viernes, 24 de julio de 2015

Representantes de PP, PSOE, CIU y UPyD defendiendo el TTIP


6 Mayo 2014, Congreso de los Diputados, declaraciones de los representantes de CIU, PP, PSOE y UPyD en defensa del TTIP:
Jordi Xuclà (CIU) El TTIP es seguramente una de las mejores iniciativas del presidente Obama mirando a Europa. Es un acuerdo ganador-ganador en el fortalecimiento del libre comercio en el mundo libre …-  
Alvaro Anchuelo (UPyD) Hay importantes sectores en los que España es competitiva y pueden mejorar sus intercambios con el TTIP. Podrán mejorar sus intercambios empresas de obras públicas, infraestructuras, o transporte aéreo o servicios financieros donde España tiene importantes multinacionales …
Félix Lavilla (PSOE) – Nosotros decimos “si” al TTIP. Los socialistas tenemos una posición clara porque beneficia a nuestro país, beneficia a la UE... Este tratado tiene un potencial enorme para crear empleo y generar crecimiento en Europa
Maria Miguelez (PP)  – El TTIP es una de las cosas más importantes que comercialmente le sucederá a España. Nosotros creemos en la capacidad de las empresas españolas que están construyendo el metro de Lima o la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow … Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el acuerdo se firme lo antes posible porque creemos que es bueno para España …

Estas alabanzas del TTIP en el Congreso, sin embargo, no son el resultado de que estos partidos quisieran explicar a la población sus beneficios. Estas que hemos leído son las respuestas a una moción presentada por el grupo Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) en la que se pedía, entre otras cosas, que la aprobación del TTIP fuera sometida a referéndum. Ante esta petición CiU, PP, PSOE y UPyD votaron en contra de hacer este referéndum.

Leer más: http://www.cafeambllet.com/ttip/


El PP rechaza suprimir el voto rogado para los emigrantes antes de las elecciones generales (17/06/2015)


El PP rechazó el pasado 17 de junio en la Comisión Constitucional del Congreso una iniciativa de la Izquierda Plural, apoyada por el PSOE, CiU, PNV, UPyD y grupo mixto, para suprimir el voto rogado de los residentes en el exterior antes de las próximas elecciones generales.

El PP dice estar de acuerdo en derogar el voto rogado pero descarta hacerlo antes de los próximos comicios y ha calificado la iniciativa de "demagógica", "electoralista", "no realista" y "no realizable".

El diputado 'popular' Alfredo Prada ha hecho hincapié en que "no se puede reformar la Constitución en un plazo de quince días" y ha propuesto, sin éxito, aprobar únicamente una declaración en favor de buscar el consenso para hacerlo en el futuro.

Tras subrayar que es preciso reformar este sistema, Prada ha defendido que el voto rogado, aunque ha hecho caer la participación, ha conseguido dotar de "seguridad jurídica" y "transparencia" al voto exterior.

A su juicio, lo que "falla" son los "cortos plazos" que da ley electoral y los sistemas de correos, ha dicho, y ha puesto como ejemplo que los catalanes residentes en Estados Unidos no recibieron las papeletas para votar en las últimas elecciones catalanas porque el servicio de correos estaba paralizado por un huracán.




jueves, 23 de julio de 2015

PP y PSOE rechazan someter a referéndum el tratado de libre comercio entre EEUU y la UE (07/05/2014)

El Parlamento Europeo autoriza la ratificación del  Tratado de Comercio de Armas aprobado por ONUIzquierda Unida ha denunciado en múltiples ocasiones que PP y PSOE coinciden en la mayoría de sus votaciones en el Parlamento Europeo o sobre los asuntos relacionados con la política comunitaria. El martes sumaron otra muesca en la cuenta cuando los dos partidos mayoritarios rechazaron en el Congreso someter a referéndum el futuro acuerdo de libre comercio que negocian EE UU y la UE.

La Izquierda Plural (grupo que reúne a IU, ICV-EUiA y CHA) planteó una moción a cuenta de la negociación de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión ( denominado TTIP por sus siglas en inglés). La moción instaba al Gobierno a rechazar el actual proyecto y a que, en cualquier caso, su futura ratificación se someta a la voluntad de los ciudadanos de la unión. En último término pedía que, al menos, la Comisión de Asuntos Exteriores constituyera un trabajo para arrojar luz sobre unas conversaciones que, hasta ahora, se están llevando en secreto.


Los dos primeros puntos fueron rechazados por PP y PSOE, además de por CiU, UPyD y PNV. "Se trata de la creación de un área de libre comercio y no hay participación de la sociedad civil. Las negociaciones se están llevando a cabo a espaldas de la soberanía de los Estados de la UE y queríamos que el Congreso participara", se lamenta la diputada de ICV Laia Ortiz, que critica el acuerdo tanto por el fondo como por las formas con las que se está negociando.

La moción (que se puede consultar íntegra aquí) fue defendida el martes el diputado José Luis Centella y aseguró en la tribuna que "el tratado busca fundamentalmente acabar con la regulación que hay en la UE" y "primar los derechos de los inversores sobre los de los ciudadanos". El secretario general del PCE acusó además a PP y PSOE de teatralizar sus diferencias de cara a las próximas elecciones: "Quienes mandan en la UE, más allá de los rifirrafes de la campaña, son los intereses a los que la socialdemocracia y la derecha europea han supeditado la firma de este tratado".

"La clave está en quién planifica la economía: el BCE y la troika o los parlamentos democráticamente elegidos", aseguró Centella en su alocución, en la que acusó a la UE de intentar poner "las corporaciones al nivel de los Estados" que la conforman. La mano derecha de Cayo Lara en el Congreso reprochó las, en su opinión, falsas cuentas con las que se intenta convencer a la ciudadanía de las bondades del acuerdo. Un beneficio de 500 euros por cada persona de la UE. No decía margallo cómo se repartían esos 500 euros. Por cada 1000 euros que gane Botín, habrá un europeo o europea que no gane nada.

El diputado de IU también conminó al Congreso a que exija al Gobierno que trabaje para que, en todo caso, el futuro acuerdo sea sometido a referéndum en los países miembro de la UE "antes de su ratificación".

Estos dos primeros puntos fueron rechazados por 296 de los 320 diputados presentes. PP y PSOE sumaron sus votos a los de CiU y PNV (que forman parte del grupo liberal en Estrasburgo) y de UPyD. El PSOE quiso presentar una enmienda que no fue aceptada por el grupo que proponía la moción. Ortiz critica el movimiento socialista por ser "un gran acto de hipocresía". "Te hago una enmienda para no decir que estoy en contra. Podrían haber abstenido pero votaron en contra", zanja.

De haber aceptado la enmienda del PSOE no se hubiera podido votar por separado el tercer punto de la moción, que conminaba al Congreso a crear un grupo de trabajo en la Comisión de Asuntos Exteriores "para que en el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en nuestro país". Este tercer punto fue tumbado en solitario por el PP.

Un acuerdo en entredicho


El TTIP ha generado un sinfín de críticas desde que el presidente de EE UU, Barack Obama, anunciara el inicio de unas negociaciones que, de momento, son secretas. "La UE tiene los mejores estándares sociales y medioambientales del mundo y con este pacto, sale perdiendo", asegura Laia Ortiz. Y estos derechos, sostiene La Izquierda Plural, corren serio peligro en caso de que el acuerdo salga adelante.

El tratado incluye además la instauración de un sistema de arbitraje para salvar las diferencias que se produzcan entre empresas y gobiernos que dejaría muchos asuntos al margen de la jurisdicción de los Estados.

Este tipo de resolución de conflictos ya se ha puesto en marcha en otros acuerdos similares que han permitido a grandes corporaciones a cobrar indemnizaciones millonarias por cambios legislativos que contrariaban su negocio. Algo parecido a lo que pedían los promotores de Eurovegas antes de dar la espantada.

La ONG Amigos de la Tierra pone un ejemplo: los 1.770 millones de euros que tuvo que pagar Ecuador a la petrolera Occidental por rescindir el contrato entre ambas después de que la compañía vendiera el 40% de sus derechos de producción a otra sin cumplir la obligación de contar con el consenso del Gobierno.


miércoles, 22 de julio de 2015

El Freno al Cambio. Edición y Narración By RaGLaN

La mejor referencia para saber lo que realmente es un partido es viendo, no lo que dicen, sino lo que votan... Ahora que tenemos algunos ejemplos en ayuntamientos con partidos nuevos, podemos ver los que realmente votan en favor de los ciudadanos y los que votan por sus intereses personales...

lunes, 6 de julio de 2015

El PP se niega a facilitar el voto de 1,9 millones de españoles en el extranjero

Voto_rogado_Londres
Protesta contra el voto rogado organizada por la Marea Granate el pasado 24 de mayo ante el consulado español en Londres. / Facebook de Marea Granate Londres

Ahora que ya sabemos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene más interés en agotar la legislatura que en convocar las elecciones a la vuelta del verano, resulta cuando menos criticable la decisión del PP de impedir que casi dos millones de españoles residentes en el extranjero puedan votar en las próximas elecciones generales. El sistema del “voto rogado” no funciona. De los dos millones de españoles con derecho a voto allende nuestras fronteras, sólo 80.000 pudieron votar en en las elecciones europeas de mayo del año pasado y apenas 100.000 lo han podido hacer en las autonómicas y municipales del 24M.

Este déficit democrático o negativa, de hecho, al derecho al voto, ha llevado a todas las fuerzas parlamentarias, menos el PP, a respaldar en la Comisión Constitucional del Congreso la iniciativa de IU para facilitar el ejercicio del voto a los emigrantes. La Izquierda Plural reclama algo tan razonable como la modificación urgente de la Ley Electoral con el fin de que la solicitud del voto –el llamado “voto rogado”– no sea imprescindible para poder votar. Las solicitudes llegan tarde y los trámites son engorrosos. Los emigrantes, ya sean temporales o permanentes, han de estar inscritos en los consulados para solicitar el voto y poder ejercer su derecho constitucional como electores.

El voto electrónico, que funciona en los países europeos de nuestro entorno, no se ha implantado aquí para los residentes en el extranjero. Tampoco se ha contemplado la creación de una circunscripción electoral en el exterior, incluso con candidatos en la emigración, como ocurre en Francia, Italia y otro países europeos. Estas propuestas aportadas por IU fueron laminadas por la mayoría absoluta del PP: 15 votos frente a 23 en la comisión.

Decía el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto que “el tema nos debería preocupar a todos; son dos millones de personas las que viven en el extranjero, con una participación por debajo del 5 %. No tiene ninguna justificación y hay, además, elementos que agravan esta dificultad de participación, como el coste de los envíos y la obligación de inscribirse en el registro consular, lo que conlleva la baja automática de la sanidad en España”. Los emigrantes acaban llamando al “voto rogado” lo que es en realidad: “el voto robado”.

Aunque el PSOE pactó con el PP e introdujo ese mecanismo la legislatura pasada, con el fin de evitar el fraude –vale recordar que el PP de Jaume Matas en Baleares compró votos en Argentina de supuestos ibicencos que desconocían la existencia de la isla–, su portavoz, Carmela Silva, admitió la supresión de una norma que “dificulta enormemente la capacidad de votar” de los españoles que viven fuera de nuestro país.

El propio Alfredo Prada, portavoz constitucionalista del PP, reconoce que el sistema falla. “Falla en los plazos, en las entregas del voto por correo y en otros detalles de larga enumeración”. En las últimas elecciones, un 10% de los residentes en el extranjero solicitaron el voto, pero sólo la mitad de ellos recibieron las papeletas y pudieron enviar su voto en tiempo y forma. “Hay países de  Latinoamérica en los que sencillamente no existe un sistema público de correos”, constata Prada antes de afirmar que “sería bueno que se reformara el sistema de alguna manera, pero manteniendo la seguridad jurídica y la transparencia”.

Si esto es así y tanto el PSOE como IU apuestan por la derogación del “voto rogado” y la regulación del voto electrónico para que quienes no puedan votar en los consulados puedan hacerlo por correo electrónico, sólo se entiende el rechazo del PP a la modificación urgente de la Ley Electoral porque el voto de los emigrantes no les es propicio. Decenas de miles de jóvenes de la marea granate, desde México a Nueva York, pasando por Francia, Reino Unido,  Alemania y otros países europeos serían poco proclives a quienes han practicado las políticas que les han convertido en exiliados económicos. Y esto los dirigentes del PP lo saben. Ergo, mejor que no voten. Por eso han rechazado la reforma electoral en este punto concreto o, como diría el amargo Ambrose Bierce con una de sus fábulas feroces, han optado por la política ovejuna: había unos perros peleándose por un hueso, pasó una oveja, agarro el hueso y lo tiró al río. “¿Por qué has hecho eso?”, la increparon. “Es que soy vegetariana”, dijo ella.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/07/04/el-pp-se-niega-a-facilitar-el-voto-de-19-millones-de-espanoles-en-el-extranjero/16470

miércoles, 1 de julio de 2015

Un edil del PP acusa al PSOE de estar detrás de 11-M, pide disculpas pero no dimite

Sostiene en su cuenta de Facebook que Zapatero y Rubalcaba "ganaron por los dichosos atentados, cosa que después se ha ido demostrando poco a poco que quien estaba detrás era ETA y el PSOE"

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) informó este martes de que el edil del PP Segundo Ávila ha pedido disculpas por sus "desafortunados comentarios" en una red social en la que manifestaba que "ETA y el PSOE" estuvieron detrás de los atentados del 11-M.


En un comunicado, el Ayuntamiento explica que el portavoz municipal, Jacinto Muñoz (PP), se reunió este martes con Ávila para "pedirle explicaciones por sus desafortunados comentarios".

En este sentido, Ávila manifestó que "pide disculpas por si alguien se ha podido sentir ofendido", pero matiza que "en realidad sólo pretendía, en una conversación privada e informal, resaltar que el atentado del 11-M influyó decisivamente en el resultado electoral de los comicios generales de 2004".

En su entrada en su cuenta, el concejal afirmaba que el PP dejó en 2004 una de las economías más saneadas de Europa, "incluso por encima de Alemania", pero que Mariano Rajoy perdió las elecciones "por una movida del sr Zapatero y el sr Rubalcaba, que ganaron por los dichosos atentados, cosa que después se ha ido demostrando poco a poco que quien estaba detrás era ETA y el PSOE". 

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/30/un_edil_del_acusa_psoe_estar_detras_y_luego_pide_disculpas_34682_1012.html