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miércoles, 2 de septiembre de 2015

El Gobierno deniega a miles de catalanes inscribirse para votar desde el exterior


La Marea Granate denuncia.

Varios consulados como el de Nueva York aseguran que para darse de alta como residentes temporales y acceder así al derecho a voto hay que probar una estancia inferior a seis meses en el país, algo que no está reflejado en ninguna ley. De esta forma, miles de personas se están quedando sin la única vía posible a día de hoy para solicitar el voto para los próximos comicios catalanes del 27 de septiembre.

Con el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) cerrado, la única opción de los emigrantes catalanes para poder votar en septiembre era inscribirse como residentes temporales en sus oficinas consulares correspondientes y así tener derecho a solicitar las papeletas. Sin embargo, cada consulado, de manera arbitraria ha exigido documentación que pruebe la estancia en el país inferior a un número determinado de meses, seis en el caso de Nueva York.

Ante las masivas inscripciones denegadas, la Generalitat preguntó al Ministerio de Exteriores, que ha respondido que “es competencia de cada Oficina Consular decidir, analizadas las cirscunstancias de cada caso concreto, la inscripción como temporal o permanente en el Registro de Matrícula Consular”, aunque la ley no diga nada sobre esto. En concreto, el Real Decreto 3425/2000 en sus artículos 5.1 y 5.3 dice que “Los inscritos como no residentes [temporales] en el Registro de Matrícula Consular causarán baja cuando conste que han abandonado la demarcación consular o cuando haya transcurrido un año desde su solicitud de inscripción. Si, transcurrido un año, hubieran fijado su residencia habitual en la demarcación consular, deberán solicitar su alta como residentes [permanentes]”.

Uno de los casos más llamativos es el del Consulado de España en Nueva York, que en un texto fechado en marzo de 2013, antes de los comicios europeos, ignora la ley y detalla que “las inscripciones como no residentes [temporales] son para estancias inferiores a 6 meses” y está pidiendo documentación imposible de conciliar con los plazos del ruego del voto, como partidas de nacimiento.

Cuando nos exigen probar que “estamos de paso”, que no tenemos pensado quedarnos, que llevamos en el país menos de un tiempo; cuando no informan desde el ministerio la documentación necesaria; cuando obligan a los estudiantes de erasmus y masters a inscribirse como permanentes con la correspondiente pérdida de derechos sanitarios; o cuando impiden a alguien renovar la inscripción temporal porque hace 5 años ya se inscribió en ese mismo consulado, sin importar si esa persona estuvo residiendo en otro sitio, están prevaricando. El Gobierno, prevarica. El gobierno prevarica al dar vía libre a los consulados a llevar a cabo prácticas que atentan contra la actual legislación.

Sólo facilitan el voto a los militares en misión

Por otro lado, la Junta Electoral Central ha reconocido que existe una insuficiencia en los plazos del voto exterior y, por ello, ha aceptado ampliar los tiempos a los militares en misiones internacionales tras una petición del Ministerio de Defensa. Sin embargo, ha declinado la misma petición de la Generalitat para hacer lo propio con los miles de catalanes civiles en el extranjero. Solo en Turquía, por ejemplo, hay un total de 130 militares en misión internacional que tendrán más facilidades para votar en las catalanas (los que estén llamados a hacerlo) que los 280 catalanes civiles inscritos en el padrón de ese país.

Y así, generando ciudadanos de segunda, el número de militares que ejercen su derecho a voto en el exterior no para de incrementarse en cada celebración de comicios mientras que el de los civiles continúa decreciendo.








jueves, 30 de julio de 2015

Elecciones Generales. La Marea Granate denuncia otro cierre del censo para el voto emigrante “sin previo aviso”

Es el primer motivo en la lista de obstáculos que impidieron que más del 75% de los ciudadanos en el exterior no pudieran votar en las pasadas elecciones. El cierre del censo para conseguir el voto rogado está fijado el próximo viernes 31 de julio. Según la Marea Granate, que defiende los intereses de emigrantes del Estado español, denuncia que “la falta de información, la inaccesibilidad de Consulados y los plazos impuestos por el voto rogado” son las causas de la “paupérrima participación electoral de los emigrantes”.

“El censo electoral para las elecciones generales cerrará de nuevo sin aviso institucional”, manifiesta la plataforma, y destaca que, si la fecha de la cita electoral es el 20 de Diciembre, el censo será el vigente a fecha de 31 de julio. “De nuevo, sin información oficial al respecto”.

Con la campaña 'Tú que puedes', anima a periodistas habituales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a realizar la siguiente cuestión a la vicepresidenta,Soraya Sáenz de Santamaría: “¿Va el Gobierno a eliminar el voto rogado para las próximas elecciones generales? En caso negativo, ¿por qué no?”

La marea Granate denuncia que los emigrantes son “ciudadanos de segunda” a los que se impone dificultades para inscribirse en los consulados a distancia “a pesar de nuestras peticiones formales para la homogeneización y facilitación de estos procesos”. Denuncian que dicha demanda aún no ha tenido respuesta. Además, rechazan la aplicación telemática para el ruego de voto, que consideran una “chapuza que dio numerosos problemas y fallos, obligándonos a elaborar una guía para sortearlos, y que ha sido motivo de que muchas personas no hayan podido votar”.

La polémica del voto rogado vuelve a estar en el foco a falta de conocerse la fecha de las elecciones generales, y en las que, de nuevo, alrededor de 1,8 millones de personas residentes en el exterior podrían sumarse a la abstención.

"Se estima que más de 700.000 personas hemos abandonado forzadamente el país en los últimos años, en un éxodo masivo que no deja de aumentar. Una población que le sobra al Gobierno, a la que se ha echado del país y que ve eliminados sus derechos más básicos", denunciaba Marea Granate en eldiario.es tras las elecciones autonómicas y municipales.

viernes, 24 de julio de 2015

El PP rechaza suprimir el voto rogado para los emigrantes antes de las elecciones generales (17/06/2015)


El PP rechazó el pasado 17 de junio en la Comisión Constitucional del Congreso una iniciativa de la Izquierda Plural, apoyada por el PSOE, CiU, PNV, UPyD y grupo mixto, para suprimir el voto rogado de los residentes en el exterior antes de las próximas elecciones generales.

El PP dice estar de acuerdo en derogar el voto rogado pero descarta hacerlo antes de los próximos comicios y ha calificado la iniciativa de "demagógica", "electoralista", "no realista" y "no realizable".

El diputado 'popular' Alfredo Prada ha hecho hincapié en que "no se puede reformar la Constitución en un plazo de quince días" y ha propuesto, sin éxito, aprobar únicamente una declaración en favor de buscar el consenso para hacerlo en el futuro.

Tras subrayar que es preciso reformar este sistema, Prada ha defendido que el voto rogado, aunque ha hecho caer la participación, ha conseguido dotar de "seguridad jurídica" y "transparencia" al voto exterior.

A su juicio, lo que "falla" son los "cortos plazos" que da ley electoral y los sistemas de correos, ha dicho, y ha puesto como ejemplo que los catalanes residentes en Estados Unidos no recibieron las papeletas para votar en las últimas elecciones catalanas porque el servicio de correos estaba paralizado por un huracán.




lunes, 6 de julio de 2015

El PP se niega a facilitar el voto de 1,9 millones de españoles en el extranjero

Voto_rogado_Londres
Protesta contra el voto rogado organizada por la Marea Granate el pasado 24 de mayo ante el consulado español en Londres. / Facebook de Marea Granate Londres

Ahora que ya sabemos que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene más interés en agotar la legislatura que en convocar las elecciones a la vuelta del verano, resulta cuando menos criticable la decisión del PP de impedir que casi dos millones de españoles residentes en el extranjero puedan votar en las próximas elecciones generales. El sistema del “voto rogado” no funciona. De los dos millones de españoles con derecho a voto allende nuestras fronteras, sólo 80.000 pudieron votar en en las elecciones europeas de mayo del año pasado y apenas 100.000 lo han podido hacer en las autonómicas y municipales del 24M.

Este déficit democrático o negativa, de hecho, al derecho al voto, ha llevado a todas las fuerzas parlamentarias, menos el PP, a respaldar en la Comisión Constitucional del Congreso la iniciativa de IU para facilitar el ejercicio del voto a los emigrantes. La Izquierda Plural reclama algo tan razonable como la modificación urgente de la Ley Electoral con el fin de que la solicitud del voto –el llamado “voto rogado”– no sea imprescindible para poder votar. Las solicitudes llegan tarde y los trámites son engorrosos. Los emigrantes, ya sean temporales o permanentes, han de estar inscritos en los consulados para solicitar el voto y poder ejercer su derecho constitucional como electores.

El voto electrónico, que funciona en los países europeos de nuestro entorno, no se ha implantado aquí para los residentes en el extranjero. Tampoco se ha contemplado la creación de una circunscripción electoral en el exterior, incluso con candidatos en la emigración, como ocurre en Francia, Italia y otro países europeos. Estas propuestas aportadas por IU fueron laminadas por la mayoría absoluta del PP: 15 votos frente a 23 en la comisión.

Decía el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto que “el tema nos debería preocupar a todos; son dos millones de personas las que viven en el extranjero, con una participación por debajo del 5 %. No tiene ninguna justificación y hay, además, elementos que agravan esta dificultad de participación, como el coste de los envíos y la obligación de inscribirse en el registro consular, lo que conlleva la baja automática de la sanidad en España”. Los emigrantes acaban llamando al “voto rogado” lo que es en realidad: “el voto robado”.

Aunque el PSOE pactó con el PP e introdujo ese mecanismo la legislatura pasada, con el fin de evitar el fraude –vale recordar que el PP de Jaume Matas en Baleares compró votos en Argentina de supuestos ibicencos que desconocían la existencia de la isla–, su portavoz, Carmela Silva, admitió la supresión de una norma que “dificulta enormemente la capacidad de votar” de los españoles que viven fuera de nuestro país.

El propio Alfredo Prada, portavoz constitucionalista del PP, reconoce que el sistema falla. “Falla en los plazos, en las entregas del voto por correo y en otros detalles de larga enumeración”. En las últimas elecciones, un 10% de los residentes en el extranjero solicitaron el voto, pero sólo la mitad de ellos recibieron las papeletas y pudieron enviar su voto en tiempo y forma. “Hay países de  Latinoamérica en los que sencillamente no existe un sistema público de correos”, constata Prada antes de afirmar que “sería bueno que se reformara el sistema de alguna manera, pero manteniendo la seguridad jurídica y la transparencia”.

Si esto es así y tanto el PSOE como IU apuestan por la derogación del “voto rogado” y la regulación del voto electrónico para que quienes no puedan votar en los consulados puedan hacerlo por correo electrónico, sólo se entiende el rechazo del PP a la modificación urgente de la Ley Electoral porque el voto de los emigrantes no les es propicio. Decenas de miles de jóvenes de la marea granate, desde México a Nueva York, pasando por Francia, Reino Unido,  Alemania y otros países europeos serían poco proclives a quienes han practicado las políticas que les han convertido en exiliados económicos. Y esto los dirigentes del PP lo saben. Ergo, mejor que no voten. Por eso han rechazado la reforma electoral en este punto concreto o, como diría el amargo Ambrose Bierce con una de sus fábulas feroces, han optado por la política ovejuna: había unos perros peleándose por un hueso, pasó una oveja, agarro el hueso y lo tiró al río. “¿Por qué has hecho eso?”, la increparon. “Es que soy vegetariana”, dijo ella.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2015/07/04/el-pp-se-niega-a-facilitar-el-voto-de-19-millones-de-espanoles-en-el-extranjero/16470

jueves, 25 de junio de 2015

Las cifras no cuadran

El Gobierno minimiza deliberadamente los datos de la emigración española

25/06/2015.- El Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente de la  Secretaría de Estado de Economía, difundió este jueves los datos de emigración española de 2014: según este organismo, 78.785 españoles abandonaron España el año pasado. Sin embargo, tras recopilar información de tan solo una decena de países sobre el número de españoles inscritos en los sistemas de seguridad social y otros organismos locales, Marea Granate llega a los 89.209 emigrados.
El Gobierno del Partido Popular minimiza constantemente las cifras reales de emigración, no solo ofreciendo datos falsos, como hizo el presidente Mariano Rajoy en el último Debate del Estado de la Nación al hablar de 24.638 jóvenes emigrados desde 2011,  sino manteniendo una metodología alejada de la realidad para el recuento estadístico de los flujos migratorios, con la que el INE “olvida”, por ejemplo, a más de 16.500 españoles en Alemania o divide por cinco el número real de emigrantes españoles llegados en 2014 a Reino Unido.
Esto se debe a que el INE elabora su estadística a partir del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE),  con la información proporcionada por los consulados; sin embargo, ignora un segundo tipo de registro consular, el del ERTA (españoles residentes temporales en el extranjero) y decide obviar la realidad de que no todo el mundo que se marcha del país se registra en las oficinas diplomáticas, aunque sí en organismos locales como la seguridad social. 
Marea Granate ha llegado a la conclusión, tras recopilar información de una decena de países sobre el número de españoles inscritos en los sistemas de seguridad social y otros organismos locales, de que el INE subestima los datos reales, que en ocasiones son hasta diez veces superiores a los contabilizados por el instituto español*.
El desfase de datos
Marea Granate ha recopilado información de la seguridad social y de los padrones locales de Reino Unido, Alemania, Austria, Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Islandia, Uruguay y Noruega. En todos ellos, el dato local de inmigrantes españoles es superior al ofrecido por España**.  
Uno de los casos más paradigmáticos es el de Reino Unido**, donde la entidad que registra el número de personas que han obtenido el National Insurance Number (NIN), imprescindible para acceder a los servicios sanitarios y para trabajar, cifra en 50.260 las inscripciones de españoles en 2014, frente a los 9.797 que se habrían marchado a vivir a ese país según el organismo español. De esta forma, según el país aglosajón, un total de 134 españoles al día se marcha a tierras inglesas; según el INE, solo 26.
Otro caso relevante es el de Alemania**, donde existe otro desfase evidente entre los datos del INE y los datos del Gobierno alemán, sobre todo a partir del inicio de la crisis. A día de hoy, el organismo español ha “perdido” por el camino a más de 16.000 españoles residentes en Alemania. 
En Uruguay, el INE declara un total de 668 emigrantes españoles llegados en 2014 mientras que el Ministerio del Interior uruguayo afirma que aterrizaron para quedarse 6.462, casi diez veces más. En Irlanda, donde España habla de 722 españoles emigrados el año pasado, en realidad se expidieron 5.195 “PPS number” a ciudadanos españoles para permitirles trabajar en ese país. En Estados Unidos, donde el INE contabiliza a 10.028 emigrantes en 2013, los norteamericanos registraron 13.610.  Y la lista sigue.
El Gobierno es consciente del baile de cifras
El Ejecutivo español conoce sobradamente las cifras de emigrantes y su magnitud. Prueba de ello es el informe publicado en 2013 por el Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, analizando las características y tendencias de los movimientos migratorios de la población española en los años de la crisis, y en el que reconoce el desfase entre las cifras proporcionadas por el INE a través del PERE y los datos oficiales de cada país**.
Tras un nuevo año de emigración masiva a causa de las pésimas políticas económicas y sociales aplicadas en nuestro país, desde Marea Granate queremos denunciar que el Gobierno continúa ocultando deliberadamente las cifras de ciudadanos forzados a marcharse, y seguir recordando la pérdida de derechos que supone emigrar al inscribirnos en los registros oficiales del Gobierno.
Creemos que es tarea y responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística analizar sus datos con rigor científico y desde la neutralidad política. Consideramos que sus cifras se acercarían considerablemente a las reales si pusiera en práctica un ejercicio tan básico como es el triangulado de los datos con diversas fuentes, que por otro lado son de muy fácil acceso, tal y como demuestra Marea Granate.
Por último, ante el desfase demostrable y conocido entre las cifras reales de emigración y las ofrecidas por dicho organismo, exigimos al Gobierno que haga un tratamiento adecuado de los estudios de migraciones de referencia que le permita ajustar sus políticas a las necesidades de la poblacion residente en el exterior; una poblacion que no deja de aumentar, año tras año, en una sangría contínua.
* Los datos del INE en los que se basa Marea Granate corresponden a la resta entre el PERE de 2014 y 2013, para conocer el incremento de cada año.
** Ver tablas al final de la NdP













































domingo, 21 de junio de 2015

PP = Gobierno de vergüenza. Los jóvenes exiliados tampoco podrán votar en las elecciones generales

A pesar del manifiesto fracaso de la reforma de la Ley Electoral de 2011, que modificaba las condiciones para poder ejercer el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, y cuyo resultado fue el desplome de la participación de más de un 30% a menos de un 5%, el Partido Popular se ha negado una vez más a reconsiderar una nueva modificación que facilite la participación antes de las próximas elecciones generales.

El procedimiento del conocido como “voto rogado” (o “voto robado”, según la Marea Granate), debido a que los emigrantes deben solicitar el voto antes de poder ejercerlo mediante un dificultoso sistema plagado de errores administrativos y tras tener que registrarse en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) –perdiendo el derecho a la atención sanitaria en España con ello–, continuará existiendo en los próximos comicios y, con él, la baja participación.

Tan solo la voluntad política del Gobierno con su mayoría absoluta, como hicieron constar la mayoría de los grupos políticos en la Comisión Constitucional del pasado miércoles, habría bastado para hacer posible el inicio de un procedimiento de urgencia que permitiera cumplir los plazos a tiempo antes de la disolución de las Cámaras, pero el rechazo del PP a una iniciativa de la Izquierda Plural, apoyada por PSOE, CIU, PNV, UPyD y Grupo Mixto, ha dado al traste con el derecho constitucional de cerca de 2 millones de españoles.

El debate sobre la supresión del ‘voto rogado’ no es nuevo, la iniciativa de IU ya fue presentada en mayo de 2014 antes de la elecciones europeas, tras las que se confirmó que solo un 4,2% de los emigrantes españoles pudieron votar, un cifra muy similar a la de las pasadas elecciones autonómicas. En su proposición no de ley, el ponente Ricardo Sixto, además de la derogación del ‘voto rogado’, incluía medidas como la implementación del voto electrónico, la creación de una circunscripción electoral exterior, la simplificación del proceso del voto por correo, la ampliación de los plazos y una mayor información más clara y más concisa para facilitar el proceso de voto desde el extranjero.

En esta ocasión, la Izquierda Plural, en busca de un consenso amplio, ha aceptado incluir una enmienda del PSOE que dejaba al Gobierno la iniciativa de presentar un proyecto de ley y tramitarlo, por vía de urgencia y en lectura única, en un plazo de quince días, algo a lo que el PP se ha negado a pesar de reconocer el fracaso de participación de la reforma legislativa. 

Para el portavoz del PP, Alfredo Prada, la reforma de la ley electoral es correcta porque ha conseguido el supuesto objetivo de garantizar la seguridad y luchar contra el fraude, y aunque el descenso en la participación es evidente, lo único que falla en el sistema “son los cortos plazos para la solicitud que establece la LOREG y, sobre todo, el funcionamiento de los servicios de correos en otros países, especialmente en Latinoamérica”, donde, según él, si en el sobre no se especifica que la dirección del destinatario “es enfrente del bar tal, el cartero no sabe dónde tiene que llevar el sobre”. 

Prada ha calificado la propuesta de Sixto de “electoralista y demagógica” para justificar su votación en contra. Como respuesta, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha dicho en su intervención haber “comprobado”, tras un trabajo intenso con emigrantes españoles en el extranjero, “que el voto rogado solo beneficia a un determinado partido político, que es el que está gobernando y tiene posibilidades de que el voto rogado esté vinculado a determinadas posiciones de favor o favorecimiento”. 


sábado, 23 de mayo de 2015

Sin voz ni voto. Marea granate 24M Manifestación global contra el #VotoRogadoVotoRobado

Marea Granate saldrá a la calle mañana 24 de mayo para reclamar el voto robado a miles de emigrantes españoles/as

El próximo 24 de mayo, Marea Granate ha convocado a los/as emigrantes españoles/as a concentrarse frente a consulados y embajadas de España en todo el mundo para protestar contra el sistema de voto rogado, que desde su implantación ha impedido ejercer el derecho fundamental al sufragio a miles de españoles/as residentes en el extranjero.


Bajo el lema “Sin voz ni voto”, el mismo día de las elecciones autonómicas y municipales en España, varios cortejos fúnebres simularán el entierro del sufragio universal frente a las delegaciones diplomáticas españolas, como muestra simbólica del dramático deterioro que ha sufrido el derecho a voto de los/as emigrantes españoles/as.
Por el momento, 34 ciudades de Europa, América Latina, Oceanía, Estados Unidos y África se han sumado a la convocatoria para para denunciar este nuevo “sufragio censitario”.
Las protestas de este domingo forman parte de la campaña que Marea Granate puso en marcha a principios de 2014 coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo y que se ha intensificado en este año electoral para denunciar las trabas administrativas impuestas por la Ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada a finales de 2010 por el PSOE con los votos a favor del PP, CiU y BNG y vigente desde 2011. Una ley supuestamente ultragarantista y que en la práctica han servido para reducir drásticamente la participación electoral de los/as emigrantes españoles/as.

Las cifras
En las elecciones generales de 2011, las primeras desde la entrada en vigor de esta ley, la participación electoral de los/as españoles/as residentes en el exterior cayó a menos de un 5%, frente a los comicios generales de 2008, en los que votó un 32%: más de 25 puntos de diferencia. En las pasadas elecciones europeas, el bajón en la participación electoral se repitió: del 14% al 1,8%, y en las autonómicas andaluzas del pasado 22 de marzo, solo el 3,8% de los emigrantes andaluces consiguió votar.
Los datos sorprenden más si se tiene en cuenta que el número de españoles/as residentes en el extranjero ha aumentado un 48% desde el estallido de la crisis en 2008, hasta situarse en 1,8 millones, según el último estudio demográfico publicado en marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y este informe solo contabiliza a los/as emigrantes inscritos/as en los consulados.

Las irregularidades
En los últimos meses, Marea Granate ha recibido cientos de cartas de emigrantes que se encontraban completamente desinformados o fuera de plazo porque los censos se habían cerrado sin previo aviso. Se presume, porque ya pasó en las anteriores elecciones europeas y andaluzas, que en esta recta final habrá a quienes sus papeletas no les llegarán a tiempo pese a cumplir con los estrictos plazos que establece la ley, pero ésta es solo una de las decenas de irregularidades que nos han llegado. Las quejas van desde la falta de información por parte de los consulados y del Ministerio de Exteriores sobre los plazos para inscribirse y rogar el voto, hasta las malas praxis en las instancias consulares, que ofrecen informaciones inexactas o directamente falsas a quienes acudían a registrarse para poder votar en este año electoral.
Marea Granate considera que las trabas para votar no están solo relacionadas con la ley electoral, sino que el gobierno, intencionalmente, está tratando de desincentivar la participación electoral de los emigrantes, con medidas como la “interpretación restrictiva” del derecho a registrarse como residente temporal en un consulado y la obligación de hacerlo como residente permanente, perdiendo al mismo tiempo el derecho a votar en las elecciones municipales y la cobertura sanitaria en España.


Por todo ello, el 24 de mayo, día en que muchos/as de nosotros/as no podremos votar, pediremos una vez más la derogación del voto rogado. Porque no somos ciudadanos/as de segunda: no al voto rogado, no al voto robado.



miércoles, 20 de mayo de 2015

"Mi Voto Me Lo Robaron" #SinVozNiVoto

Denuncia de la Marea Granate 

La reforma de la Ley Electoral aprobada en 2011 por el Gobierno del PSOE con el apoyo del PP y CIU dificulta hasta límites de lo absurdo el derecho a voto de los españoles que residen en el extranjero. La pasividad del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante esta situación pone en tela de juicio su interés por defender los derechos fundamentales de los españoles que emigran y que en marzo de 2015 sumaban 2,18 millones según el INE, un 48% más que en 2009.

Ante esta situación, Marea Granate NY ha escenificado en clave de humor la situación mediante el vídeo "Mi Voto Me Lo Robaron".






La plataforma ha convocado concentraciones frente a embajadas y consulados españoles por todo el mundo para el próximo domingo, 24 de mayo, en protesta contra el sistema de voto rogado de este colectivo, algo que comenzó a aplicarse en 2011, y que afecta a los más de dos millones de españoles que están fuera del país.