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lunes, 14 de septiembre de 2015

NO al Toro de la Vega. PODEMOS


@EuroPodemos - @LolaPodemos 
Podemos, Parlamento Europeo

Manifiesto contra festivales de tortura animal
-STOP TORO DE LA VEGA-


La violencia extrema contra los animales sigue siendo habitual en algunas fiestas y espectáculos en el Estado español. Ningún caso es tan flagrante como el del torneo del Toro de la Vega, celebrado en septiembre en la localidad de Tordesillas, en Castilla y León.


La abrumadora mayoría de la sociedad española rechaza contundentemente este cruel espectáculo en que un toro es perseguido, acosado y alanceado hasta la muerte. Además de despreciar la vida y el dolor del animal, la fiesta legitima un modelo de relación con la naturaleza basado en el abuso de poder y en la tortura como espectáculo y fuente de diversión.

Decía Ganghi que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden medirse por la forma en que trata a sus animales ¿a qué clase de sociedad aspiramos? ¿qué Europa estamos construyendo? Cada vez más personas aspiramos a una Europa que se responsabilice y respete de la vida y el sufrimiento de los animales.

El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Comunidad Europea y los Estados miembros deben tener en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo “ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”. Excluir una práctica como el “Toro de la Vega” de este principio general es injustificable puesto que un valor tan básico como la condena de la tortura de un animal no admite excepción alguna.

Exigimos que se retire cualquier excepción que impida que se respete el bienestar de los animales como seres sensibles tal y que promueva la crueldad contra los animales como una forma de entretenimiento. El texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe aplicarse estrictamente y, así, prohibirse el “Toro de la Vega” porque la tortura no es cultura.

miércoles, 2 de septiembre de 2015

El Gobierno deniega a miles de catalanes inscribirse para votar desde el exterior


La Marea Granate denuncia.

Varios consulados como el de Nueva York aseguran que para darse de alta como residentes temporales y acceder así al derecho a voto hay que probar una estancia inferior a seis meses en el país, algo que no está reflejado en ninguna ley. De esta forma, miles de personas se están quedando sin la única vía posible a día de hoy para solicitar el voto para los próximos comicios catalanes del 27 de septiembre.

Con el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) cerrado, la única opción de los emigrantes catalanes para poder votar en septiembre era inscribirse como residentes temporales en sus oficinas consulares correspondientes y así tener derecho a solicitar las papeletas. Sin embargo, cada consulado, de manera arbitraria ha exigido documentación que pruebe la estancia en el país inferior a un número determinado de meses, seis en el caso de Nueva York.

Ante las masivas inscripciones denegadas, la Generalitat preguntó al Ministerio de Exteriores, que ha respondido que “es competencia de cada Oficina Consular decidir, analizadas las cirscunstancias de cada caso concreto, la inscripción como temporal o permanente en el Registro de Matrícula Consular”, aunque la ley no diga nada sobre esto. En concreto, el Real Decreto 3425/2000 en sus artículos 5.1 y 5.3 dice que “Los inscritos como no residentes [temporales] en el Registro de Matrícula Consular causarán baja cuando conste que han abandonado la demarcación consular o cuando haya transcurrido un año desde su solicitud de inscripción. Si, transcurrido un año, hubieran fijado su residencia habitual en la demarcación consular, deberán solicitar su alta como residentes [permanentes]”.

Uno de los casos más llamativos es el del Consulado de España en Nueva York, que en un texto fechado en marzo de 2013, antes de los comicios europeos, ignora la ley y detalla que “las inscripciones como no residentes [temporales] son para estancias inferiores a 6 meses” y está pidiendo documentación imposible de conciliar con los plazos del ruego del voto, como partidas de nacimiento.

Cuando nos exigen probar que “estamos de paso”, que no tenemos pensado quedarnos, que llevamos en el país menos de un tiempo; cuando no informan desde el ministerio la documentación necesaria; cuando obligan a los estudiantes de erasmus y masters a inscribirse como permanentes con la correspondiente pérdida de derechos sanitarios; o cuando impiden a alguien renovar la inscripción temporal porque hace 5 años ya se inscribió en ese mismo consulado, sin importar si esa persona estuvo residiendo en otro sitio, están prevaricando. El Gobierno, prevarica. El gobierno prevarica al dar vía libre a los consulados a llevar a cabo prácticas que atentan contra la actual legislación.

Sólo facilitan el voto a los militares en misión

Por otro lado, la Junta Electoral Central ha reconocido que existe una insuficiencia en los plazos del voto exterior y, por ello, ha aceptado ampliar los tiempos a los militares en misiones internacionales tras una petición del Ministerio de Defensa. Sin embargo, ha declinado la misma petición de la Generalitat para hacer lo propio con los miles de catalanes civiles en el extranjero. Solo en Turquía, por ejemplo, hay un total de 130 militares en misión internacional que tendrán más facilidades para votar en las catalanas (los que estén llamados a hacerlo) que los 280 catalanes civiles inscritos en el padrón de ese país.

Y así, generando ciudadanos de segunda, el número de militares que ejercen su derecho a voto en el exterior no para de incrementarse en cada celebración de comicios mientras que el de los civiles continúa decreciendo.








lunes, 31 de agosto de 2015

#TarifazoEléctrico La luz sube un 76% en una década: el usuario medio paga 400 € anuales más que en 2005

FACUA responsabiliza de la descomunal subida a las nefastas políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.


























En sólo diez años, el recibo de la luz ha subido un 76% para el usuario medio, que ha pagado en los últimos doce meses 400 euros más que en 2005. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que responsabiliza de la descomunal subida a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, plegadas a los intereses de las grandes eléctricas.

Con las tarifas vigentes entre agosto de 2014 y julio de 2015, el usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad (una media de 77,43 euros mensuales), frente a los 529,32 (44,11 al mes) que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004. Según los análisis de FACUA sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas, el usuario medio en España consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW.

FACUA advierte de que tras las nefastas políticas energéticas de los gobiernos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha provocado la bajada de las tarifas y ni tan siquiera su congelación. Con la tarifa media del pasado julio, el usuario medio paga 81,18 euros mensuales, un 9,7% por encima de los 73,99 euros de julio de 2011.

La asociación denuncia que la brutal subida tarifaria pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico. Se trata de un lobby que viene dictando las políticas energéticas en España y que hoy lidera el ranking de denuncias de los consumidores por fraude junto a las compañías de telecomunicaciones y la banca, según los últimos balances anuales de FACUA.

FACUA lleva años reclamando que el Gobierno intervenga el sector eléctrico y regule una tarifa basada en el coste real de la producción energética en el mercado mayorista, lo que provocaría una importante bajada. Asimismo, la asociación demanda medidas regulatorias para proteger los intereses de las familias con mayores dificultades económicas, a fin de evitar los cientos de miles de cortes de luz por impago que se producen cada año.

La evolución de las tarifas en las legislaturas de Aznar, Zapatero y Rajoy

Cuando Aznar llegó por primera vez al poder, en mayo de 1996, el recibo medio estaba en 52,06 euros mensuales. Al finalizar la legislatura, en abril de 2000, se situaba en 44,63 euros. Cuando dejó el Gobierno, en abril de 2004, la luz suponía 44,11 euros mensuales. Sin embargo, FACUA señala que la bajada tarifaria no fue más que una fórmula populista para hacer creer que su modelo de liberalización estaba trayendo consecuencias positivas para los usuarios.

Los dos primeros gobiernos del PP establecieron un sistema por el que las tarifas debían fijarse en función de las decisiones que adoptasen las grandes eléctricas en el mercado mayorista de la electricidad. Pero mediante una estrategia de maquillaje, decidieron contener las subidas dictadas por el oligopolio eléctrico aplicando tarifas por debajo de lo que determinaba el mercado, advierte FACUA. Con ello, se comenzó a generar una deuda, conocida como déficit de tarifa, que tendría que ser compensada posteriormente con importantes incrementos en las tarifas.

Los gobiernos del PSOE no modificaron sustancialmente el modelo de liberalización emprendido por el PP, sino que le aplicaron meros retoques, con medidas desacertadas y caóticas como la fórmula de fijación de tarifas mediante subasta o la imposición de la facturación mensual pese a que la lectura de los contadores seguía siendo bimestral.

Cuando Zapatero logró la presidencia del Gobierno, en abril de 2004, la factura del usuario medio estaba en 44,11 euros mensuales, y al finalizar su primera legislatura, en abril de 2008, se situaba ya en 50,20 euros. Al terminar su segundo periodo de Gobierno, en diciembre de 2011, el recibo alcanzaba los 78,64 euros mensuales (los usuarios pagaron ese mes 73,99 euros, pero posteriormente una sentencia del Supremo determinó que el Ejecutivo había vulnerado durante varios meses la legislación del sector al frenar las subidas dictadas por el mercado y obligó a pagar las diferencias).

Casi trascurridos los cuatro años de la legislatura de Rajoy, con las tarifas del pasado julio, la factura del usuario medio está en 81,18 euros mensuales.

En una década, el kW ha subido un 150,1% y el kWh un 66,2%

En julio de 2015, el precio del kW de potencia contratada es un 150,1% más caro que el vigente durante 2005. Ha pasado de 1,78 euros (1,46 más el 21,93% de impuestos indirectos) a 4,46 euros (3,50 más el 27,19% de ii).

En lo que se refiere al precio de la energía consumida, ha subido un 66,2% en una década. En 2005, el kWh estaba en 10,12 céntimos (8,30 más impuestos) y este julio suponía 16,82 céntimos por kWh (13,23 más impuestos).

martes, 2 de junio de 2015

La Oficina Antifraude de la UE nunca investigó a Podemos

La OLAF, el órgano investigativo de la Comisión Europea, asegura que lo único que hizo fue estudiar una denuncia, posteriormente “desestimada”

Pablo Iglesias dice que Podemos "condena la actividad de ETA"

“Lamentamos que la gente acuda a la prensa antes que a nosotros”, indica el director general, Giovanni Kessler

La Oficina Antifraude de la Unión Europea, más conocida como OLAF, ha confirmado este martes que la supuesta investigación contra Podemos por mal uso de fondos en el Parlamento Europeo, aireada en la prensa española, nunca existió. Más aún: lo que hubo fue una denuncia que fue “desestimada”, confirmando de paso lo que eldiario.es publicó el 11 de abril.

Así se ha expresado el director general, Giovanni Kesler, durante la tradicional rueda de prensa sobre la actividad de OLAF en 2014. Kessler, que no ha querido dar demasiados detalles de ningún caso concreto, sí ha avanzado algo más sobre la supuesta investigación a Podemos: “Desestimamos el caso. No había ningún elemento sustancial para lanzar una investigación”.

Hasta ahora era fácil encontrar a eurodiputados de otros partidos resaltando que Podemos estaba siendo investigado por la Oficina Antifraude, que depende de la Comisión Europea, aunque es un órgano independiente. Partían de una información nunca corroborada que fue ampliamente difundida por otros medios, empezando por El Confidencial, según la cual la formación liderada por Pablo Iglesias, que obtuvo cinco escaños en las elecciones europeas de 2014, habría contratado asesores locales con dinero comunitario con el que habría realizado labores para el propio partido en España, es decir, ajenas a la actividad bruselense.

“Lamento que la gente acuda a la prensa antes que a nosotros”, ha agregado Kessler. Con esta apostilla, Kessler ha venido a decir que lo que hace la OLAF es estudiar todas las denuncias que le llegan (unas 1.500 en 2014 aproximadamente); probablemente alguien envió una denuncia a la OLAF contra Podemos y posteriormente se puso en contacto con los medios. Pero nunca hubo investigación ni sospecha como tal.

Lo que sí ha confirmado es que hay investigaciones en marcha que afectan a otros partidos, sin precisar cuáles ni de qué nacionalidad. Actualmente la OLAF investiga al Frente Nacional francés por un posible fraude de 7,5 millones de euros distribuidos entre 29 de los asistentes de sus 23 eurodiputados.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Oficina-Antifraude-UE-investigo-Podemos_0_394411372.html

sábado, 30 de mayo de 2015

4 grandes empresas españolas en la Lista Negra del trabajo esclavo en la India.

Decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas menores incluso de 15 años, trabajan en la industria textil asentada en el estado de Tamil Nadu en la India.


Aquí producen gigantes del sector como Zara y Bershka (Inditex), Carrefour España, el Corte Inglés, Cortefiel, PrimarkBenetton o H&M , entre otros. 
La actividad de esta producción no se detiene ni uno solo de los 365 días que tiene el año. Los turnos de trabajo son de 68 horas semanales, el ambiente es insalubre, y no se goza de derecho laboral básico alguno, ni bajas por enfermedad, ni movimiento sindical. Y todo ello por 1,3 euros al día.
Con todo lo expuesto no es muy incorrecto tachar dichas condiciones de explotación laboral, incluso esclavitud laboral.

A las niñas y jóvenes se les recluta, laboralmente hablando, entre los 14 y los 20 años. La mayoría son Dalit, también conocidos como “intocables“. Las empresas envían reclutadores a las zonas más pobres del estado y allí convencen a los padres para que envíen a sus hijas a trabajar, con promesas de buen salario, opciones de escolarización, 3 comidas diarias y una paga extra a los 3 años para costear su dote y contraer matrimonio.

El informe “Tejidos defectuosos” publicado el pasado octubre por la ONGd holandesa Centre for research on Multinational Corporations, especializada en escrutar los estándares éticos de las grandes multinacionales, saca los colores a gigantes mundiales de la moda por aprovecharse de esta situación promoviendo graves violaciones de derechos humanos y laborales.
El citado informe es resultado de 3 años de investigación, incluyendo entrevistas a unas 150 trabajadoras anónimas.


Una de las principales complicaciones para luchar contra esta situación es la falta de transparencia en la cadena de fabricación de los productos, lo que dificulta muchísimo la trazabilidad e impide conocer las empresas intermediarias y el exigir responsabilidades. En el caso de las grandes compañías de la moda, último nivel antes de la venta:

“Apenas proporcionan información acerca de sus proveedores, lo que hace muy dificil exigir responsabilidades. La responsabilidad de las grandes firmas se extiende más allá de sus proveedores de primer nivel, hasta los segundos y terceros niveles, incluyendo las macrofactorías de Tamil Nadu.”

Super Spinning Mills Ltd. es una de las 5 megafactorías estudiadas en la región. Suministra cantidades ingentes de hilo de algodón a diferentes compañías, todas con sede en Bangladesh. Una de estas compañías es Cotton Club, que pertenece a Mondol Group y a Fariha Knit Tex, que a su vez es propiedad del Grupo Asrotex, uno de los principales proveedores de Inditex, Cortefiel, el Corte Inglés y Carrefour España.

Por su parte, Inditex afirma que hace ya tiempo obligó a su proveedor en Bangladesh, Cotton Club, a dejar de trabajar con Super Spinning Mills Ltd., sin embargo, en la web de Mondol Group, propietaria de Cotton Club, continúan figurando las empresas españolas como clientes.

El resto de compañías afirman trabajar de una manera ética y rechazar frontalmente cualquier atentado contra los derechos humanos o laborales también.


sábado, 23 de mayo de 2015

Sin voz ni voto. Marea granate 24M Manifestación global contra el #VotoRogadoVotoRobado

Marea Granate saldrá a la calle mañana 24 de mayo para reclamar el voto robado a miles de emigrantes españoles/as

El próximo 24 de mayo, Marea Granate ha convocado a los/as emigrantes españoles/as a concentrarse frente a consulados y embajadas de España en todo el mundo para protestar contra el sistema de voto rogado, que desde su implantación ha impedido ejercer el derecho fundamental al sufragio a miles de españoles/as residentes en el extranjero.


Bajo el lema “Sin voz ni voto”, el mismo día de las elecciones autonómicas y municipales en España, varios cortejos fúnebres simularán el entierro del sufragio universal frente a las delegaciones diplomáticas españolas, como muestra simbólica del dramático deterioro que ha sufrido el derecho a voto de los/as emigrantes españoles/as.
Por el momento, 34 ciudades de Europa, América Latina, Oceanía, Estados Unidos y África se han sumado a la convocatoria para para denunciar este nuevo “sufragio censitario”.
Las protestas de este domingo forman parte de la campaña que Marea Granate puso en marcha a principios de 2014 coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo y que se ha intensificado en este año electoral para denunciar las trabas administrativas impuestas por la Ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada a finales de 2010 por el PSOE con los votos a favor del PP, CiU y BNG y vigente desde 2011. Una ley supuestamente ultragarantista y que en la práctica han servido para reducir drásticamente la participación electoral de los/as emigrantes españoles/as.

Las cifras
En las elecciones generales de 2011, las primeras desde la entrada en vigor de esta ley, la participación electoral de los/as españoles/as residentes en el exterior cayó a menos de un 5%, frente a los comicios generales de 2008, en los que votó un 32%: más de 25 puntos de diferencia. En las pasadas elecciones europeas, el bajón en la participación electoral se repitió: del 14% al 1,8%, y en las autonómicas andaluzas del pasado 22 de marzo, solo el 3,8% de los emigrantes andaluces consiguió votar.
Los datos sorprenden más si se tiene en cuenta que el número de españoles/as residentes en el extranjero ha aumentado un 48% desde el estallido de la crisis en 2008, hasta situarse en 1,8 millones, según el último estudio demográfico publicado en marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y este informe solo contabiliza a los/as emigrantes inscritos/as en los consulados.

Las irregularidades
En los últimos meses, Marea Granate ha recibido cientos de cartas de emigrantes que se encontraban completamente desinformados o fuera de plazo porque los censos se habían cerrado sin previo aviso. Se presume, porque ya pasó en las anteriores elecciones europeas y andaluzas, que en esta recta final habrá a quienes sus papeletas no les llegarán a tiempo pese a cumplir con los estrictos plazos que establece la ley, pero ésta es solo una de las decenas de irregularidades que nos han llegado. Las quejas van desde la falta de información por parte de los consulados y del Ministerio de Exteriores sobre los plazos para inscribirse y rogar el voto, hasta las malas praxis en las instancias consulares, que ofrecen informaciones inexactas o directamente falsas a quienes acudían a registrarse para poder votar en este año electoral.
Marea Granate considera que las trabas para votar no están solo relacionadas con la ley electoral, sino que el gobierno, intencionalmente, está tratando de desincentivar la participación electoral de los emigrantes, con medidas como la “interpretación restrictiva” del derecho a registrarse como residente temporal en un consulado y la obligación de hacerlo como residente permanente, perdiendo al mismo tiempo el derecho a votar en las elecciones municipales y la cobertura sanitaria en España.


Por todo ello, el 24 de mayo, día en que muchos/as de nosotros/as no podremos votar, pediremos una vez más la derogación del voto rogado. Porque no somos ciudadanos/as de segunda: no al voto rogado, no al voto robado.