El
Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado este jueves la revisión
periódica de derechos humanos en España, conocida como Examen Periódico
Universal, basada en las 189 recomendaciones que los estados habían hecho a
España sobre este tema a principios de año.
Allí,
no solo han participado los estados, sino también diferentes organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que han tenido la oportunidad de ‘regañar’
y reprochar directamente a España sobre asuntos de derechos humanos. Esto es lo
que han dicho algunas de ellas:
El Consejo de Europa ha subrayado tres retos a los que
España se está enfrentando. “Los deficientes procesos de asilo y asuntos
relacionados con la inmigración ilegal; discriminación étnica por parte de las
autoridades; y las condiciones de detención como resultado de prisiones
superpobladas”.
La Federación Internacional de
Derechos Humanos ha
exigido a España “reconocer el derecho a la justicia, verdad, no repetición y
compensación a las víctimas de violaciones de derechos humanos bajo la
dictadura de Franco” así como “revocar la Ley de Amnistía”. “España debería
aplicar el principio de justicia universal y permitir a sus juzgados perseguir
crímenes internacionales cometidos fuera de España”, ha añadido.
El Servicio Internacional de
Derechos Humanos y Rights International
Spain (RIS), por su parte, han mostrado su preocupación en torno a la
Ley de Seguridad Ciudadana, la cual “criminalizará el ejercicio del derecho de
reunión pacífica”. “Esta ley podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias y
ser usada para cercenar el derecho de reunión".
En
este sentido, Amnistía
Internacional también
ha querido expresar su preocupación en torno a la Ley de Seguridad Ciudadana,
ya que “no reconocerá el derecho a manifestaciones espontáneas”. Por otro lado
también ha señalado que el Gobierno “continúa evitando que las personas que
huyen de violaciones de derechos humanos accedan a los procesos efectivos de
asilo”. Por último, ha aprovechado su intervención para recordar que “la
impunidad por violaciones pasadas sigue siendo un problema”.
La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos ha
querido destacar que “España no ha aceptado las recomendaciones [planteadas por
otros estados] exigiendo al gobierno evaluar el impacto de las medidas de
austeridad en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.
También ha insistido en los problemas que plantea la Ley de Seguridad
Ciudadana, que “limitará el derecho a manifestarse de forma pacífica”.
Cáritas Internacional ha llamado la atención sobre los siguientes temas:
“Garantías de acceso a la justicia a los no nacionales en Ceuta y Melilla, el
establecimiento de remedios contra la discriminación racial y étnica, la
criminalización de la pobreza y la asistencia a las víctimas del tráfico y
violencia sexual”.
Por
su parte, Save The
Children ha recordado
que en España hay “más de 2 millones y medio de niños que viven bajo el umbral
de la pobreza y que están siendo perjudicados por las reformas políticas y los
recortes presupuestarios”.
Por
último, el Centro de Derechos
Económicos y Sociales ha
remarcado que “la crisis económica ha tenido un efecto adverso en los
inmigrantes” y ha exigido a España “permitir su acceso sin discriminación a los
servicios sociales”.
Además,
España ha recibido una recomendación para crear un Comité Interministerial de
Derechos Humanos y se han valorado positivamente los pasos que se han tomado
para identificar el mejor modelo para llevarlo a cabo.
