El reportero y la presentadora de un programa de actualidad de la TV privada griega "MEGA" interrumpen y cortan a un pensionista que expresaba una opinión favorable al gobierno de Syriza.
El reportero incluso le aparta empujándolo con el brazo en el momento en que el anciano no dice lo que esperaban oír.
viernes, 3 de julio de 2015
El acuerdo internacional secreto TiSA dejará los contratos públicos en manos de las multinacionales
El tratado clandestino entre 50 países contempla acabar de facto con la preferencia nacional en la contratación pública y obligar a los Estados a conceder licitaciones por criterios puramente económicos, cerrando la puerta a considerar parámetros sociales o criterios de interés público o de defensa de derechos o del medio ambiente
Una alfombra roja a las grandes empresas para que se hagan con los contratos públicos de más de cincuenta Estados, a los que impone criterios para conceder licitaciones: así es el TiSA, el acuerdo que tejen la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, incluidos varios paraísos fiscales, de espaldas a la ciudadanía, y que supone un nuevo golpe sobre el tablero global de los poderes económicos neoliberales.
El nivel de secretismo sobre este pacto es tal que los acuerdos alcanzados entre ese medio centenar de países, todavía en negociación, serán mantenidos en secreto al menos hasta cinco años después de su ratificación, para la que aún no hay fecha. Sin embargo, la última filtración de Wikileaks a la que Público ha tenido acceso en exclusiva para España confirma y amplía las informaciones ya publicadas en este diario hace apenas unas semanas (en colaboración con otros nueve medios de comunicación de otros tantos países, desde Islandia a Australia y de Uruguay a Alemania), que incidían en el carácter antidemocrático del acuerdo.
Así, el Apéndice del Anexo sobre Contratación Pública que impulsa la UE junto a otros tres países –y frente al que ninguno de los otros participantes se opone formalmente en este texto– pretende establecer un marco de obligado cumplimiento para los Estados firmantes que obligará a los gobiernos nacionales, autonómicos y locales a publicitar todos los procesos de licitación de contratos públicos asegurando que todas las empresas de los países firmantes puedan concursar para hacerse con ellos.
Las corporaciones de cualquiera de los países firmantes deberán concurrir en igualdad de condiciones, y los Estados se verán obligados a dejar de lado las consideraciones de su propia industria nacional y los posibles criterios sociales o ecológicos a la hora de otorgar estos contratos. El TiSA sólo permitirá concedérselos a la compañías que ofrezcan los precios más bajos, y por tanto a las multinacionales más poderosas, que afrontan menores costes de producción.
"Las partes [por Estados] deberán asegurar que los contratos se conceden a los proveedores de servicios que, a juicio de la entidad encargada de determinarlo, sean capaces de cumplir las condiciones del contrato, y que han aceptado la oferta más ventajosa o con menor precio, basándose únicamente en la evaluación de los criterios especificados en la documentación aportada en la oferta", reza el texto, que no aclara qué entiende por "más ventajosa", pero que no contempla otras opciones, como dar portazo a empresas que no respeten los derechos humanos.
La negociación mantiene el lenguaje ambiguo y poco concreto de otros documentos del Trade in Services Agreement (TiSA), que dejan la puerta abierta a usar este marco normativo para cualquier tipo de servicios, ya que en casos como el de este anexo no se especifica que ningún sector quede fuera del paraguas de este pacto.
El documento, sin fechar y con una extensión de apenas un par de folios, insiste hasta la saciedad en que los Estados deberán asegurar que cualquier empresa incluso al otro lado del mundo tenga acceso a la información con los "detalles esenciales" sobre el servicio a contratar, las condiciones de participación y "cualquier otra información que los concurrentes puedan razonablemente necesitar para decidir si participar en el concurso".
Los países deberán establecer los criterios de contratación en base a "especificaciones técnicas basadas en los estándares internacionales", según el texto, que establece también la necesidad de garantizar la "imparcialidad" de las concesiones, acotando "periodos de tiempo apropiados" para concurrir, y garantizando la "transparencia" en las actuaciones de los respectivos Gobiernos, pese a ser un acuerdo internacional que se pretende mantener en secreto.
El documento al que ha tenido acceso este diario recoge que siempre que la legislación nacional de un Estado permita revisar estas licitaciones, las empresas podrán exigir a las autoridades competentes explicaciones sobre por qué sus ofertas no han sido seleccionadas:
"Cuando una legislación nacional facilite un procedimiento de revisión, una entidad de contratación [pública] deberá, bajo demanda, ofrecer a un proveedor no seleccionado una explicación de los motivos por los cuales esa entidad no escogió su oferta y las ventajas relativas de las ofertas de los proveedores que han sido seleccionados, con el detalle suficiente como para que permita la revisión de esa decisión, a petición de un proveedor no seleccionado", reza el Apéndice al Anexo sobre Contratación Pública.
El texto insiste incluso en que la "imparcialidad" y la "transparencia" de los Gobiernos debe servir para evitar "conflictos de intereses", para prevenir prácticas corruptas y para "asegurar que el mercado está abierto a la competencia".
La Comisión Europea habla como la única voz de los 28 Estados miembro en las negociaciones, en las que también participan paraísos fiscales como Suiza o Panamá. Mientras la sociedad civil y algunas formaciones políticas alertan del peligro que entrañan acuerdos como el TiSA o el TTIP (UE-EEUU), negociados en la sombra, la Comisión Europea, que preside Jean-Claude Juncker, evita dar información sobre estos pactos.
Juncker –quien fue primer ministro de Luxemburgo cuando este país facilitó la evasión fiscal masiva de grandes multinacionales, conocida gracias a los LuxLeaks– defiende con razonamientos genéricos que esos tratados secretos servirán para crear empleo y riqueza, pero no entra al fondo de la cuestión y evita dar detalles sobre dichos acuerdos, considerados por sus detractores como las últimas ofensivas neoliberales para blindar con leyes el poder que hoy ya tienen las corporaciones.
jueves, 2 de julio de 2015
Archivada la querella contra Guillermo Zapata
El juez de la Audiencia Nacional señala que la conducta del concejal del Ayuntamiento de Madrid no se incluye "en tipo penal alguno"
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado hoy la querella contra Guillermo Zapata, concejal del Ayuntamiento por Ahora Madrid, por un supuesto delito de humillación de las víctimas del terrorismo. Según afirma el magistrado, “es del todo imposible incardinar [la conducta de Zapata] en precepto penal alguno”, en relación a los mensajes que publicó en Twitter en 2011, consistentes en chistes negros sobre Irene Villa y las víctimas del holocausto en una conversación con el director Nacho Vigalondo sobre los límites del humor. El juez ha retirado la citación para que Zapata e Irene Villa declararan ante el juzgado el próximo 7 de julio. Pedraz ha decidido archivar la causa después de que la propia Villa remitiera un escrito a la Audiencia Nacional explicando que no se sentía humillada por el contenido de las publicaciones en la red social del concejal madrileño.
Guillermo Zapata fue querellado por la organización Dignidad y Justicia pocos días después de que Ahora Madrid tomara posesión del gobierno de la ciudad, tras una campaña en medios de comunicación que comenzó el día siguiente de la investidura. Zapata dimitió de su cargo como concejal adscrito al área de Cultura, aunque mantuvo su cargo de concejal en el Ayuntamiento. Dignidad y Justicia le acusó de un delito de menosprecio a las víctimas, contemplado en el artículo 578 del Código Penal –antes penado con hasta dos años de cárcel pero que, con la entrada en vigor de la reforma sobre delitos de terrorismo del Código Penal, aumenta su pena máxima hasta los tres años de prisión–.
El pasado 15 de enero, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez archivó la querella, presentada también por Dignidad y Justicia, contra el humorista de La Tuerka Facu Díaz a raíz de el sketch 'El PP se disuelve'. Bermúdez señaló en su escrito que "con independencia de que guste o no, éste [en referencia al humor negro] no desacredita, menosprecia o humilla a las víctimas del terrorismo".
miércoles, 1 de julio de 2015
Filtrado un estudio del propio FMI que afirma que es imposible que Grecia pague su deuda
Grecia se enfrentaría a un nivel insostenible de la deuda en 2030, aunque cumpla todas las recomendaciones de la Troika, de acuerdo con documentos inéditos recopilados por sus tres principales acreedores.
Según publicaba este martes el diario británico The Guardian, los documentos elaborados por la llamada troika de prestamistas, formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, apoyan el argumento de Tsipras de que Grecia necesita un alivio sustancial de la deuda para una recuperación económica duradera.
Según estos textos, incluso después de 15 años de un supuesto fuerte crecimiento sostenido, el país se enfrentaría a un nivel de deuda que el Fondo Monetario Internacional considera insostenible.
Los documentos muestran que los cálculos de base del FMI, en el mejor de los casos y si todo funciona correctamente (cosa harto improbable), la deuda de Grecia seguiría suponiendo el 118% del PIB en 2030, aunque se registre al paquete de reformas tributarias y de gasto exigido. Una cifra que se sitúa muy por encima del 110% que el FMI consideraba sostenible dado el perfil de la deuda de Grecia, según el nivel establecido en 2012. La deuda del país es actualmente del 175% del PIB y es probable que siga aumentando, puesto que no ha dejado de hacerlo en los últimos años.
Es más, los documentos admiten que bajo el escenario base, el hacer “concesiones significativas” es necesario para mejorar las posibilidades de que Grecia se libre definitivamente de sus problemas de financiación.
Incluso en el mejor de los casos, lo que incluye el crecimiento de 4% al año durante los próximos cinco años, el nivel de deuda griega se colocaría en el 124%, en 2022 según el documento de los acreedores. El mejor de los casos también contempla 15 mil millones de ingresos en privatizaciones, cinco veces más que la estimación en el escenario más probable.
Pero de todas maneras, en el muy probable escenario de un tercer programa de rescate, según la troika, Grecia no conseguiría el objetivo de reducir su deuda a “muy por debajo de 110% del PIB en 2022″ establecido por el Eurogrupo de ministros de Finanzas en noviembre de 2012.
Estas proyecciones pertenecen al informe llamado Análisis Preliminar de la Sostenibilidad de la Deuda para Grecia, uno de los seis documentos que forman parte de la serie completa de los materiales que componen la propuesta “final” enviado a Grecia por sus acreedores el pasado viernes.
Estos documentos, a los que ha tenido acceso The Guardian, fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung después de que estos se enviara a todos los diputados alemanes para que votaran a favor del acuerdo en una previsible consulta en parlamento alemán. Sin embargo, esta votación nuca se dio en el Bundestag porque el primer ministro griego, Alexis Tsipras, rechazó los planes y llamó a un referéndum nacional sobre la conveniencia de aceptar las demandas de los acreedores.
Si bien el análisis pone de relieve el hecho de que Grecia ya se ha beneficiado de una serie de medidas de reducción de la deuda –vencimientos que se han ampliado, pagos de intereses que son similares a los de los países menos endeudados o el recorte de la deuda en 2012 en alrededor de 100 mil millones de euros- el documento también admite que son necesarias “concesiones significativas” (quitas) para mejorar la sostenibilidad.
Pero a pesar de la admisión de los prestamistas de que Grecia no puede prosperar sin alivio de la deuda, los documentos no aportan claridad sobre cómo debería ser un tercer paquete de medidas, ni proporcionan ningún detalle sobre un tercer programa de rescate, suponiendo que exista una. Prometen solo un análisis de la sostenibilidad más detallado sostenibilidad en el momento oportuno.
Los documentos también arrojan luz sobre el paquete de inversión de 35.000 millones de euros que varios gobiernos, incluido el de Alemania, dijeron haber ofrecido a Grecia la semana pasada.
Un segundo documento muestra que la oferta hecha a Grecia es tremendamente injusta, mucho menor que lo sugerido por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel. El dinero ofrecido a Grecia es un dinero al que puede tener acceso cualquier país miembro de la UE y que también le corresponde a Grecia. El motivo de que Grecia no haya podido acceder a ese dinero se encuentra en que se requiere una cofinanciación del 15% del país receptor, que Grecia no puede permitirse. Debido a esto, Grecia tiene sumas no utilizadas que le corresponden de sus 38 mil millones de euros desde 2007 hasta 2013.
Un tercer documento describe las “necesidades de financiación y el proyecto de calendario de desembolsos vinculados a la realización de la quinta revisión”, explicando cómo Grecia habría recibido 15 mil millones de euros para cumplir con sus obligaciones hasta el final de noviembre.
El dinero habría sido entregado en cinco tramos a partir de junio (tan pronto como el Parlamento griego aprobó las propuestas) para cubrir las necesidades de financiación de Grecia. Sin embargo, el 93% de los fondos se habría ido directamente a cubrir el costo de la deuda que vence por la duración de la prórroga.
Los documentos restantes que se han filtrado cubren los aspectos básicos de las acciones que se espera que sean adoptadas por Grecia en contrapartida por un nuevo rescate por parte de la troika.
El plan se basa en un objetivo de superávit primario de 1%, 2%, 3% y 3,5% del PIB en 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente (ambas partes están de acuerdo en estos objetivos). Depende sobre todo de que Grecia suba la recaudación del IVA y que esto produzca unos ingresos adicionales del 1% del PIB y una reforma del sistema de pensiones que suponga un ahorro de 1% del PIB en 2016.
- La propuesta sugiere ampliar la base tributaria del tramo máximo del 23%, incluyendo restaurantes, y catering.
-También quieren dejar un único tipo reducido del 13% para cubrir un conjunto limitado de bienes, que incluye la energía, los alimentos básicos, hoteles y agua (con exclusión de las aguas residuales).
-Desean eliminar completamente el tramo del 6% super reducido.
Los acreedores desean sólo un sistema de IVA de dos niveles.
En cuanto a las pensiones, que han sido el punto más conflictivo en las negociaciones, el plan exige las siguientes reformas:
-Crear una fuerte desincentivación a la jubilación anticipada, incluyendo penalizaciones.
-Subir los impuestos a las jubilaciones a los 67 años del 6% al 10%.
-Asegurarse de que todos los fondos de pensiones complementarios solamente se financian con aportaciones propias.
-Poco a poco eliminar el subsidio de solidaridad (EKAS) para todos los pensionistas con el fin de que desaparezca en diciembre de 2019. Esta medida comenzaría inmediatamente para el 20% de los beneficiarios con los detalles para la eliminación que se acuerden con las instituciones.
-Congelar las pensiones contributivas mensuales garantizadas hasta 2021.
-Proporcionar a las personas que se jubilen después del 30 de junio de 2015 las pensiones básicas en su totalidad solo si se jubilan a los 67 años.
-Aumentar las contribuciones para Sanidad de los pensionistas del 4% al 6% de media y extenderlo a las pensiones complementarias.
Por otro lado, los acreedores también quieren subir el impuesto de sociedades del 26% al 28%, mientras Grecia desea recaudar más en este punto alcanzando el 29%.
Sin embargo, este lunes Juncker insistía -falsamente- en que estas medidas no constituían un recorte en las pensiones. También sugería que Grecia podría ofrecer propuestas alternativas siempre y cuando fueran “lo suficientemente concretas y cuantificables”.
Un edil del PP acusa al PSOE de estar detrás de 11-M, pide disculpas pero no dimite
Sostiene en su cuenta de Facebook que Zapatero y Rubalcaba "ganaron por los dichosos atentados, cosa que después se ha ido demostrando poco a poco que quien estaba detrás era ETA y el PSOE"
El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) informó este martes de que el edil del PP Segundo Ávila ha pedido disculpas por sus "desafortunados comentarios" en una red social en la que manifestaba que "ETA y el PSOE" estuvieron detrás de los atentados del 11-M.
El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) informó este martes de que el edil del PP Segundo Ávila ha pedido disculpas por sus "desafortunados comentarios" en una red social en la que manifestaba que "ETA y el PSOE" estuvieron detrás de los atentados del 11-M.
En un comunicado, el Ayuntamiento explica que el portavoz municipal, Jacinto Muñoz (PP), se reunió este martes con Ávila para "pedirle explicaciones por sus desafortunados comentarios".
En este sentido, Ávila manifestó que "pide disculpas por si alguien se ha podido sentir ofendido", pero matiza que "en realidad sólo pretendía, en una conversación privada e informal, resaltar que el atentado del 11-M influyó decisivamente en el resultado electoral de los comicios generales de 2004".
En su entrada en su cuenta, el concejal afirmaba que el PP dejó en 2004 una de las economías más saneadas de Europa, "incluso por encima de Alemania", pero que Mariano Rajoy perdió las elecciones "por una movida del sr Zapatero y el sr Rubalcaba, que ganaron por los dichosos atentados, cosa que después se ha ido demostrando poco a poco que quien estaba detrás era ETA y el PSOE".
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/30/un_edil_del_acusa_psoe_estar_detras_y_luego_pide_disculpas_34682_1012.html
Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/30/un_edil_del_acusa_psoe_estar_detras_y_luego_pide_disculpas_34682_1012.html
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