domingo, 9 de agosto de 2015

El Gobierno no se plantea acabar con la interrumpibilidad por si es necesaria en el futuro



Industria considera que la asignación mediante subastas ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento 

















El Gobierno no se plantea acabar con el mecanismo de interrumpibilidad del sistema eléctrico, a pesar de que lleva varios años sin activarse, porque podría ser “necesario” en el futuro, y además defiende que el procedimiento de asignación mediante subastas puesto en marcha a finales del año pasado ha abaratado su coste y ha flexibilizado su funcionamiento.

Así lo señala en varias respuestas parlamentarias a la diputada socialista Paloma Rodríguez y al de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Alvaro Sanz, quienes preguntaron por escrito sobre este asunto, alegando que la potencia instalada en España es superior a la punta de demanda histórica y que, sin embargo, se mantiene un sistema de interrumpibilidad que ha costado unos 3.000 millones de euros desde el año 2008.

En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo explica que la interrumpibilidad “flexibiliza” la operación del sistema eléctrico, permitiendo una “respuesta rápida” ante situaciones de “emergencia” tanto por motivos técnicos como económicos. “Si bien el sistema no se ha utilizado en los últimos años, eso no implica que no pueda ser necesaria la utilización futura del mismo”, añade.

Precios más bajos

Además, recuerda que el sistema de subastas para asignar los bloques de interrumpibilidad a las empresas ha permitido disminuir el coste de este servicio este año, lo que “pone de manifiesto la bondad de este nuevo sistema”, que garantiza un mecanismo “más competitivo y eficiente” con el que mantener la interrumpibilidad “al menor coste posible”.

Finalmente, ante las críticas del impacto que el alto coste de la electricidad tiene sobre la competitividad de las empresas electrointensivas, que pagan tres veces más por la energía en España que en Francia, el Gobierno recuerda que el coste de la electricidad viene determinado por el mix energético y que en el caso galo hay un fuerte componente nuclear que abarata el precio.

No obstante, también recuerda que las empresas instaladas en España que son grandes consumidoras de energía reducen sus gastos precisamente gracias a lo que cobran de la interrumpibilidad y además, desde la entrada en vigor de la reforma fiscal, pueden deducirse un 85% del Impuesto sobre la Electricidad.

Con el incremento de las conexiones internacionales, añade, también habrá una “mayor estabilidad de precios y menores necesidades de potencia instalada”, lo que hace previsible una “bajada de precios que, sin duda, beneficiará al sector industrial”, zanja el Ejecutivo.

sábado, 8 de agosto de 2015

El ministro Fernández recibe en la sede de Interior a un presunto delincuente y charla con él dos horas de forma “cordial”

El Mundo desvela que el titular de Interior, responsable de luchar contra la delincuencia, se reunió en la sede del ministerio con Rodrigo Rato, que tiene tres causas penales abiertas por corrupción.

El exvicepresidiente Rodrigo Rato.  EUROPA PRESSEl titular de Interior, Jorge Fernández, recibió el pasado 22 de julio en la sede del ministerio a Rodrigo Rato. Así lo desvela este sábado el periódico El Mundo, que asegura que el encuentro se produjo a petición del exvicepresidente del Gobierno. Jorge Fernández es el máximo responsable de perseguir la delincuencia en España. Rodrigo Rato tiene tres causas penales abiertas por graves delitos de corrupción.

El periódico afirma, citando fuentes del propio Ministerio del Interior, que la reunión se prolongó durante "cerca de dos horas" y que se celebró en un ambiente de "cordialidad".
Siempre de acuerdo con la versión de El Mundo, las fuentes de Interior consultadas "evitaron situar la entrevista en el plano de la amistad" y al mismo tiempo se negaron a desvelar cuáles habían sido los temas tratados durante la reunión. En otras palabras: no descartaron que Fernández y Rato hayan hablado sobre los presuntos delitos cometidos por este último o sobre la investigación judicial de los mismos.

En Interior destacaron que la investigación sobre Rato no está en manos ni de la Policía ni de la Guardia Civil –cuerpos que forman parte del Ministerio del Interior–, sino de la Agencia Tributaria.

La reunión se produjo el 22 de julio, el mismo día que el exdirigente del PP estaba citado a declarar en el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, que hasta ahora investiga el llamado caso Rato. En esta causa está acusado de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Aquel día se negó a declarar alegando que desconocía el informe de Hacienda en el que se le acusa de montar un entramado societario para cometer dichos delitos. Este viernes, el Juzgado de Instrucción 31 decidió enviar el caso a la Audiencia Nacional, al entender que es la competente para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero. El exvicepresidente del Gobierno habría utilizado sociedades en Reino Unido y Alemania para el blanqueo.

En la Audiencia Nacional hay abiertas ya otras dos causas contra Rodrigo Rato: el caso Bankia y el caso de las tarjetas black. Ambas son instruidas por el juez Fernando Andreu.


En la primera causa se investiga la gestión de Rato al frente de la entidad financiera Bankia, que llevó a la quiebra y que tuvo que ser rescatada con más de 23.000 millones de los contribuyentes. El exdirigente del PP está imputado por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

En la segunda causa se investiga la utilización de tarjetas de crédito fiscalmente opacas por parte de los consejeros de Bankia y Caja Madrid. En total, se cargaron con dichas tarjetas 15,5 millones de euros a ambas entidades financieras. En este caso se imputan a Rato los delitos de administración desleal y apropiación indebida


jueves, 6 de agosto de 2015

La Púnica explota en Génova: Zaplana, Floriano o Isabel Carrasco son señalados por los imputados

Los interrogatorios de la 'Púnica' confirman la conexión de algunos de los rostros más influyentes del PP con la trama, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. En las 300 horas de interrogatorios aparecen nombres como los de Eduardo Zaplana, Carlos Floriano, Isabel Carrasco o Marcos Martínez.


La trama Púnica no sólo se asocia con apellidos del PP de Madrid. La onda expansiva salpica a otras plantas de la sede de Génova, más allá de dónde estaban situados estrechos colaboradores de la presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre. Las alrededor de 300 horas de interrogatorios que el juez Eloy Velasco realizó el pasado octubre a los imputados en la Operación Púnica confirman las conexiones existentes entre esta enorme trama de corrupción y varios despachos de dentro y de fuera de la calle Génova.

Los testimonios de las más de 90 personas que fueron citadas en la Audiencia Nacional implican a diversos cargos del Partido Popular de Madrid, pero también de otras autonomías como Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla y León. En las conversaciones entre el magistrado y los implicados aparecen nombres como Eduardo Zaplana, Carlos Floriano o Ignacio Uriarte, con nexos directos con el núcleo duro del partido.

Entre los varios cientos de intervenciones que el juez titular de esta investigación realiza durante los interrogatorios a los imputados y testigos resulta especialmente significativa una que le espeta a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y considerado como el cerebro de la trama: "Creemos que parte del dinero hinchado en esos contratos se lo quedaban y se lo repartían el alcalde, usted y el PP de la CAM", llega a asegurar el juez Velasco en un momento dado de los interrogatorios. Una afirmación que muestra las sospechas que tiene el magistrado de que detrás de esta gigantesca trama de corrupción no sólo puede existir un fin de lucro personal o empresarial, sino también un posible delito de financiación irregular de los populares en Madrid. 

miércoles, 5 de agosto de 2015

TTIP: Bruselas ve "viable" un acuerdo durante la administración Obama


Bruselas ve "viable" un acuerdo durante la administración Obama
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo hoy que es "viable" cerrar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EEUU durante la administración del presidente Barack Obama y por ello concede gran importancia a las próximas reuniones en otoño.


"Si trabajamos duro y si hay una posibilidad, haremos todo lo que podamos para finalizar y cerrarlo durante 2016", señaló Malmström en una rueda de prensa en la que anunció un acuerdo político sobre un pacto de libre comercio entre la UE y Vietnam.


"Este es el escenario optimista, pero es viable", agregó la comisaria de Comercio, quien anunció que se reunirá en septiembre en Washington con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Michael Froman, para preparar la próxima ronda de negociaciones en octubre, la undécima tras la que tuvo lugar en julio en Bruselas.

Malmström espera abordar con Froman cómo avanzar en "todas" las áreas de negociación, con la idea de entrar en una "fase más política" que técnica en septiembre.

La ronda de la negociación en octubre, y probablemente otra en diciembre, "serán instrumentales para asegurar que todo esté sobre la mesa" para alcanzar un acuerdo o principio de acuerdo, señaló.

Malmström recordó que Washington está todavía finalizando su Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), pero dispone por parte del Congreso de la autoridad de promoción comercial o "fast track" para que negocie acuerdos internacionales de comercio sin someterlos al proceso de enmiendas y sólo pronunciándose a favor o en contra.

Por el lado comunitario, la CE dispone del respaldo de la Eurocámara "a su línea" de negociación y Malmström trabaja asimismo en una nueva propuesta para un mecanismo de resolución de disputas Estado-inversor (ISDS, en inglés).

Este capítulo está "congelado" entre la UE y EEUU, pero "puede ser reabierto durante el otoño", explicó la comisaria.

El ISDS es uno de los capítulos que más controversia ha generado en sectores políticos y de la sociedad civil en la negociación en curso de un acuerdo de libre comercio e inversiones entre la UE y EEUU (TTIP), ante la posibilidad de que mine la capacidad de los Estados de legislar frente a los intereses de inversores extranjeros.

Preguntada por si EEUU ha mostrado alguna disposición de hacer concesiones, como eliminar la controvertida cláusula "Buy American", que exige el uso de acero y hierro estadounidense para las obras públicas financiadas por el plan, o abrir su mercado en cuanto a las licitaciones públicas, Malmström dijo que en unas negociaciones ambas partes tienen que ceder.

"En cuanto a los servicios, tiene que haber un dar y tomar por parte de nosotros y de EEUU. Estamos dispuestos a hacer una nueva ronda de propuestas comenzando en otoño. Si abrimos nuestros mercados, EEUU tiene que hacer lo mismo", recalcó.

En lo relativo a los contratos públicos, ambas partes aún no han empezado a abordar este tema, pero esperan hacerlo este otoño.

"No me hago ninguna ilusión de que "Buy American" será abandonada simplemente por parte de EEUU. Pero lo que hemos pedido es excepciones, alguna apertura de los mercados", indicó la comisaria.

"Estamos siendo bastante ofensivos en este aspecto. Nuestros mercados están más abiertos que los suyos, de manera que se necesita un reajuste y por ello buscamos concesiones por parte de EEUU", agregó Malmström. 

martes, 4 de agosto de 2015

La patronal, insaciable, pide más “flexibilidad” en los despidos y los salarios




Los empresarios preparan un documento con sus propuestas a los partidos de cara a las generales 


La patronal pone a punto la propuesta que presentará a los políticos con el objetivo 
de que éstos las incluyan en sus programas electorales. Una batería de 15 reclamaciones que los empresarios justifican como necesarias para mejorar la competitividad, pero que en el fondo son sus anhelos de siempre: más flexibilidad del mercado laboral, esto es, despido más barato, rebajas salariales y reducción de cotizaciones sociales.
A pesar de la reforma laboral de Rajoy

La CEOE, que dirige Juan Rosell, prepara un documento que hará llegar a los partidos políticos con las reformas que proponen y que son su particular ‘programa electoral’ de cara a las próximas generales, según adelanta ABC. Aun después de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular, que ha abaratado el despido y desarticulado el sistema de protección de los trabajadores, la patronal reclama mayores dosis de flexibilidad laboral.


Flexibilidad en todo y privatizar servicios sanitarios

Lo justifican como necesarias para “la creación de empleo”, pero no son más que sus propuestas de siempre. Quieren más “flexibilidad” a la entrada y la salida de las contrataciones, lo que implica más abaratamiento de los despidos. Sugieren, además, más “flexibilidad” en los salarios y las jornadas laborales. En este apartado piden que se potencia la parte variable de los sueldos.

La patronal pide que se rebajen las cotizaciones sociales, quieren que se busquen fórmulas alternativas que permitan a los empresarios pagar menos por las contrataciones porque, según argumentan, esto es uno de los factores que restan competitividad a las empresas españolas.

Los empresarios proponen dar más pasos en la privatización del sistema público sanitario y que se aplique las reforma de la administración, que impida duplicidades y reduzca organismos y empresas públicas ineficientes.

Fuente: http://www.elplural.com/2015/08/03/la-patronal-insaciable-pide-mas-flexibilidad-en-los-despidos-y-los-salarios/