domingo, 16 de agosto de 2015

El PP NO descarta una subida de las tasas judiciales para ONG, pymes y empresas. Lo dice el Ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.  EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.

Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible "a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente".

"A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan –explica el titular de Justicia–. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales".

Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al 100% la Justicia, "más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos".

"Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas", añadió.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. "Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales", insistió.

jueves, 13 de agosto de 2015

Mulet: “El TTIP acabará con todas las D.O. y marcas de calidad de productos valencianos”

El Senador por Compromís, Carles Mulet, ha continuado con la batería de preguntas dirigidas desde el Senado al Gobierno, para alertar sobre los efectos letales del tratado trasatlántico de libre comercio e inversiones (TTIP), sobre el sector agropecuario valenciano, al poder eliminar las “indicaciones geográficas”, marcas y denominaciones de origen protegidas por la legislación comunitaria.

Según ha explicado Mulet “aceptar el TTIP sería aceptar las reglas de juego de EEUU, quien exige la eliminación de las Denominaciones de Origen Protegidas y las Indicaciones Geográficas Protegidas, o sea, que se permita a las grandes corporaciones norteamericanas por ejemplo, producir vino “ de la Rioja” o de cualquiera de las Denominaciones de origen o marcas de calidad del País Valencià, arroz DO de València, Xufa de Valencia, tomate de colgar de Alcalá, aceité DO de Valencia, Kaki que la Ribera del Xúquer , Alcachofa de Benicarló, cítricos valencianos (IGP) , Turrón de Alicante y de Xixona, o uva embolsada del VInalopó, por ejemplo”, producción que no se haría en nuestro territorio, sino que serían simple etiquetas de calidad que se podrían poner a productos norteamericanos, cultivados en América, que evidentemente no corresponden a calidades y origen valenciano, y que reventarían nuestro mercado.

EEUU permite en la actualidad a sus productores utilizar nuestras denominaciones, y así se produce un comercio engañoso con los consumidores, y deja a nuestros sectores desprotegidos, ya que hasta ahora podía competir y abrir mercado precisamente gracias a la especificad del producto, a la pequeña escala, pero si otros, desde la industrialización severa, la eliminación de controles de calidad, la producción en masa, pueden vender engañosamente su producto al mismo nivel que el nuestro, se acabó el mercado.

Mulet ha preguntado desde el Senado al Gobierno que, si habiéndose conocido que las denominaciones de origen son consideradas barreras no arancelarias a eliminar por los negociadores de EEUU. ¿Va a permitir el gobierno que la Comisión Europea ponga en peligro el futuro de todos aquellos cuya subsistencia depende de las denominaciones de origen? ¿Va a permitir que toda la producción agroalimentaria se comodifique, cuando se ha estado impulsando desde la Administración durante años el uso de la denominación de origen para evitar la comodificación?

"Comodificación", se entiende como la mercantilización indiscriminada que nos impone el TTIP, y la nueva generación de tratados de comercio e inversiones internacionales, provocará que se traten todos los productos de forma genérica perdiendo todas las características propias del mismo. Por ejemplo, si el turrón de Xixona deja de tener la marca de calidad que le da la denominación de Origen (D. O.) deberá disminuir costes (salarios, calidad de materias primas utilizadas....) para competir con otros productos indiferenciados como el trigo, el arroz... en los que no podemos competir.

En definitiva, la pérdida de la (D. O.) afectará negativamente a la economía artesanal y local, incluso a las tradiciones y la cultura.

martes, 11 de agosto de 2015

Municipios en resistencia frente al TTIP




Durante el mes de julio, en diferentes municipios españoles se han presentado propuestas o mociones, por parte de diferentes grupos y partidos, en contra del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea (TTIP).

Algunos de ellos, como por ejemplo el municipio de Conil, en Cádiz, el de Arnedo, en la Rioja, el de Aranda de Duero, en Burgos, el de Aldaia y el de Xirivella en Valencia, ya se han declarado contrarios al tratado y "a favor de servicios públicos básicos, por la solidaridad y la redistribución social, a favor del medio ambiente y la salud" y se espera que se extienda a otros muchos.Entre los argumentos presentados en los plenos municipales, y que van tomando fuerza están:

* El hecho de que "el TTIP al igual que otros tratados comerciales cuestione el libre desarrollo de los servicios y prestaciones públicas de acuerdo con criterios de justicia social y solidaridad, en lugar de lucro ecónomico por parte de las multinacionales y poderes económico-financieros"

* "La pérdida de derechos laborales como la libertad sindical o el derecho a la negociación colectiva y el riesgo a la permanencia de servicios públicos, como educación, sanidad o pensiones"

* Se considera que el tratado mejorará los beneficios de las grandes empresas y corporaciones transnacionales, apropiándose poco a poco del poder político y judicial

* "Recorte para los ciudadanos", que según Izquierda Unida "podrían perder derechos sociales, mientras que las grandes multinacionales tendrán poder para decidir en asuntos de gran calado, con medidas como potenciar los transgénicos, apostar por la agroindustria amenazando la biodiversidad, la privatización de la gestión de residuos, el control sobre los datos privados de las empresas y el refuerzo de patentes de productos farmacéuticos en lugar de potenciar los genéricos, entre otras"

* "No queremos que nuestros carros de la compra se llenen de productos transgénicos y carnes hormonadas que son cancerígenos a la larga, defendemos nuestra denominación de origen Ribera del Duero, amenazada por este tratado que la convertiria en una marca genérica mas"

Otro de los argumentos que tiene gran peso es el oscurantismo y opacidad en las negociaciones, ya que "La Unión Europea y Estados Unidos, a las espaldas de la población y de forma opaca, están negociando un tratado de libre comercio con tal oscurantismo que ni tan siquiera los eurodiputados, a los cuales les ampara el Tratado de Lisboa en el que se establece que tienen derecho a conocer los tratados y a recibir toda la información sobre las negociaciones que se den dentro de la Unión Europea, tienen libre acceso al documento". 

Frente a ello, en estos momentos Bruselas acelera las negociaciones del TTIP y busca avanzar en "todo" con Obama en la Casa Blanca, http://www.eldiario.es/economia/Bruselas-viable-acuerdo-administracion-Obama_0_416458921.html

lunes, 10 de agosto de 2015

El recorte de las pensiones se acelerará tras 2015: se multiplicará por cinco tras las elecciones


Estas son las medidas que afectan a las pensiones plasmadas en el Programa de Estabilidad para los años 2014-2017 remitido a Bruselas con el que el Gobierno prevé reducir su déficit público.

La ministra de trabajo, Fátima Báñez, presenta la reforma de las pensionesLa carga del recorte se acelerará tras las próximas elecciones. En lo que resta de legislatura, el recorte sumará 2.400 millones de euros, un 7% del total, frente al 45% que se recortará tras las próximas elecciones. El año posterior a las elecciones, el recorte duplicará al de la cita electoral.

El recorte de las pensiones presentado por el Gobierno no es lineal: reserva el grueso de los ahorros para después de las elecciones de 2015, según revelan los cálculos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A partir de esa fecha, la intensidad de los recortes se duplicará. El diseño deja sombras de intencionalidad política entre la oposición. El Ejecutivo justifica ese esquema en una cuestión económica: la hucha de las pensiones se agota en 2025.

La cuenta atrás política: elecciones en 2015

El esquema diseñado por el ministerio de Trabajo reduce los recortes a 2.400 millones de euros (un 7% del total) durante los próximos dos años con los que, teóricamente, se agota la legislatura. Así, el primer año la mengua para los pensionistas sería de 809 millones y de 1.639 el segundo, hasta sumar un recorte acumulado de 2.449 millones en total.

Sin embargo, a partir de 2016, es decir, tras la teórica cita con las urnas si el Ejecutivo apura su mandato, los recortes a los pensionistas se acelerarán de manera considerable. 2016 registrará recortes iguales a los dos años previos a las elecciones y el ritmo se acelerará hasta sumar 15.100 millones en la próxima legislatura y una cantidad similar de 15.390 en la siguiente, un 46% y un 47% respectivamente.


En total, el recorte sumará 17.549 millones en sus seis primeros años y 32.939 en la década para los que está previsto el nuevo sistema. Si el sistema fuera lineal, el recorte para 2014 debería ser del triple de lo previsto y del doble de lo anunciado para 2015.

El calendario económico: la hucha se agotará en 2025

El Ejecutivo justifica el ritmo y el tamaño de los recortes en otra cuenta atrás: la que vive el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es decir, la "hucha" de las pensiones. Según los cálculos de la Seguridad Social, la baja natalidad y el envejecimiento de la población dispararán la tasa de dependencia del 26,1% en 2012 al 45,2% en 2032. El Ejecutivo estima que en el año 2030, la esperanza de vida de los españoles será superior a la actual. 

Como consecuencia de ello, el Gobierno considera que el recurso al Fondo de Reserva irá aumentando hasta drenarlo totalmente en el año 2025 por lo que defiende una solución de incrementos graduales de los recortes a lo largo de la próxima década. La oposición asegura que, precisamente, el colchón hasta 2025 permite dibujar una solución menos drástica que la planteada por el Ejecutivo.


El factor inesperado: la caída de las nóminas

Las dos interpretaciones política y económica, sin embargo, sólo alcanzan hasta el medio plazo. A largo plazo, en las décadas siguientes, las pensiones sufrirán una rebaja natural como consecuencia de un factor inesperado que no está siendo incorporado a ninguno de los cálculos del Pacto de Toledo: la devaluación interna a la que se está sometiendo a las nóminas. La caída de los salarios y, por tanto, de las cotizaciones tendrá también como resultado una devaluación de las pensiones. Los sueldos han caído en España un 7% desde que comenzó la crisis, según los datos remitidos por el Ejecutivo a la UE. Eso significa que las pensiones a las que dan derecho esas contribuciones también caerán en las próximas décadas a medida que los actuales cotizantes se jubilen con menores rentas.

domingo, 9 de agosto de 2015

Y ya van 21…..la portuguesa Cavalum demanda a España ante el Ciadi por el ‘hachazo’ a las renovables



Planta fotovoltaica de La Roda. FOTO: Cavalum
La compañía portuguesa Cavalum ha presentado una demanda de arbitraje ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra España, que suma 17 procesos abiertos por cuestiones renovables.


Según figura en la página web del Ciadi, el organismo del Banco Mundial dedicado a la resolución de controversias entre inversores y países, la demanda ha sido registrada hoy, por lo que todavía no se ha elegido tribunal.

Cavalum es una empresa portuguesa especializada en energías renovables, que cuenta en España con once plantas fotovoltaicas, tres termosolares, una biomasa y una eólica.


La compañía cuenta con el asesoramiento legal del bufete King & Spalding, tanto desde su sede en París como de Houston (EEUU).


España es actualmente el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina, ya que suma 18 demandas -17 renovables y una por cuestiones inmobiliarias-.

Las demandas de arbitraje contra España por motivos renovables han llegado progresivamente desde noviembre de 2013, presentadas por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS y JGC Corporation, a los que se suma ahora Cavalum.

Además, también cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías.

Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, causó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos.

Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.