Podemos se opone a que la ley encubra a los grandes defraudadores fiscales

La senadora de Podemos Maribel Mora presenta una propuesta de veto en el Senado al proyecto de ley, impulsado por el Gobierno del PP, que permitirá a los condenados por delito fiscal pagar para evitar la publicación de sus datos en las sentencias que les atañen.

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“Sin cumplir la demanda social y amnistiando a quienes tienen capacidad de pagar su anonimato, esta medida no es más que maquillaje para tapar un problema mayor: la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude”, asegura la senadora.

Maribel Mora, senadora de Podemos, ha registrado en el Senado una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, por insuficiente y al considerar que beneficiará a los condenados por delito fiscal al permitir, previo pago, la ocultación de sus datos. Para la senadora, esta ley generará una situación de desigualdad y una nueva ’amnistía’ del Gobierno del PP a los grandes defraudadores al permitir que no se publiquen sus datos.

“¿Cómo puede sostenerse que dicha necesidad de transparencia no afecte a defraudadores fiscales que tengan dinero suficiente para ’pagar’ por la no aplicación de esta norma pese a la trascendencia social de su conducta totalmente insolidaria?”, se pregunta la senadora de Podemos. Este proyecto es, además, “incoherente” con las motivaciones de la propia ley, tal y como recoge el voto particular del magistrado del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta Martínez, al no incluir los delitos contra la seguridad social, que son delitos regulados en el mismo título del Código penal.

Mora también recuerda que este proyecto tiene un carácter claramente electoralista y trata de dar respuesta a la polémica de la opacidad de la lista de amnistiados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Sin cumplir la demanda social y amnistiando a quienes tienen capacidad de pagar su anonimato, esta medida no es más que maquillaje para tapar un problema mayor: la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude”, asegura la senadora. En este sentido, el texto presentado por Mora insiste en que el proyecto de ley genera desigualdad porque no lucha contra los defraudadores ni está destinada a atajar los grandes fraudes fiscales.

“Es del todo inaceptable que un problema de calado, que tiene tal repercusión en el sostenimiento del Estado y la igualdad, sea cerrado en falso con una ley poco eficiente, carente de consenso, y que muestra debilidades fundamentales para cumplir los objetivos que dice proponerse en materia de prevención de fraude, publicidad judicial, transparencia y eficacia”, concluye Mora.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article90851

La negociación del TTIP plantea riesgos jurídicos, sociales y económicos

Joaquim Bosch Portavoz de Jueces para la Democracia. Escribe en MUNDIARIO.

Jueces para la Democracia quiere hacer un pronunciamiento contrario a la promulgación del TTIP en los términos y en la forma que se está negociando, subraya este portavoz.

El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), o como más usualmente es conocido en inglés con el nombre de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), cuyos orígenes lo podemos encontrar en el año 1990, en febrero de 2013 se materializó con el anuncio de lanzar acciones orientadas para iniciar negociaciones. A pesar de las declaraciones públicas en sentido contrario, estas negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada y en secreto. El tratado tiene como objetivo declarado “eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios”. Todo esto en realidad significa, tal como ha sido denunciado por numerosas organizaciones, regular aspectos relacionados con los estándares técnicos de productos en el mercado, la ausencia de sanciones contra los abusos en aras al “desarrollo sostenible”, la privatización de servicios públicos o la pérdida de confidencialidad de los datos personales.

Pero, desde la perspectiva de la soberanía de los Estados en materia de Justicia, debemos prestar atención en la previsión de creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (Investor State Dispute Settlement, ISDS, por sus siglas en inglés), mediante el cual las empresas pueden emprender acciones legales contra gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras, o sus intereses comerciales han sido perjudicados. Éste es un tribunal privado, formado por tres abogados designados por firmas internacionales de reconocido prestigio, y cuya decisión no será susceptible de ser impugnada ante ninguna otra instancia jurisdiccional.

Cabría hacer un análisis profundo sobre los problemas que generarán respecto de los derechos laborales básicos, y que fundamentalmente vendrían dados por las desigualdades normativas en materia laboral entre los EEUU y la UE, fruto de culturas jurídicas absolutamente distintas. Esto provoca el denominado dumping social, es decir, el enriquecimiento empresarial a costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de los derechos de los trabajadores bajo el falso alegato de ser más competitivos en el mercado exterior. El establecimiento de un tribunal de estas características y con esa composición, viene a ser un torpedo bajo la línea de flotación del concepto clásico de jurisdicción, entendida ésta como función estatal y como órgano que ejerce un poder reservado al Estado.

Los términos en los que se concibe el ISDS, pueden tener efectos en la actividad de instituciones (o poderes) del Estado, como el legislativo y ejecutivo, puesto que  el momento que se le puede obligar a compensar a las compañías cuando vean restringidas sus ganancias o perjudicados sus intereses comerciales, provoca que las legislaciones nacionales se deban ajustar a este nuevo paradigma. Además, las decisiones de ese tribunal arbitral pueden suponer la vulneración del principio básico de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados. Esta situación puede llegar a condicionar la respuesta de los tribunales de justicia a las ganancias o intereses comerciales derivados de las fórmulas de compensación a las compañías inversoras que se pueda prever en el tratado, y en su caso implicar la responsabilidad del Estado por las decisiones de sus tribunales.

Es por ello que Jueces para la Democracia quiere hacer un pronunciamiento contrario a la promulgación de ese tratado en los términos y en la forma que se está negociando, exigiendo una absoluta transparencia de su contenido, una participación efectiva de los ciudadanos en su elaboración, y en todo caso el mantenimiento y protección de la soberanía de los Estados en ámbitos tan sensibles como la independencia del poder judicial.

Fuente: http://www.mundiario.com/articulo/economia/negociacion-ttip-plantea-riesgos-juridicos-sociales-y-economicos/20150616130952030991.html

El Gobierno ocultó al Congreso la Denuncia Energética de Bruselas

El Grupo Parlamentario Socialista, representado en la Comisión por el Diputado Jose Segura Clavell, ha denunciado que el Gobierno ha ocultado al Congreso de los Diputados la denuncia remitida por Bruselas en la que se denuncia la falta de transposición de las Directivas Europeas en materia Energética.

La intervención del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal Belda, ha servido para destapar una denuncia de la Comisión Europea remitida al Ministro de Asuntos Exteriores, en la cual se amonesta al gobierno de España por su negligencia en relación a las transposiciones de las directivas europeas en materia energética.

El grupo parlamentario socialista ha mostrado el documento de 22 páginas que ha estado escondido y no presentado en las Cortes Generales desde el pasado mes de febrero.

A los señores del PP parece ser que es un tema que les hace mucha gracia. 

El vídeo lo dice todo.

Catalunya Sí que es Pot ficha a Vicenç Navarro y a la socialista Marina Subirats

La candidatura de izquierdas en Cataluña formada por ICV, EUiA, Podemos y Equo, Catalunya Sí que es Pot, ha anunciado este sábado las dos personas que cerrarán las listas en Barcelona. Se trata de dos fichajes mediáticos: el economista y catedrático de ciencia política Vicenç Navarro, politólogo  con una prolífica bibliografía; y la ex regidora del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Marina Subirats.

Los dos no tienen posibilidades reales de acabar en el Parlamento catalán tras las elecciones del 27S, pero dan un empuje a la lista de Barcelona al ser dos personajes muy conocidos en la sociedad catalana.

Su colaboración con la candidatura no se limitará a la papeleta. Navarro y Subirats se han comprometido a trabajar con Catalunya Sí que es Pot en elaborar el programa electoral. 

Fuente: http://www.cronicaglobal.com/es/notices/2015/08/catalunya-si-que-es-pot-ficha-a-vicenc-navarro-y-a-la-socialista-marina-subirats-23696.php

¿Éste era el déficit oculto? La UE multa a España con 19 millones por el maquillaje del PP en las cuentas valencianas

El Gobierno de Mariano Rajoy justificó los ajustes al llegar al poder diciendo que habían encontrado un déficit superior al esperado y Bruselas ratifica que lo hubo manipulación... por parte de autonomías 'populares'

La UE ha impuesto hoy una multa a España de 18,93 millones de euros por la manipulación de las estadísticas sobre el déficit en la Comunidad Autónoma de Valencia en el período 2011-2012, lo que abarca tanto el final de la presidencia de Francisco Camps como el inicio de su sucesor, el también popular Alberto Fabra. El expediente de Bruselas se abrió en julio de 2014 y la multa ya se había anunciado, pero se ha concretado hoy en el Consejo de la Unión Europea con un comunicado en el que se achaca la sanción “a la falta de registro del gasto de salud y al incumplimiento del principio de devengo por la oficina regional”. Se trata de la primera ocasión en la que la UE impone una multa por manipulación del déficit a partir de una normativa aprobada en 2011 para aumentar la vigilancia fiscal.

Ajuste excepcional en Madrid y algo más en Valencia
Las irregularidades fueron notificadas por las propias autoridades españolas a Eurostat en 2012 a partir de facturas sin notificar en Madrid y Valencia, ambas bajo gobiernos populares, lo que llevó a España a elevar en un 0,4 % del PIB su déficit correspondiente a 2011. Eurostat realizó entonces varias visitas técnicas a España para determinar la naturaleza del problema, en las que concluyó que el caso de Madrid “podía ser considerado como un ajuste excepcional”, mientras que en el de Valencia, por el contrario, “había razones para preocuparse”, explicó en julio de 2014 la CE.

El déficit oculto de sus propias comunidades justificó los ajustes
El asunto tiene una trascendencia económica por el impacto de la sanción y otro de credibilidad para España, y es significativo que se plasme la multa apenas unas horas antes de que el ministro Luis de Guindos fuera derrotado en su aspiración de presidir el Eurogrupo. Y tiene además otra lectura política, y es que el Gobierno formado por Mariano Rajoy en diciembre de 2011 inició inmediatamente una campaña para hablar de “déficit oculto” dejado por el Gobierno socialista con la que justificar así los recortes y las subidas de impuestos que se habían comprometido a no acometer y que pusieron en marcha desde el inicio de la legislatura. Por ejemplo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría justificó la subida del IRPF y del IVA asegurando que se habían encontrado un déficit superior al esperado. Entre los técnicos de Bruselas fiscalizando las cuentas del PP en Madrid y Valencia para conocer hasta dónde llegaron las desviaciones del déficit y las presiones de los mercados para que España solicitara el rescate financiero, la prima de riesgo se disparó a niveles históricos en el verano de 2012 bajo el Gobierno de Rajoy.

Fuente: http://www.elplural.com/2015/07/13/este-era-el-deficit-oculto-la-ue-multa-a-espana-con-19-millones-por-el-maquillaje-del-pp-en-las-cuentas-valencianas/